Alfonso Gallardo se mantiene como administrador único de la Sociedad Desarrollo Energías Limpias que quiso promover proyectos fotovoltaicos y eólicos

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El mayor empresario de Extremadura, Alfonso Gallado Díaz, ha ido abandonando paulatinamente sus responsabilidades societarias en el Grupo AG desde finales del 2014 para dejar paso en el día a día de la empresa a su número dos, Francisco Javier Sánchez. Y también en sus cargos en el registro mercantil. Así ha ocurrido en las grandes empresas del grupo como la Siderurgia Balboa, Corrugados Azpeitia, Corrugados Laso, Corrugados Getafe, Ferromallas, Galvacolor o Eusebio Calvo.

Sin embargo, llama la atención que el empresario acaba de ser ratificado en mayo como administrador único en la empresa Sociedad Desarrollo Energías Limpias S.L., con sede en su Jerez de los Caballeros natal.

Esta empresa fue creada por el empresario jerezano en septiembre del 2006 para abrir el que debería ser uno de los mayores parques fotovoltaicos de Europa, el de la Finca Corchito de Jerez de los Caballeros con una potencia de 25,2 Mw y más de 250 paneles individuales. La inversión prevista en su día en la autorización ambiental superaba los 50 millones de euros. La empresa también tenía prevista la apertura de una planta de ensamblaje de placas solares en Villafranca de los Barros para aprovechar el boom de la energía solar en el sur español.

El grupo Alfonso Gallardo mantiene actualmente en su entramado societario la empresa AG Energías Renovables abierta en 2007 que además del proyecto fotovoltaico en unión con la Sociedad Desarrollo Energías Limpias también apostó por abrir un parque eólico en Los Santos de Maimona.

El Grupo Alfonso Gallardo firmó hace unos meses un acuerdo de refinanciación con la banca acreedora mayoritaria y la firma de capital riesgo Kohlberg Kravis Roberts (KKR) mediante su fondo líder en situaciones especiales.

El Grupo desprendió de dos de sus activos no siderúrgicos, Cementos Balboa, en Alconera (Badajoz) y Papresa, en Rentería (Guipúzcoa), y redujo su deuda en alrededor de 500 millones de euros, quedando un crédito preferente de 123 millones a pagar en 6 años y una deuda subordinada, incluida la provisión de liquidez aportada por los bancos, de entorno a 200 millones a amortizar entre siete y diez años.

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