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Las críticas de la CNE avalan el recurso extremeño por la reforma energética ante el Constitucional
La Junta de Extremadura vuelve al Tribunal Constitucional -suma ya cinco ocasiones- para reclamar contra la actual legislación en materia energética.
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Antonio Echávarri, ha anunciado en la Asamblea de Extremadura que el Gobierno extremeño recurrirá el Real Decreto 9/2013, aprobado el pasado 12 de julio por el ministerio que dirige José Manuel Soria. Para el consejero extremeño, la reforma aprobada -cuyos detalles sobre la remuneración final de los proyectos no se conoce- afecta especialmente a las energías renovables más activas en la región (termosolar y fotovoltaica) así como también a la biomasa.
Para el consejero extremeño, la nueva legislación limita especialmente el desarrollo del autoconsumo y además crea “inseguridad jurídica” para los promotores de proyectos renovables.
La presentación de este recurso de inconstitucionalidad también está encima de la mesa de otras comunidades autónoma españolas como Andalucía y Navarra, donde el peso de la energía solar es muy importante.
Precisamente ha sido la propia Comisión Nacional de la Energía, que en próximas fechas dejará de existir como tal para integrarse en un único macrorregulador creado por el Gobierno, la que también acaba de criticar con dureza la nueva legislación.
En un reciente informe, la CNE asegura que crea “grandes incertidumbres” para las casi 60.000 instalaciones de renovables existentes. Según este organismo, la retribución a la inversión prevista podría alcanzar incluso valores negativos en algunos casos.
El Estado debe aún a las eléctricas 147 millones de euros por la paralización de la Central Nuclear de Valdecaballeros
La paralización de las obras de la Central Nuclear de Valdecaballeros en la primavera de 1984 tras la moratoria nuclear adoptada por el Gobierno de Felipe González, que también afectó a las centrales de Lemóniz (Vizcaya) y Trillo II en Guadalajara, todavía está pendiente de pago.
Con las 2.800 hectáreas de terreno que ocupaba el recinto de la Central, con sus dos reactores a más del 50% de construcción, abandonadas y sin uso, el Ministerio de Industria sigue pagando cada año el dinero acordado que sale de los recibos de la luz.
Según publica el recientemente publicado Anuario Energía de Extremadura 2013, en la actualidad, el Estado adeuda algo menos de 317 millones de euros a las eléctricas propietarias de las tres centrales. La que más debe aún es la de Lemóniz, hasta un total de 165 millones de euros, seguida de la pacense de Valdecaballeros por importe de 147 millones de euros mientras que la de Trillo II sólo adeuda 4,7 millones de euros.
Según una norma aprobada en el año 1994 y posteriormente modificada en 1997, “la compensación deberá ser plenamente satisfecha en un plazo máximo de veinticinco años, contados a partir del 20 de enero de 1995”. Es decir, antes del 20 de enero del 2020 las eléctricas deberán haber cobrado lo que el Estado les adeudó por paralizar las tres centrales nucleares.
Según la información del Anuario Energía de Extremadura 2013, el importe de la moratoria de Valdecaballeros era de 2.043 millones de euros mientras que la de Lemóniz superó los 2.273 millones de euros. En abril de 2006 entró en vigor un real decreto que fijó en el 0,33% el porcentaje de la tarifa eléctrica destinado cada año de forma específica a la moratoria nuclear.
Durante el pasado año 2012, la moratoria nuclear ha supuesto un desembolso de 53,52 millones de euros, de los 24,8 millones de euros corresponden a la central extremeña de Valdecaballeros.
Las empresas eléctricas afectadas por la morataria nuclear de Valdecaballeros habían invertido 202.000 millones de pesetas de la época en su construcción.
El Ayuntamiento de Valdecaballeros lleva reclamando sin éxito al Ministerio de Industria durante los últimos años la cesión al menos de 1.000 hectáreas de la antigua central nuclear para poder ofrecerlas a diversos proyectos energéticos y de ocio.
Desde 2007 ha visto pasar de largo un proyecto de central de ciclo combinado, una central hidroeléctrica y dos centrales termosolares de 49 Mw. Y antes incluso un megaparque de ocio espacial denominado Space Camp liderado por la empresa Proturex. Sólo una planta fotovoltaica de 11,50 Mw de Elecnor-Nexer se ha instalado en la zona.
Los responsables municipales calculan que la paralización de la central le ha supuesto una merma de más de 60 millones de euros en impuestos y tasas. Ya en el año 1979, el Ministerio de Industria de la UCD calculó que Valdecaballeros, a través de la Diputación de Badajoz, recibiría una compensación de 1.200 millones de pesetas de la época por albergar la Central. Ni ésta ni los otros llegaron nunca al pueblo.
Foto: Vista de la Central de Valdecaballeros abandonada. © Rincón de Actualidad.
Monago aboga por buscar una “adecuada retribución de las distintas actividades del sistema eléctrico sin contravenir la seguridad jurídica de las inversiones y su rentabilidad razonable”
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, aboga por la mejora y mantenimiento del potencial energético de Extremadura y por una “reforma del sector eléctrico que no se debe centrar únicamente en la resolución del déficit de tarifa, sino que debe ir más allá, de forma que defina un definitivo modelo energético para España, una verdadera planificación energética, estableciendo la prioridad en un suministro seguro de energías limpias al menor coste. El objetivo final es alcanzar nuestra autosuficiencia energética como país”.
Así lo asegura en un artículo de opinión que sirve de presentación del ANUARIO ENERGIA EXTREMADURA 2013 que acaba de editar el portal www.energiaextremadura.com y que ha tenido una excelente acogido en el sector profesional de la energía en Extremadura y amplio eco en los medios de comunicación regionales y nacionales especializados.
Para el presidente regional, “la resolución del déficit de tarifa no debe precipitar a España hacia alternativas no renovables que nos alejen de nuestros homólogos europeos. Hay que seguir apostando por las energías renovables tal y como marcan y nos obligan las directivas europeas y la Estrategia Europa 2020 en materia de clima y energía.
Todo pasa por buscar una adecuada retribución de las distintas actividades del sistema eléctrico español acorde a las condiciones económicas que en cada momento tenga el país, pero sin que ello suponga contravenir la seguridad jurídica de las inversiones realizadas, sean renovables o convencionales, su rentabilidad razonable y, por supuesto, la capacidad de devolución de la deuda”.
José Antonio Monago recuerda en el artículo que el ejecutivo regional que preside tiene presentados tres recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas normativas del ejecutivo nacional.
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