BIOMASA Y BIOGÁS
El Gobierno de Extremadura estudia llevar al Tribunal Constitucional el fin de las primas a las renovables por el daño a la economía regional
Al igual que hizo en su día contra la limitación a las primas en la energía fotovoltaica por las menores horas de sol incentivadas, el Gobierno de Extremadura que preside José Antonio Monago ha acordado solicitar al Consejo Consultivo un dictamen sobre la procedencia de interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
El consejero de de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri (en la foto junto a la vicepresidenta de Extremadura, Cristina Teniente) ha justificado este acuerdo en el perjuicio que esta decisión del Gobierno central causa a Extremadura, no sólo en lo que se refiere a la supresión de las ayudas económicas a la producción de este tipo de energías renovables, sino porque en el Real Decreto no se determina el plazo de duración de la suspensión de las primas. El consejero criticó que el Ministerio de Industria no hubiera informado a las comunidades más afectadas antes de tomar su decisión ni de buscar otras “soluciones”.
Echávarri ha dicho, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, que esta decisión del Gobierno llega en un momento en el que Extremadura había alcanzado una posición de liderazgo en la promoción de este tipo de producción energética que, de hecho, era una de las estrategias de desarrollo regional al considerar que son una oportunidad para promover la industria extremeña, con la puesta en marcha de proyectos innovadores en el campo de la energía termosolar, eólica y de biomasa, y en la generación de empleo.
El consejero ha señalado también que la supresión de las primas a energías renovables repercutirá negativamente en el PIB regional, en la generación de empleo, en la reducción del déficit público y en una mayor recaudación fiscal, a lo que se suma que el no poner fecha para el final de esta suspensión de primas provoca una indefensión jurídica que repercute negativamente en la posición de liderazgo y competitividad de las empresas extremeñas para abordar el mercado exterior.
Según los datos del consejero, hasta el año 2015 hay proyectados en la región 906 megawatios, con una inversión prevista de 5.463 millones de euros, que supondrían ingresos municipales de 327 millones, en torno a los 4.000 empleos fijos y más de 16.000 durante la construcción de infraestructuras.
El Gobierno de Extremadura es el primero que públicamente se plantea llevar al Constitucional dicho decreto del Gobierno central.
Agenex se alía con la Agencia de la Energía del Alentejo en la valorización energética de residuos de la actividad agroganadera
La Agencia Extremeña de la Energía desarrollará estudios sobre la valorización energética de residuos ganaderos y de cultivos energéticos para biomasa combustible en el Centro, Alentejo y Extremadura, en el marco del proyecto internacional denominado ALTERCEXA II. Dicho proyecto tiene como objetivo la búsqueda de soluciones y mejores tecnologías en la producción de energías alternativas, más respetuosas con el entorno y de origen local, como son la energía solar, eólica o la biomasa.
La necesidad de encontrar una salida a los residuos y subproductos que genera la industria agroalimentaria, desde las empresas cárnicas hasta las almazaras de aceite de oliva, a ambos lados de la frontera ha llevado a la Agencia Extremeña de la Energía junto a la Agencia Regional de la Energía de Alentejo a fomentar el uso de la biomasa como solución.
Para dar a conocer las posibilidades existentes entre las empresas y cooperativas interesadas, la Agencia Extremeña de la Energía tiene previsto desarrollar diversos estudios sobre la valorización energética de residuos ganaderos y de cultivos energéticos para biomasa combustible. E igualmente, analizará la eficiencia energética de la agroindustria extremeña con el fin de diseñar herramientas para la optimización de sus recursos.
Altercexa II abarcará también un análisis de la demanda de energía en movilidad y transporte ya que la energía consumida en este sector es de más del 40% del total, siendo uno de los principales responsables del crecimiento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el territorio.
En el sector publico, AGENEX realizará junto con la Universidad de Extremadura, estudios sobre los edificios con soluciones en diseño, construcción, materiales y utilización para optimizar su demanda energética. El objetivo es desarrollar un software de gestión energética integral de edificios públicos.
El coste total del proyecto es de 2.625.979,45 euros, de los que el 75% está financiado con fondos FEDER a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2007-2013 POCTEP y los resultados obtenidos serán divulgados a través de nueve publicaciones, dos congresos, así como en diversos seminarios.
AGENEX forma parte de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (ENERAGEM) y trabaja en colaboración con la Junta de Extremadura y el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Los tabaqueros extremeños no pueden pagar el cambio a la biomasa tras la venta fallida de su tabacos
El cultivo del tabaco y la industria de primera transformación del mismo son una de las actividades económicas más importantes de las comarcas del norte de la provincia de Cáceres, desde el Tiétar a La Vera y el Campo Arañuelo. Extremadura concentra el 90% del cultivo del tabaco en España, con cerca de 10.000 hectáreas de superficie plantada y cerca de 2.000 cultivadores. El negocio del cultivo del tabaco representa, entre el precio comercial pagado por las industrias y las subvenciones de Bruselas, en torno a los 100 millones de euros.
Sin embargo, los problemas suscitados durante la pasada campaña por la venta fallida de casi seis millones de kilos de tabaco de tres agrupaciones de productores a la multinacional italiana Mella, que rompió el acuerdo de venta, ha puesto en una complicada situación financiera a estas agrupaciones. Y sobre todo después de que realizarán fuertes inversiones en la construcción de secaderos de tabaco con biomasa.
El caso más llamativo es el de Grutaba, con sede en Navalmoral de la Mata, que invirtió casi cinco millones de euros en una batería de secado de tabaco con biomasa que ahora no puede pagar. Un caso similar le ha ocurrido a otra de las agrupaciones afectadas, Tabacos de Cáceres, que también ha invertido en una batería de 64 secaderos con biomasa con un presupuesto de cuatro millones de euros. Si no consiguen vender el tabaco de la pasada campaña a un precio razonable, la amortización de estas inversiones financiadas vía créditos será muy complicada.
La sustitución de los actuales secaderos de gasoil por los de biomasa era una de las medidas contempladas en el Plan de Apoyo al Sector Tabaquero puesto en marcha por la Junta de Extremadura para ayudar al sector ante la finalización de las ayudas europeas al cultivo, con el fin de mejorar la calidad del producto final y poderlo vender a mejor precio a las industrias transformadoras.
La convocatoria de ayudas, de abril del 2011, ofrecía “ayudas a las inversiones dirigidas a la creación de nuevas plantas colectivas de curado de tabaco, tipo Virginia, que utilicen energías renovables en el proceso de secado o modernización de las existentes, siempre que dicho proceso implique la reducción o la eliminación de la utilización de combustibles fósiles y su sustitución por energías renovables, para el ejercicio 2011”.
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