El Tribunal Supremo avala que las eléctricas no paguen solas el “bono social”, que tienen más de 110.000 clientes en Extremadura

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Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha declarado que no se puede obligar a las grandes empresas de generación de energía eléctrica a financiar el bono social como hasta ahora.

El bono social, que permite la congelación del precio de la luz para clientes con pensiones mínimas, familias numerosas, que cuenten con todos sus miembros en paro o que tengan una potencia contratada inferior a 3 Kilovatios, afecta en Extremadura en torno a 110.000 clientes eléctricos. De este total, en torno a 94.000 son clientes de Endesa e Iberdrola, las dos gran compañías que operan en el mercado extremeño. Esta última es la compañía con más clientes con bono social en la región.

La sentencia no pone en cuestión la existencia ni la utilidad de este bono social sino tan sólo su financiación al considerar el sistema actual vigente como “discriminatorio y no transparente”. Pese a los planes iniciales del año 2009 que cifraban en 11 millones de hogares los que se podrían acoger al bono social, la realidad es que sólo se han beneficiado de él en torno a 3 millones de hogares. La congelación del precio de la luz a este colectivo mediante el bono social tiene un coste económico de más de 300 millones de euros.

La gran mayoría de los clientes acogidos al bono social en Extremadura, en torno al 70%, ni tan siquiera tuvieron que reclamarlo a sus compañías porque al tener una potencia contratada inferior a 3 kilowatios entraban dentro del colectivo beneficiado de forma automática.

Con el actual modelo vigente el número de perceptores del bono social podría crecer de forma significativa en la región provocado por la fuerte subida del paro y del número de hogares que en los dos últimos años han visto como todos sus miembros se quedaban sin empleo.

Según la sentencia del Supremo, la financiación del llamado bono social no debe recaer sólo sobre las empresas de generación eléctrica sino sobre todos los sectores que intervienen en el sistema -generación, transporte y distribución- o incluso con cargo al presupuesto estatal al tratarse de una “ayuda social”. Uno de magistrados de la sala sí considera que el actual modelo no va ni contra el derecho comunitario ni contra la Constitución.

Ahora será la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la que evalúe el total de perceptores del bono social y su coste definitivo para aportar alternativas a su financiación.

Foto: Endesa

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