El Gobierno de Extremadura estudia llevar al Tribunal Constitucional el fin de las primas a las renovables por el daño a la economía regional

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Al igual que hizo en su día contra la limitación a las primas en la energía fotovoltaica por las menores horas de sol incentivadas, el Gobierno de Extremadura que preside José Antonio Monago ha acordado solicitar al Consejo Consultivo un dictamen sobre la procedencia de interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

El consejero de de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri (en la foto junto a la vicepresidenta de Extremadura, Cristina Teniente) ha justificado este acuerdo en el perjuicio que esta decisión del Gobierno central causa a Extremadura, no sólo en lo que se refiere a la supresión de las ayudas económicas a la producción de este tipo de energías renovables, sino porque en el Real Decreto no se determina el plazo de duración de la suspensión de las primas. El consejero criticó que el Ministerio de Industria no hubiera informado a las comunidades más afectadas antes de tomar su decisión ni de buscar otras “soluciones”.

Echávarri ha dicho, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, que esta decisión del Gobierno llega en un momento en el que Extremadura había alcanzado una posición de liderazgo en la promoción de este tipo de producción energética que, de hecho, era una de las estrategias de desarrollo regional al considerar que son una oportunidad para promover la industria extremeña, con la puesta en marcha de proyectos innovadores en el campo de la energía termosolar, eólica y de biomasa, y en la generación de empleo.

El consejero ha señalado también que la supresión de las primas a energías renovables repercutirá negativamente en el PIB regional, en la generación de empleo, en la reducción del déficit público y en una mayor recaudación fiscal, a lo que se suma que el no poner fecha para el final de esta suspensión de primas provoca una indefensión jurídica que repercute negativamente en la posición de liderazgo y competitividad de las empresas extremeñas para abordar el mercado exterior.

Según los datos del consejero, hasta el año 2015 hay proyectados en la región 906 megawatios, con una inversión prevista de 5.463 millones de euros, que supondrían ingresos municipales de 327 millones, en torno a los 4.000 empleos fijos y más de 16.000 durante la construcción de infraestructuras.

El Gobierno de Extremadura es el primero que públicamente se plantea llevar al Constitucional dicho decreto del Gobierno central.

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