La UNEF destaca a Badajoz y Cáceres entre las cinco mayores provincias fotovoltaicas, pese al nuevo parón del 2014

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Extremadura sigue siendo una de las grandes protagonistas del mercado fotovoltaico español según los datos de la nueva memoria de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) que se ha presentado en Madrid con datos globales del 2014. La provincia de Badajoz sigue siendo la segunda de España, tras Murcia, en potencia acumulada fotovoltaica, mientras que Cáceres sigue también como la quinta a nivel nacional.

Extremadura vuelve a ser la región española donde la producción fotovoltaica propia cubre más mercado de la demanda regional, en torno al 25%. En el caso extremeño, el año 2011 fue especialmente bueno, pero las inversiones y nuevos proyectos se frenaron en seco en el 2012, para reactivarse levemente en el 2013 y volver a la inactividad de nuevos megawatios instalados en el 2014.

Sin embargo, los años del boom fotovoltaico han desaparecido en la región, como en muchos otros lugares, y durante el pasado 2014 no se instalaron nuevos megawatios. A nivel nacional, solo ha habido 22 nuevos megawatios, insignificantes si se comparan con los 40.000 instalados en todo el mundo.

Un dato positivo es que de los 22MW instalados el año pasado en España, la mayoría (más de 17MW) corresponden a proyectos de autoconsumo o aislados de la red. Casi todos corresponden a proyectos agrarios o relacionados con regadío.

La situación del sector tiene mucho que ver con las reformas emprendidas durante los últimos años por el Ministerio de Industria y Energía. Para los responsables de la UNEF, Las reformas del Gobierno no han garantizado una “rentabilidad razonable” como auguraban, y mantienen la inseguridad jurídica. “Los más de 1400 “costes estándar” establecidos no están correctamente calculados y continúan modificándose a día de hoy”.

El informe pone de manifiesto que las reformas emprendidas por el Gobierno con el cambio retroactivo del sistema de primas al de “costes estándares” no está garantizando la rentabilidad de las inversiones, como aseguraba, y está desincentivando la productividad de las instalaciones.

La Ley 24/2013 puesta en marcha cambiaba con aplicación retroactiva las condiciones establecidas en las anteriores normativas bajo las cuales se realizaron las inversiones actuales en energía fotovoltaica. El Gobierno justificó unos recortes que alcanzaban hasta el 55% menos de ingresos de los previstos para los productores fotovoltaicos, con una supuesta garantía de “rentabilidad razonable” del 7.5% para los inversores.

Para la UNEF, que agrupa a las empresas más importantes del sector fotovoltaico, “el cierre de empresas registrado el año pasado en España, la pérdida de 2.500 puestos de trabajo y la reducción de la producción fotovoltaica, demuestran la ineficacia de la política energética del Gobierno y, en concreto, de gestión de las energías renovables y la fotovoltaica en particular. Unos cambios retroactivos que han supuesto una ruptura de seguridad jurídica que ha situado a España en el país más demandado de Europa ante el CIADI y con más de 400 recursos abiertos en los tribunales nacionales”.

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