FOTOVOLTAICA
El 67% de los municipios de España bonifica el IBI para instalar autoconsumo fotovoltaico
El 67% de los municipios españoles cuenta con ordenanzas fiscales que bonifican el autoconsumo mediante reducciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Así lo refleja el informe Incentivos fiscales al autoconsumo, publicado por la Fundación Renovables con el apoyo de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Pese a ello, no todos los municipios establecen los mismos requisitos para acceder a las bonificaciones del IBI por la instalación de cubiertas fotovoltaicas. El 62% de los ayuntamientos que aplican esta bonificación imponen condiciones asumibles, mientras que el 32% exige requisitos más restrictivos, como limitar el beneficio exclusivamente al sector residencial. Por otro lado, el 6% de las ayudas se otorgan bajo condiciones muy restrictivas, lo que dificulta el acceso a las ventajas fiscales.
El documento —que se acompaña de una herramienta web para facilitar localizar estas bonificaciones al autoconsumo— analiza, por sexto año consecutivo, cómo los municipios de más de 10.000 habitantes fomentan el desarrollo del autoconsumo mediante rebajas fiscales. En estas localidades reside el 80% de la población española y se concentra el 97% de las empresas del país, por lo que representan, de forma bastante precisa, la fiscalidad vigente respecto al autoconsumo.
Además del IBI, la publicación analiza el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), dos tributos de competencia municipal con un gran potencial para incentivar el autoconsumo.
Los resultados revelan que el 65% de los ayuntamientos bonifican el ICIO si se realizan instalaciones de autoconsumo. En este caso, los requisitos son generalmente laxos, ya que el 91% de las ordenanzas que contemplan rebajas fiscales presentan condiciones asumibles, frente al 6% que establece condiciones restrictivas y un 3% requisitos muy restrictivos.
En cuanto al IAE, solo el 26% de los municipios ofrece bonificaciones si hay autoconsumo fotovoltaico. De estas ayudas, el 77% contempla condiciones asumibles, mientras que el 19% impone requisitos restrictivos y el 4%, muy restrictivos.
Los datos revelan, además, una clara tendencia al alza de estos incentivos. En 2021, cuando la Fundación Renovables publicó la primera edición de este informe, el 48% de los municipios bonificaban el IBI para instalaciones de autoconsumo. Desde entonces, se ha producido un incremento de 19 puntos porcentuales en apenas seis años. En el caso del ICIO, el número de municipios que fomentan el autoconsumo ha aumentado 8 puntos porcentuales.
Raquel Paule, directora general de Fundación Renovables: “El autoconsumo sigue consolidándose como una de las herramientas más potentes para avanzar hacia un sistema energético más justo, eficiente y democrático. Las medidas fiscales son fundamentales para su desarrollo y cada año vemos que son más los ayuntamientos que bonifican el autoconsumo a través de sus impuestos. Este tipo de iniciativas, junto a las reformas anunciadas para aumentar el radio para compartir energía a 5 km o la creación del gestor del autoconsumo son imprescindibles para seguir avanzando”
José Donoso, director general de UNEF: “La energía fotovoltaica es uno de los elementos clave de la transición hacia un modelo energético basado en energías limpias, propias y de bajo coste. El autoconsumo fotovoltaico y las comunidades energéticas juegan un papel disruptivo fundamental en esa transformación. Permiten que el ciudadano pueda ser un actor más de la política energética, le dan respaldo ante la volatilidad de los precios del mercado y le dotan de seguridad de suministro eléctrico. Por su relevante papel, el apoyo desde las instituciones para su desarrollo es fundamental y permite que, entre todos, sigamos construyendo este camino”.
El sector fotovoltaico aboga por inversores con capacidad de formación de red y almacenamiento en baterías para controlar la tensión
El rifirrafe entre REE, el Ministerio de Transición Ecológica y las propias grandes eléctricas de los últimos días en torno a las causas del “cero energético” del 28 de abril pasado está subiendo de todo. En las últimas semanas se ha puesto en tela de juicio la capacidad de controlar la tensión por parte de los operadores del sector fotovoltaico.
El propio sector, en positivo, quiere ir un paso más y avanzar en diferentes tecnologías y mecanismos que sí lo permiten. “La tecnología fotovoltaica tiene ya la capacidad de controlar la tensión, pero la regulación aún no se lo permite”, ha asegurado la UNEF tras conocer el informe presentado por el Ministerio ante lo ocurrido el pasado día 28 de abril.
“Desde el sector fotovoltaico, valoramos positivamente el anuncio hecho por la ministra Sara Aagesen de que se va a acelerar la aprobación del procedimiento de Operación 7.4, que permitirá a la tecnología fotovoltaica contribuir a controlar la tensión de la red”, aseguran desde UNEF.
“Es también un momento para acelerar la implementación de otras tecnologías ya disponibles y que son clave para mantener niveles de tensión estables, gestionar la variabilidad y garantizar una seguridad energética basada en energías renovables, como son los inversores con capacidad de formación de red (grid-forming inverters, pendientes de la aprobación de la normativa europea) y el almacenamiento en baterías”, añaden desde UNEF.
Para acelerar la implementación del almacenamiento energético, desde UNEF solicitan:
-Evitar el cambio de órgano sustantivo cuando se añade un módulo de almacenamiento a uno de generación.
-Evitar el reinicio de la tramitación administrativa, independientemente de la potencia, cuando no se ha alcanzado la AAC (o incluso AAE) en hibridaciones que suman menos de 50MW
-No sumar la potencia instalada del almacenamiento cuando este está instalado en corriente continua.
-Eliminar la imposibilidad de obtener un permiso de demanda por parte de instalaciones hibridadas que comparten infraestructura de evacuación con otra instalación que ya ha obtenido permiso de demanda.
-Convocar concursos de acceso de demanda para poder añadir almacenamiento que consuma de red a una instalación de generación conectada a la red de transporte.
-Permitir la solicitud de acceso para demanda en posiciones de generación en nudos de transporte reservados para concurso por valor de del 100% del permiso de acceso de generación (en vez del 50% actual).
-Eliminar la obligación de tramitar una nueva evaluación ambiental en el caso de almacenamiento hibridado que se situé dentro del perímetro de proyectos que ya han superado la tramitación ambiental.
-Exención de tramitación ambiental para instalaciones de almacenamiento de pequeña escala, distribuido y detrás de contador.
-Evitar la pérdida de prioridad de despacho en almacenamiento hibridado que consume de red. -Declaración de Utilidad Pública (DUP) para líneas de evacuación de Almacenamiento Independiente (‘Stand Alone’).
Los ingresos fiscales crecen en torno al 11% en los municipios con proyectos fotovoltaicos
Las inversiones en energía solar fotovoltaica generan beneficios económicos y sociales significativos en los municipios donde se implantan. Así lo concluye el estudio Impacto Socioeconómico de las Inversiones en Energía Solar Fotovoltaica, realizado por equipos de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense.
El análisis, que combina técnicas estadísticas cuantitativas con trabajo de campo cualitativo, revela que la implantación de plantas solares contribuye a dinamizar el empleo local, atraer población, estimular el tejido empresarial y aumentar los ingresos municipales, con una percepción social mayoritariamente positiva y relacionada con la modernización y diversificación de la economía local.
“Los principales hallazgos evidencian beneficios significativos en el empleo local, la actividad económica y las finanzas municipales, así como efectos positivos en la demografía y la renta per cápita de los residentes. Estos datos ponen de manifiesto que la fotovoltaica no solo es esencial para mitigar el cambio climático, sino que también es una pieza clave para promover la cohesión territorial y el desarrollo local”, comentó Natalia Fabra, economista y profesora de Economía en la Universidad Carlos III y directora del estudio cuantitativo.
“Los proyectos fotovoltaicos en los territorios tienen un gran potencial de desarrollo para el mundo rural. Los resultados del trabajo de campo muestran que, en términos generales, la actitud de los actores locales hacia la fotovoltaica es positiva, especialmente por los beneficios económicos directos e indirectos que genera y cuando en su desarrollo se prioriza la transparencia, la participación y el compromiso con el desarrollo del territorio, para que esos beneficios y oportunidades que sin duda aportan, tengan un impacto tangible y directo en los habitantes de los municipios donde se desarrollan”, apunta Juan Andrés Walliser, doctor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y co-director del análisis cualitativo y la documentación de los casos de estudio, junto a Pedro Uceda Navas, profesor ayudante doctor de la Universidad Complutense de Madrid.
El estudio destaca diferentes impactos socieconómicos significativos en los municipios y entornos donde se instalan parques fotovoltaicos:
-Demografía: Los municipios con instalaciones fotovoltaicas experimentan un crecimiento poblacional de entre el 3% y el 7%, ayudando a combatir el despoblamiento rural.
-Actividad económica: Se observa un incremento del 2% en el número de empresas registradas en los municipios, especialmente en construcción, hostelería y agricultura. El precio de la vivienda también sube un 3% de media, reflejo de una mayor demanda provocada por el aumento de la población.
-Empleo: Las plantas solares crean empleo, especialmente durante la fase de construcción, reduciendo el desempleo especialmente en sectores como la industria y los servicios. El estudio estima que la construcción de los parques solares fotovoltaicos supone un incremento medio de entre un 7% y un 13% en el empleo en los municipios, efecto que es relativamente superior en los municipios de menor tamaño.
-Renta per cápita y finanzas públicas: Los ingresos fiscales municipales crecen en torno al 11%, proporcionando mayor margen de inversión en servicios públicos. Además, se ha registrado un aumento de entre el 0,5% y el 1% en los ingresos medios directos de los residentes.
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