Los regantes extremeños calculan que la reforma energética subirá sus costes 6 millones de euros anuales
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y las comunidades de regantes de Extremadura calculan que la reforma energética impulsada por el Ministerio de Industria les va a suponer un sobrecoste de 6 millones de euros en su factura de la luz que aplican en sus explotaciones agrarias y ganaderas.
Según Fenacore, Extremadura será una de las regiones más perjudicadas por la subida de tarifas eléctricas junto con Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León, ya que cuenta con una de las mayores superficies de regadíos más modernizada. Estos nuevos regadíos permiten ahorros de agua de hasta un 25% frente a los convencionales con técnicas de riego localizado pero por el contrario aumentan la demanda de electricidad. Cerca del 60% de los regadíos extremeños está ya modernizado.
El coste global para el regadío española de la reforma superará los 100 millones de euros. Las asociaciones de productores y las comunidades de regantes han anunciado ya movilizaciones en toda España, incluida Extremadura, para solicitar al Ministerio de Industria y al de Agricultura un trato diferenciado para el sector y tarifas segmentadas según su uso.
Hay que recordar que hasta el año 2008 existían unas tarifas especiales para las actividades de riego. Actualmente, según datos de los regantes, los costes eléctricos suponen el 40% del total de sus gastos cuando en el año 2008 apenas llegaban al 7%. De esta forma, los gastos eléctricos de una explotación de regadío medio habrían subido más de un 1.000% en un corto periodo de tiempo.
Extremadura dispone de cerca de 295.000 hectáreas de regadío, especialmente importante en las Vegas Altas y Bajas del Guadiana, con cultivos punteros como el arroz para industria, frutales, arroz o maíz, sin olvidar el tabaco en Campo Arañuelo o el Tiétar y las huertas del Alagón.
Actualmente hay en estudio importantes proyectos de regadío en Tierra de Barros para vid y olivo y en la zona de Monterrubio para olivo, liderados por la iniciativa privada.
La Albuera, Santa Marta, Valverde de Leganés y Almendral se unen para conseguir un ahorro conjunto del 23% en su factura energética
Cuatro municipios de la provincia de Badajoz se han agrupado para mejorar sus instalaciones eléctricas, corregir las posibles deficiencias y reducir las facturas de la luz a través de una Empresa de Servicio Energético (ESE) que adelantará el importe de la inversión.
En estos momentos, el proyecto se encuentra en fase de adjudicación de la empresa que llevará a cabo las actuaciones: analizar los comportamientos de consumo y demanda de electricidad de cada pueblo, Almendral, La Albuera, Santa Marta y Valverde de Leganés. El proyecto está coordinado por la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX).
Entre las actuaciones previstas se contempla mejorar las instalaciones eléctricas en general y posteriormente se instalará un equipo de monitorización de los consumos y un servicio para la gestión remota de apagados y encendidos del alumbrado público en los cuatro municipios. En cuanto a los edificios administrativos de cada municipio, se prevé la instalación de calderas de biomasa y soluciones de energía solar térmica.
Cosme Segador, coordinador de AGENEX, considera que estas actuaciones resultan “imprescindibles para reducir la factura eléctrica y mejorar la eficiencia energética municipal; y, lo más interesante, es que los ayuntamientos comprobarán que agrupados les resultará más fácil iniciar estas actuaciones que en solitario, y a la empresa también”.
Para ello, los municipios “no tendrán que realizar ninguna inversión ya que la empresa que resulte adjudicataria en el concurso adelantará el dinero y lo recupera con los ahorros que genere la gestión integral de la energía durante los próximos 10 años”, explica Segador, quien confía en que otros ayuntamientos copien la fórmula.
La Agencia Extremeña de la Energía ha estimado un ahorro energético que oscila entre el 40% y el 50%, de media; mientras que la reducción inicial de la factura se situaría en casi el 23%.
El proyecto fue presentado recientemente por la Agencia Extremeña de la Energía, junto con las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, en la ciudad italiana de Pisa, donde se han reunido los socios del proyecto europeo ENPCOM.
Foto: Santa Marta de los Barros.
El Estado adeuda unos 120 millones de euros por la paralización de la Central Nuclear de Valdecaballeros en 1984
La paralización de las obras de la Central Nuclear de Valdecaballeros en la primavera de 1984 tras la moratoria nuclear adoptada por el Gobierno de Felipe González, que también afectó a las centrales de Lemóniz (Vizcaya) y Trillo II en Guadalajara, todavía está pendiente de pago.
Con las 2.800 hectáreas de terreno que ocupaba el recinto de la Central, con sus dos reactores a más del 50% de construcción, abandonadas y sin uso, el Ministerio de Industria sigue pagando cada año el dinero acordado que sale de los recibos de la luz.
En la actualidad, el Estado adeuda algo menos de 280 millones de euros a las eléctricas propietarias de las tres centrales. La que más debe aún es la de Lemóniz, hasta un total de 150 millones de euros, seguida de la pacense de Valdecaballeros por importe de unos 120 millones de euros, mientras que la de Trillo II sólo adeuda 4,7 millones de euros.
Según una norma aprobada en el año 1994 y posteriormente modificada en 1997, “la compensación deberá ser plenamente satisfecha en un plazo máximo de veinticinco años, contados a partir del 20 de enero de 1995”. Es decir, antes del 20 de enero del 2020 las eléctricas deberán haber cobrado lo que el Estado les adeudó por paralizar las tres centrales nucleares. El importe de la moratoria de Valdecaballeros era de 2.043 millones de euros, mientras que la de Lemóniz superó los 2.273 millones de euros.
En abril de 2006 entró en vigor un real decreto que fijó en el 0,33% el porcentaje de la tarifa eléctrica destinado cada año de forma específica a la moratoria nuclear.
Cada año el Estado ha estado pagando una media de 24 millones de euros a las eléctricas propietarias de la central de Valdecaballeros por su paralización. Las empresas eléctricas afectadas por la morataria nuclear de Valdecaballeros habían invertido 202.000 millones de pesetas de la época en su construcción.
El Ayuntamiento de Valdecaballeros lleva reclamando sin éxito al Ministerio de Industria durante los últimos años la cesión al menos de 1.000 hectáreas de la antigua central nuclear para poder ofrecerlas a diversos proyectos energéticos y de ocio.
Desde 2007 ha visto pasar de largo un proyecto de central de ciclo combinado, una central hidroeléctrica y dos centrales termosolares de 49 Mw. Y antes incluso una megaparque de ocio espacial denominado Space Camp liderado por la empresa Proturex. Sólo una planta fotovoltaica de 11,50 Mw de Elecnor-Nexer se ha instalado en la zona.
Los responsables municipales calculan que la paralización de la central le ha supuesto una merma de más de 60 millones de euros en impuestos y tasas. Ya en el año 1979, el Ministerio de Industria de la UCD calculó que Valdecaballeros, a través de la Diputación de Badajoz, recibiría una compensación de 1.200 millones de pesetas de la época por albergar la Central. Ni uno ni otro llegaron nunca al pueblo.
Foto: Vista de la Central de Valdecaballeros abandonada. © Rincón de Actualidad.
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