Mes: marzo 2014
Extremadura queda fuera del reparto español de cuotas de producción de biodiésel
Con sus dos plantas de producción de biocombustibles paradas -la de Valdetorres y la de Los Santos de Maimona-, Extremadura cada vez ve más lejana la viabilidad de producir biocarburantes en su territorio. Y más después de conocerse esta misma semana que ha sido una de las regiones españolas que ha quedado fuera del reparto de las cuotas de producción asignadas para sus plantas.
Andalucía ha obtenido un 33% de la cuota de producción de biodiésel (1.049.000 toneladas anuales) de España para los próximos dos años, lo que la convierte en la región con mayor cuota asignada a nivel nacional y europeo. En cuota de producción, Andalucía es seguida de Valencia, con el 23%, y Galicia con el 11%.
A partir del 5 de mayo de 2014 y hasta el 4 de mayo de 2016 (aunque es ampliable por dos años más) los operadores deberán adquirir el biodiésel a una de las plantas con cuota asignada si quieren que les sea computado para el cumplimiento de los objetivos de biodiésel impuestos por el Gobierno español.
Las fábricas españolas han obtenido el 63% de la cuota total frente al 37% de las fábricas ubicadas en territorio comunitario.
La cantidad total asignada asciende a 5.018.473 de toneladas anuales de biodiésel. De esta cantidad, la correspondiente a España es 3.173.600 toneladas, que se distribuyen en 23 plantas ubicadas en Andalucía, Valencia, Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia, Castilla y León, Castilla la Mancha, Navarra, Aragón, Cataluña y Asturias.
El Gobierno de España modificó en febrero de 2013 los objetivos de introducción de biocarburantes y de biodiésel en el transporte, de manera que la cantidad de este combustible necesaria para cubrir los objetivos mínimos ha pasado del 7% al 4,1%.
Foto: Interior de una planta de biodiesel en Stockton, CA (EEUU)
La Junta de Extremadura presentará su quinto recurso ante el Tribunal Constitucional desde septiembre del 2011 por los cambios legales en las renovables
Si el Consejo Consultivo da su opinión favorable, como ha hecho en anteriores ocasiones, la Junta de Extremadura acudirá por quinta vez desde septiembre del 2011 ante el Tribunal Constitucional en Madrid, en este caso para presentar un recurso contra el Real decreto-ley 9/2013 que tomaba distintas medidas para conseguir la reducción del déficit de tarifa a costa de reducir aún más los ingresos previstos para las energías renovables además de cambiar su régimen jurídico sin respetar sus derechos adquiridos.
La Junta ya ha presentado otros recursos por decretos similares en septiembre del 2011, octubre del 2012, y abril y julio de 2013.
Extremadura es una de las regiones españoles que más se juega financieramente con las medidas adoptadas por el Ministerio de Industria, al ser la segunda comunidad con más plantas termosolares operativas y en estudio, y disponer también de un importante número de plantas fotovoltaicas.
Además, los nuevos reales decretos de Industria están dificultando seriamente la atracción de inversores internacionales para los proyectos fotovolaticos a gran escala que había sobre la mesa, la mayoría con capital y socios alemanes.
La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Cristina Teniente, asegura que la Junta considera que se vulneran los artículos 9.1, 9.3 y 86 de la Constitución. Los dos primeros hacen referencia al principio de seguridad jurídica, según el cual no se puede vulnerar derechos consolidados; y el segundo a la utilización del decreto-ley para la aprobación de la reforma.
El Gobierno de Extremadura, manifestó Teniente, “es consciente de la necesidad y obligación por parte del Ejecutivo Nacional de atajar el problema del déficit tarifario para poder garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico español y comparte el objetivo de adoptar medidas en esa dirección”, si bien, dijo, “no estamos de acuerdo en la manera en que se está haciendo”
“Lo que está ocurriendo con la normativa eléctrica –agregó- puede generar una grave repercusión económica con inversiones ya existentes en el sector eléctrico y puede perjudicar inversiones futuras”.
Por ese motivo, se ha decidido presentar este nuevo recurso después de que no haya habido acuerdo en la comisión bilateral creada por ambas administraciones para estudiar la controversia.
La reforma eléctrica castiga las cuentas de Acciona que pierde 1.972 millones de euros en 2013 tras el deterioro de sus activos renovables
El grupo Acciona, que cuenta con varias plantas termosolares en Extremadura y una planta de biomasa en Miajadas (Cáceres), ha sido uno de los más perjudicados en su cuenta de resultados por las medidas anunciadas por el Ministerio de Industria.
El grupo que controla la familia Entrecanales, cerró el año pasado con unas pérdidas de 1.972 millones de euros, frente a los 189,4 millones que ganó en 2012.
Básicamente, estas pérdidas tienen que ver con el deterioro en libros de sus activos renovables, una vez aprobadas distintas medidas regulatorias que reducen las primas a cobrar así como los cambios en sus mecanismos de cobro por parte del Ministerio de Industria.
Estos efectos directos de los cambios legislativos en materia de renovables alcanzan los 257 millones de euros en las cuentas del grupo mientras que el deterioro del valor de sus activos alcanza los 1.675 millones de euros, según los datos aportados por la propia empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Acciona ha sido desde el principio una de las compañías más expuestas en sus cuentas a las modificaciones en materia de renovables, ya que dispone de cerca de 6.000 MW gestionados en España, a los que se suman otros 2.480 Mw fuera de nuestro país.
Las ventas totales de Acciona se redujeron un 5,8%, hasta los 6.607 millones de euros, y el resultado bruto de explotación (ebitda) cayó el 14,1% y sumó 1.228 millones de euros. Esta situación provocó también un fuerte parón en las inversiones del grupo, sobre todo en España, al reducirse un 55% en relación al ejercicio anterior.
La división de Energía, en la que se engloban los activos termosolares y de biomasa de Acciona en Extremadura, situó su cifra de negocio en los 2.120 millones pero su beneficio cayó un 95,9% por el impacto de las medidas aprobadas por el Gobierno hasta los 6,7 millones de euros.
También cayó el negocio de la división de Infraestructuras del grupo, mientras crecieron la de Agua y la de Servicios.
Foto: Planta de Biomasa de Acciona en Miajadas (Cáceres)
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