ENTREVISTAS
“El binomio agro y energía en Extremadura tiene un potencial elevadísimo”
Segunda parte
Entrevista con
José Antonio Echávarri
Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura
Esta es la segunda parte de la entrevista incluida en el ANUARIO ENERGÍA EXTREMADURA 2013, editado por nuestro portal de internet, con el responsable de la cartera energética de Extremadura sobre temas de gran actualidad para el sector.
Extremadura es una de las dos regiones españolas que no cuenta con ningún parque eólico operativo, ¿cuántos de ellos ya disponen de toda su tramitación en regla para poder comenzar las obras?
Actualmente diez proyectos de parques eólicos cuentan con todas las autorizaciones que dependen de la Administración Autonómica. De ellos, tres tienen punto de evacuación en la red de distribución, que podrían comenzar ya las obras si así los consideraran las empresas promotoras; y los siete restantes en red de transporte, los cuales están sujetos al desarrollo de las infraestructuras de conexión en la red de transporte, según establezca la nueva planificación de la red eléctrica de transporte.
Por tanto, al menos tres parques eólicos en Extremadura podrían haber ya iniciado las obras de construcción y no lo han hecho. Las razones creo que son obvias. Por una parte, la falta de un régimen económico primado para la generación eólica. Y la previsión a corto y medio plazo es que no vaya a haberlo. En un contexto de producción de energía eléctrica a mercado, sin primas, la eólica lo tiene más difícil que la fotovoltaica, ya que buena parte de su producción tiene lugar durante la noche, en la que la demanda cae y, en consecuencia, el precio de la energía en el pool está muy bajo.
Por otra parte, los decretos autonómicos del 2005 y del 2010, en base a los cuales se concedieron las autorizaciones iniciales, obligan a la creación de tres puestos de trabajo por cada megawatio instalado o la cesión a los ayuntamientos del 8% de la facturación por la venta de la energía para la instalación de los parques eólicos en Extremadura. Si ya antes este condicionado suponía un hándicap importante para la viabilidad económica de los proyectos; ahora, en un escenario energético mucho más exigente de tener que ir a mercado, resulta más complejo aún, hasta el punto de poder suponer una carga insalvable.
Por ello, estamos estudiando jurídicamente este asunto para ver si es factible encajar una solución que compatibilice el marco retributivo actual de la generación eléctrica renovable en España con la norma en base a la cual se han autorizado los proyectos. Es difícil estimar cuándo se verá el primer parque eólico extremeño. En todo caso, sería prudente esperar a ver los términos de la reforma en el sector eléctrico anunciada por el Ministerio.
Las empresas accionistas de la Central Nuclear de Almaraz ya han manifestado su intención de solicitar mantener su actividad más allá del 2020, ¿el gobierno regional apoya esta decisión?
El actual parque de centrales nucleares de España fue diseñado para una vida útil de 40 años de actividad. Para la Central Nuclear de Almaraz, los cuarenta años de funcionamiento se cumplen en el 2021 para el grupo 1 y en el 2023 para el grupo 2. Eso significa que extender la autorización de funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz más allá del 2020 supondrá, con toda seguridad, rebasar la vida útil de la central.
Prolongar, por tanto, su operación más allá del 2020 sólo se podría justificar si redunda en un menor coste de la energía para los consumidores y ello conlleva, además, que Extremadura reciba beneficios tangibles por el funcionamiento extendido de Almaraz. Siempre, por supuesto, desde el cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad de las instalaciones nucleares impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear y las autoridades europeas. Esta cuestión es obviamente irrenunciable.
Pero creemos que no se debe llegar a esa situación, porque precisamente para ello está o debe estar la planificación energética nacional, que ha de prever una transición hacia un modelo energético sostenible, en el que las energías renovables se integren cada vez más y con mayor eficacia en el sistema eléctrico nacional, sustituyendo de forma ordenada los sistemas de generación convencionales, como son las centrales térmicas a partir de combustibles fósiles y las centrales nucleares, y todo ello sin poner en riesgo el suministro de energía eléctrica en condiciones de calidad, de seguridad y de precio para el país, sus empresas y sus ciudadanos.
La biomasa puede ser un sector estratégico para el agro extremeño por su carácter complementario en la renta agraria y en políticas como la forestal y la lucha contra incendios, ¿para cuándo estará listo el Plan de Biomasa de Extremadura y qué objetivos pretende?
Extremadura reúne unas condiciones naturales muy favorables para el desarrollo de la biomasa por los recursos propios disponibles. No en vano, nuestra Comunidad Autónoma es la quinta región del país con mayor potencial de biomasa disponible, con sus 6.814.012 toneladas al año de biomasa primaria en verde.
Asimismo, el potencial de valorización energética directa de residuos agroganaderos y agroalimentarios de nuestra tierra es igualmente importante, en concreto más de 584 mil toneladas al año, lo que supondría un aprovechamiento energético de más de 16 mil toneladas equivalentes de petróleo al año.
Pero lo verdaderamente importante es la dimensión social y la contribución al desarrollo rural de la biomasa, muy por encima de cualquier otra tecnología de generación. Y esto es así porque la biomasa es la fuente de generación de calor y de electricidad que más puestos de trabajo genera, pero es que además los crea eminentemente en entornos locales, contribuyendo así a la fijación de población en las zonas rurales. A ello hay que sumar que los aprovechamientos forestales van a contribuir a que nuestros montes se mantengan limpios y se reduzcan los riesgos de incendio, así como el hecho de que los cultivos energéticos han de suponer una alternativa real para nuestros agricultores.
Es evidente, por tanto, que el binomio agro y energía en Extremadura tiene un potencial elevadísimo y que la bioenergía debe constituirse en los próximos años como un sector estratégico para el desarrollo socioeconómico de nuestra región. Precisamente por ello desde el Gobierno de Extremadura, en estrecha colaboración con la iniciativa privada, estamos elaborando un plan para desarrollar un modelo de bioeconomía en las zonas rurales, que genere empleo y reduzca los consumos y costes energéticos.
“Cuando el Tribunal Constitucional resuelva puede ser ya tarde para Extremadura como destino de inversión en renovables”
Primera parte
Entrevista con
José Antonio Echávarri
Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura
Extremadura es una potencia en materia energética siendo el generador de gran parte de la energía que consumen otras regiones como Madrid ¿se valora lo suficiente esta aportación de Extremadura a la actividad económica española?
Extremadura juega, efectivamente, un importante papel en el contexto energético de España, principalmente en la actividad de generación de energía eléctrica y más concretamente en la generación de energía eléctrica renovable. Y ahí están los datos, que hablan por sí solos.
En 2011, la aportación de Extremadura al conjunto de la generación de energía eléctrica del sistema eléctrico peninsular fue del 7,8% y del 6,2% a la generación de energía eléctrica renovable. Valores ambos muy por encima de la contribución de Extremadura a España en otros indicadores socio-económicos.
Se constata que Extremadura es una región netamente exportadora de energía eléctrica, exportando el 78% de la energía eléctrica neta que genera, siendo en 2011 la segunda de todas las Comunidades Autónomas en términos de exportación de energía (-16.151 GWh), sólo por detrás de Castilla y León.
La generación de energía eléctrica es una actividad, por tanto, que tiene un peso específico en la economía regional y en el desarrollo de nuestra Comunidad. Pero es que, además, esta vocación energética de Extremadura no es de hace unos años, sino que tiene una larga tradición, como demuestran sus instalaciones de generación hidráulica que datan de los años 50, sus centrales nucleares de los años 80 (Almaraz y Valdecaballeros, ésta última sin actividad) y las instalaciones de energías renovables en régimen especial desarrolladas en los últimos años.
Extremadura ha sido una de las regiones, junto con Galicia, más combativas contra los cambios normativos para las energías renovables decretados por el Ministerio de Industria. Si el Tribunal Constitucional les da la razón ¿creen que el Ministerio tiene margen para cambiar su política?
Obviamente cuando el Tribunal Constitucional resuelva, y si resuelve dándonos la razón, el Ministerio tendrá necesariamente que cambiar su actual política energética centrada exclusivamente en ajustar el déficit de tarifa del sistema eléctrico español. Y será por pura obligación legal. Pero es que además las Directivas Europeas relativas al fomento de la eficiencia energética y las energías renovables son muy claras al respecto y van a obligar igualmente a cambiar su política.
El problema está en que cuando ello suceda, seguramente será ya tarde. Tarde para las empresas y los proyectos del sector de las renovables que se hayan quedado en el camino. Tarde para Extremadura como destino de inversión en renovables, como oportunidad estratégica que se nos presentaba a las Comunidades Autónomas del sur de España para converger por esta vía con el resto de regiones de la nación. Y tarde para el cumplimiento de los objetivos 2020 en materia de clima y energía a los que España está obligada por la Estrategia Europa 2020.
Por ello, hemos remitido ya varias propuestas al Ministerio, debidamente justificadas con argumentos y con razones, para hacerles cambiar su política y hacerles ver que existen otras formas, y que la urgencia de una solución al déficit de tarifa no debe precipitar a España hacia alternativas convencionales que nos alejen de nuestros homólogos europeos.
El Ministerio de Industria no parece muy dispuesto a dialogar con las asociaciones de renovables que defienden otro modelo ¿Lo seguirá intentando el Gobierno de Extremadura?
Vamos a seguir instando al Ministerio a que la reforma del sector eléctrico que han anunciado, sea una reforma integral del sistema energético español, que fije la prioridad en un suministro seguro de energía limpia al menor coste posible para los ciudadanos, para las empresas e industrias, permitiendo así que nuestra economía pueda ser cada vez más competitiva, definiendo una verdadera planificación energética, con un marco normativo y regulatorio definitivamente estable, que restablezca la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza en el sector.
En todo caso, no debemos pensar tampoco que el fin de las primas es el fin de las renovables. Desde el Gobierno de Extremadura creemos que existe mucho recorrido de las renovables aplicadas al ahorro y a la eficiencia energética, como es el caso de la biomasa térmica, de la solar térmica o la fotovoltaica para autoconsumo.
¿Qué es lo que más preocupa a los grandes proyectos fotovoltaicos en desarrollo en la región actualmente?
Cuestiones relevantes para ellos son la inclusión de las infraestructuras de conexión a la red de transporte en la nueva planificación de la red eléctrica de transporte, o la regulación de la preferencia en el despacho de la energía renovable en el ámbito del régimen ordinario, acorde a la Directiva Europea 2009/28/CE y que hasta la fecha sólo se ha traspuesto para las renovables en régimen especial a través del Real Decreto 661/2007. Cuestiones todas ellas que dependen del Ministerio.
En estos aspectos, así como en la obtención de las autorizaciones, se está trabajando coordinadamente con los promotores y con el Ministerio, para que podamos resolverlas y que más pronto que tarde estos proyectos sean una realidad en Extremadura.
Lo que sí es cierto es que tanto cambio normativo en el sector eléctrico en los últimos tiempos ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza que hace más difícil la obtención de la financiación. Pero en cualquier caso, creemos firmemente en estos proyectos porque se trata de generación renovable sin primas, a lo que nada ni nadie se podrá oponer, al menos de manera indefinida.
“Los ciudadanos se gastan mucho más dinero mensualmente en pagar la factura del teléfono o internet que en la factura de la luz”
Entrevista con
Eugenio Manzano Otero
Presidente de CIDE Extremadura y consejero delegado del Grupo Laura Otero
¿Desde el comienzo de la crisis económica, cuál ha sido la evolución de la demanda eléctrica tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial y de comercios en las zonas donde están presentes empresas asociadas de CIDE Extremadura?
La crisis está teniendo sin duda un impacto en la demanda eléctrica y en el consumo de energía por parte de los usuarios, tanto particulares como empresas. El cierre de negocios, las reducciones de plantilla, etc., todo ello conlleva en muchos casos un menor consumo eléctrico, y esa tendencia la estamos constatando tanto en el conjunto del país como aquí en Extremadura, donde hemos registrado un descenso en la demanda de electricidad del 4%. No obstante los distribuidores de CIDE estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir manteniendo los mismos niveles de calidad y de inversión, y estamos manteniendo, a pesar de la situación actual, los puestos de trabajo.
¿Por qué los cambios de compañía eléctrica son menos habituales en el sector que en otros como el de las telecomunicaciones e incluso el bancario últimamente?
Yo creo que la razón principal es que los ciudadanos se gastan mucho más dinero mensualmente en pagar la factura del teléfono, internet u otros, que en pagar la factura de la luz, y por tanto no consideran una prioridad abaratar ese recibo. No obstante, eso no implica que no se produzcan cambios de compañía eléctrica por parte de los usuarios, si bien es verdad que en el sector eléctrico se dan dos factores decisivos que pueden explicar esa reducida movilidad: No existe verdadera competencia entre compañías eléctricas, y el margen en el sector doméstico es pequeño, debido a que existen precios regulados por el Gobierno.
Desde el punto de vista de la generación con renovables -desde la minihidráulica a la fotovoltaica sobre cubierta-, ¿los últimos cambios normativos pueden frenar las inversiones empresariales de las empresas eléctricas de tamaño pequeño y medio o siguen adelante en el sector?
Estamos realmente preocupados con la situación de incertidumbre en que se halla el sector, a la espera de conocer la reforma energética anunciada por el Gobierno, y que ya ha avanzado que va a repercutir negativamente en las empresas. En lo que respecta a distribución, en España se invierten alrededor de 2.000 millones de euros en el mantenimiento y mejora de las redes de electricidad, y nosotros estamos plenamente dispuestos a seguir invirtiendo, pero entendemos que esas inversiones deben ser reconocidas y retribuidas.
El problema al que nos enfrentamos es de inseguridad jurídica, hay que pensar que la provisionalidad de la retribución a la actividad de distribución eléctrica puede suponer la paralización de las inversiones necesarias para mantener la calidad del suministro, y por eso el nuevo marco regulatorio debe garantizar la seguridad jurídica.
¿La regulación definitiva del autoconsumo eléctrico a nivel nacional y regional puede tener efectos reales para las empresas comercializadoras?
En lo que respecta al autoconsumo, es necesario por parte del regulador establecer unas normas claras y específicas para evitar problemas a futuro entre los distintos agentes implicados. En este sentido en CIDE estamos muy comprometidos con situarnos en la vanguardia de la innovación tecnológica en el ámbito energético, y por ello mismo acabamos de firmar un acuerdo para desarrollar un programa de telegestión de los contadores de electricidad, que va a estar operativo a finales de este año. Esta herramienta va a facilitar a las distribuidoras las lecturas de consumo reflejadas por los contadores en tiempo real, lo que ayudará a la toma de decisiones empresariales.
En cuanto a los consumidores finales, la telegestión les permitirá conocer con mayor precisión sus consumos y modificar sus conductas para reducir el gasto así como ajustar sus tarifas eléctricas.
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