El ministro Soria cortocircuita los planes inversores y fiscales del Gobierno de Extremadura en el sector eléctrico

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El ministro de Industria, Turismo y Energía, el canario José Manuel Soria, se ha convertido en un dolor de cabeza inesperado para los planes de inversión e ingresos fiscales del Gobierno extremeño y su presidente a la cabeza, José Antonio Monago.

Si primero fue la moratoria sine die a las primas de los proyectos renovables, que dejó en el camino inversiones millonarias y cientos de proyectos en la región, más tarde ha sido la negativa a cargar a las eléctricas la denominada ecotasa que la Asamblea de Extremadura aprobó el 21 de junio para ingresar unos 20 millones de euros adicionales -hasta un total recaudado de 90 millones anuales- y tenerlo que hacer por ley contra el bolsillo de los clientes.

Una subida que se uniría a la aplicada en los últimos meses y que puede no ser la última del año, según los propios responsables de Industria. El canon fijado para las eléctricas era de 0,005 euros por kilovatio producido al que se añadirían 700 euros por kilometro de tendido. Está por ver la fecha de aplicación efectiva del recargo, que podría demorarse hasta el 2013.

El consejero de Economía de Extremadura, Antonio Fernández, ha manifestado que el ejecutivo regional está en desacuerdo con el Gobierno español “en el fondo y en la forma” por la obligación de cargar estos impuestos regionales a los clientes y por no haberlo consensuado con las comunidades autónomas.

Aunque la medida más negativa para la región sería la pretensión del Gobierno central de crear un impuesto sobre la generación eléctrica tanto de plantas ordinarias (nucleares, hidroeléctricas, ciclo combinado) como del régimen especial (fotovoltaica, termosolar, eólica, biomasa).

Esta tasa a la generación -que iría del 4 al 19% según el tipo de energía- sería un torpedo a la línea de flotación de los grandes proyectos fotovoltaicos sin primas anunciados semanas atrás por el gobierno regional y que actualmente están buscando financiación entre grandes bancos y fondos de inversión internacionales.

De aprobarse estas tasas a la generación en las cifras adelantadas, el retorno de la inversión en esos proyectos que ya nacen sin prima se vería muy comprometido, como ha reconocido la propia Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Estas tasas también serían un varapalo para los proyectos termosolares en construcción y futuros –de grandes grupos como Abengoa, Acciona, ACS o Ibereólica– y también para los de biomasa forestal y agraria en proyecto, alguno de ellos muy avanzados.

Por lo pronto, el Gobierno regional quiere aplazar la aplicación de la ecotasa hasta conocer el punto de vista del Tribunal Constitucional, para no cargar con una nueva subida de la luz a los contribuyentes. La negativa a que sean las eléctricas las que paguen la denominada ecotasa, que podría suponer hasta subidas del 10% en el recibido de la luz dependiendo del tipo de cliente, ha provocado también que el Gobierno de Extremadura acelere la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la decisión del Ministerio de Industria de imponer una moratoria a las primas de las renovables.

Según ha declarado el consejero de Agricultura, José Antonio Echávarri, del que depende la Dirección General de Energía, dicho recurso se presentará en septiembre tras evaluar los servicios jurídicos del Gobierno regional su viabilidad.

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