MERCADO ELÉCTRICO
El consumo eléctrico del sector servicios se desploma con caídas del 7% en los últimos meses
La cifra sobre el consumo eléctrico de los grandes consumidores industriales y de servicios sigue sin dar visos de recuperación. El IRE (Indice Red Eléctrica) del mes de septiembre de este año muestra una caída del consumo del 7,6% en el sector servicios que se reduce hasta el 6,3% en el caso del sector industrial. El consumo agregado cayó en ese mes, último con datos oficiales, un 5,8%.
Estas cifras mensuales son mucho peores que las cifras consolidadas de los últimos 364 días del Indice Red Eléctrica, que muestran una caída del consumo del 3,1% en el caso del sector servicios, del 5,6% en el sector industrial y del 4,5% de forma agregada. Lo más significativo de las cifras del mes de septiembre es el fuerte descenso en el consumo del sector servicios que se ha agudizado en los últimos seis de meses de forma significativa, ante la reducción del consumo familiar agravada tras la subida del IVA.
El IRE (Índice Red Eléctrica) es el índice de consumo eléctrico de grandes consumidores. Se trata de un indicador cuyo objetivo es facilitar una información adelantada de la evolución del consumo eléctrico del conjunto de empresas que tienen un consumo eléctrico medio/alto, así como su desglose por sectores de actividad (actividades industriales y de servicios). Este indicador está obtenido a partir de datos brutos y no está corregido por el efecto calendario.
Los puntos de consumo considerados para este índice son aquellos que en el sistema de medidas eléctricas están clasificados como de tipo 1 ó 2; es decir, aquellos que tienen una potencia contratada superior a 450 kW. Red Eléctrica recibe estas medidas de los distribuidores pero no son definitivas hasta transcurridos 10 meses. Durante este período las medidas son provisionales y, por tanto, pueden sufrir variaciones condicionando el tratamiento estadístico de los datos previos a su publicación.
El índice IRE presenta tres grupos de datos de consumo eléctrico (total consumidores medios/grandes, actividades industriales y actividades de servicios) y para su elaboración se ha tomado como base de cálculo el año 2009 por ser el primer ejercicio completo desde el que Red Eléctrica cuenta con medidas estables. Por tanto, las series de datos están disponibles para su consulta desde el 1 de enero del 2010 mientras que en las gráficas se representan solo los datos de los últimos trece meses.
En 2010 (último año completo con datos definitivos), el consumo medido de estos consumidores sin realizar ningún tipo de transformación fue de 102.515 GWh, representando el 40% de la demanda de distribución.
La desagregación sectorial del consumo por grandes sectores indica una sobrerrepresentación de las actividades industriales que suponen casi las tres cuartas partes del consumo total, mientras que en la economía española estos sectores solo supusieron el 15% del producto total. Por el contrario, los consumidores del sector servicios están infrarrepresentados al suponer casi una cuarta parte del consumo mientras que en la economía representa el 63%.
Foto: El Faro, Badajoz (http://www.ccelfaro.com/)
El Gobierno de Monago presentará recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que suprime las primas a las renovables por vulnerar la “seguridad jurídica”
Extremadura quiere defender ante el Tribunal Constitucional el futuro de sus proyectos de energías renovables. El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, José Antonio Echávarri, anunció el pasado viernes tras el Consejo de Gobierno que se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que suprimía las primas a las renovables. Dicho real decreto fue anunciado por el Ministerio de Industria a finales de enero pasado. El gobierno extremeño tiene hasta el próximo 28 de octubre para presentar dicho recurso, al agotarse entonces el plazo fijado por ley para poder hacerlo.
El Gobierno extremeño no ha querido presentar dicho recurso hasta conocer en detalle el dictamen el Consejo Consultivo de Extremadura, al que se acudió en el mes de marzo. Según el Consejo Consultivo la tramitación como decreto ley aplicada por el Ministerio de Industria no es “oportuna” ya que debería haberse realizado como proyecto de ley puesto que «no es un procedimiento urgente ya que los casi 25.000 millones de déficit tarifario que se pretende atajar viene desde el 2004».
Mientras, el fondo de la cuestión sobre la inconstitucionalidad del real decreto que defienden diferentes colectivos de renovables como la fotovolatica, la biomasa y la termosolar con fuertes intereses en Extremadura, también es abordado por el Consejo Consultivo. Para el organismo extremeño, el real decreto «vulnera el principio de confianza legítima, íntimamente asociado al de seguridad jurídica». Por el contrario, el organismo no considera que se vulnere el principio de igualdad.
Según el consejero, el recurso se presenta porque «defendemos los intereses de Extremadura y nunca nos ponemos de perfil, vamos de frente”. Hay que recordar que todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura instaron al gobierno regional a presentar dicho recurso que tras casi nueve meses llegará a Madrid.
El Grupo Gallardo apoya a la patronal siderúrgica para reclamar un trato diferenciado a los grandes consumidores energéticos tras las recientes subidas
Unesid, la patronal que agrupa a los grandes grupos siderúrgicos, del acero o el aluminio, entre ellos el extremeño Alfonso Gallardo a través de Siderurgia Balboa en Jerez de los Caballeros, ha dado la voz de alarma tras los últimos cambios de fiscalidad energética aprobados por el Ministerio de Industria por “minar la competitividad” del sector.
Para Unesid, los nuevos impuestos suponen un “sobrecoste arbitrario” en un momento especialmente crítico donde la demanda nacional es muy escasa tanto en construcción como en automoción y cuando varias empresas, entre ellas la extremeña Alfonso Gallardo, han tenido que presentar ERE para reducir sus plantillas.
Actualmente, el Grupo Gallardo tiene previsto el cierre de Corrugados Getafe así como un ERE en Siderurgia Balboa de Jerez de los Caballeros para asegurar la viabilidad de la firma. El grupo extremeño también es propietario de Cementos Balboa en Alconera, dos plantas de acero en el País Vasco, y de la papelera Papresa en Rentería, dos centros de gran consumo eléctrico.
El nuevo marco regulatorio aprobado por el Ministerio de Industria afecta especialmente por dos motivos a las plantas siderúrgicas y acerías: por una parte, se reduce el pago por el servicio de interrumpibilidad; y por otra, a través del denominado “céntimo verde” que supondrá un aumento del precio del gas natural, principal vía de suministro de alguna de estas factorías. Según sus estimaciones, el aumento del coste puede llegar al 15%.
Además de las siderúrgicas, otras industrias muy críticas con las medidas del Gobierno en materia energética han sido las químicas, papeleras y cerámicas, todas ellas grandes consumidores de energía. Actualmente el sector industrial consume en torno al 55 % del gas natural que importa España.
La situación ha llegado a tal punto que alguna multinacional del sector ha señalado veladamente que los actuales costes energéticos del mercado español no permiten competir en igualdad de condiciones en los mercados exteriores, amenazando incluso con cerrar sus plantas españolas. Los gobiernos autonómicos de Asturias, País Vasco y Galicia ya han trasladado su preocupación al propio Ministerio de Industria ante el temor a que alguna de sus grandes industrias decidan cerrar sus puertas.
Para calmar los ánimos, hace pocas semanas el propio ministro de Industria, José Manuel Soria acudió a la fábrica que la multinacional norteamericana del aluminio Alcoa tiene en el municipio gallego de Cervo. En declaraciones a los medios, el ministro Soria se comprometió a que “a partir del 1 de enero del 2013 habrá un sistema que garantice la competitividad de este tipo de plantas”.
Para la patronal del sector Unesid «la producción siderúrgica es la columna vertebral de la industria» y con las nuevas medidas sólo se conseguirá «más desempleo, menor consumo eléctrico y una espiral alcista en los costes regulados».
El problema de las grandes plantas consumidoras de energía es doble porque en muchos casos cuenta también con plantas de cogeneración eléctricas en sus instalaciones. En este caso, las cogeneradoras deben abonar 2,34 euros por megavatio de gas consumido además de afrontar el pago de la subida del impuesto a la generación eléctrica. Una subida que no pueden repercutir a terceros ya que el consumo de la cogeneración suele ser propio.
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