Autor: energiaextremadura
La CNMC recomienda concentrar las bonificaciones al autoconsumo fotovoltaico en el primer año tras la instalación
Los usuarios particulares y las empresas pueden solicitar diversas ayudas públicas para el despliegue del autoconsumo fotovoltaico (ACFV). La CNMC ha publicado una evaluación sobre el impacto de estas ayudas (donde realiza varias recomendaciones.
El estudio se centra en el efecto de estas ayudas sobre la penetración de ACFV y extrae implicaciones para la competencia en los mercados energéticos y en la economía. Desde 2021, el autoconsumo fotovoltaico en España registra un elevado crecimiento. A junio de 2025, con alrededor de 696.000 instalaciones y 5,4 GW de capacidad instalada.
La implantación de las instalaciones de ACFV es mayor en zonas de más irradiación solar y en municipios con rentas más altas y mayor presencia de viviendas unifamiliares. Además, los clientes con instalaciones de ACFV están mucho más presentes en el mercado libre que en el regulado, contratan más con los comercializadores más pequeños y, en el caso de los hogares, su tasa de cambio de comercializador es mayor.
El análisis revela que las ayudas públicas al autoconsumo proceden de todos los niveles de la administración. Entre ellas destacan:
-Subvenciones directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (más de 2.000 millones de euros presupuestados),
-Bonificaciones locales en impuesto como el de Bienes Inmuebles (IBI), el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Actividades Económicas (IAE),
-Deducciones estatales y autonómicas en el IRPF y deducciones en el Impuesto sobre Sociedades de los territorios forales de País Vasco y Navarra.
La coexistencia de tantos instrumentos, gestionados por administraciones distintas, genera trámites complejos, que pueden suponer barreras de acceso, especialmente para las pymes y los hogares con menos recursos. Un diseño inadecuado también puede generar diferencias en el acceso a las ayudas que distorsionen la competencia.
La CNMC recomienda establecer una estrategia conjunta de todas las administraciones para reducir la burocracia, evitar solapamientos y mejorar la eficacia y la estabilidad de los incentivos.
Plantear una ventanilla única digital para facilitar los trámites, y mejorar la información y estadísticas. Esto permitiría a los autoconsumidores identificar y solicitar de forma digital todos los incentivos —subvenciones, bonificaciones fiscales o deducciones— en un único procedimiento.
Valorar si es posible agrupar incentivos dentro de cada nivel de la administración (estatal, autonómico, local).
Potenciar la transparencia y estadísticas sobre las ayudas para facilitar la evaluación ex post.
Continuar facilitando la conexión a la red y mejorar la información disponible de las instalaciones (en línea con las recomendaciones de la Mesa de Diálogo del Autoconsumo).
Definir las ayudas en cuantías fijas unitarias ligadas a objetivos, en sustitución de esquemas que dependan del coste incurrido o de variables no relacionadas (como el valor catastral, en el caso del IBI).Priorizar las ayudas donde sean más necesarias y eficaces para el sistema (como almacenamiento u otros), para evitar distorsiones innecesarias.
Simplificar y automatizar los procedimientos de solicitud y valorar la concesión de oficio de algunas ayudas.
Ampliar y flexibilizar el sistema de anticipos de subvenciones para que los hogares y empresas con menos recursos puedan afrontar los costes iniciales de la inversión. Si se opta por sistemas con entidades colaboradoras que tramiten la subvención en nombre del beneficiario, garantizar que sean opcionales y neutrales.
Concentrar las bonificaciones en el primer año tras la instalación.
Complementar los incentivos con instrumentos financieros públicos (préstamos bonificados o garantías) en colaboración con entidades privadas para ampliar el acceso y reducir barreras para hogares y pymes con dificultades y minimizar el impacto presupuestario.
El sistema eléctrico peninsular contará de enero a junio de 2026 con 1.725 MW de respuesta activa de la demanda
Entre enero y junio de 2026, Red Eléctrica, en su rol de operador del sistema eléctrico español, contará con un total de 1.725 MW de potencia ofrecida por instalaciones peninsulares de demanda para aportar una mayor flexibilidad a la operación a través del servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD). Esta cantidad se ha incrementado un 50 % respecto a la de 2025 y supone el 74% de la capacidad requerida para el primer semestre de 2026, que ha sido de 2.339 MW, volumen similar al solicitado en la subasta del pasado año.
Estos son los resultados de la subasta organizada por Red Eléctrica hoy y ya disponibles en su página web de esios. Los consumidores adjudicatarios serán retribuidos con un precio marginal de 65 euros por cada MW asignado y hora por su disponibilidad para reducir su consumo en las horas asignadas. Por otra parte, cada activación será retribuida al precio de la regulación terciaria correspondiente a los periodos de activación.
El SRAD es un mecanismo de balance voluntario y alineado con la normativa europea, que promueve la participación de la demanda en los servicios de balance para garantizar el equilibrio del sistema. Para prestar este servicio, que se emplea desde 2022, los proveedores adquieren el compromiso de estar disponibles para reducir su potencia de consumo en aquellas situaciones puntuales en las que el operador del sistema identifique que no se cuenta con recursos suficientes para mantener el nivel adecuado de reserva. De esta forma, la reserva aportada por instalaciones de demanda que participan en SRAD contribuye a la descarbonización del sistema, ya que evita la programación de grupos generadores.
Novedades del SRAD
En esta ocasión, el servicio de respuesta activa de la demanda incorpora modificaciones propuestas por Red Eléctrica en marzo de 2025, recientemente aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Entre las principales novedades, se encuentra el periodo de prestación del servicio, que pasa de ser anual a ser semestral, en línea con la normativa comunitaria establecida en el Reglamento (UE) 2019/943.
Por otra parte, también en esta edición se incorporan mejoras para acercar el SRAD a los estándares europeos de los servicios de balance. En este sentido, con respecto a los participantes, a partir de ahora también pueden acudir voluntariamente aquellos consumidores que, de forma agregada y de la mano de una comercializadora que opere en el mercado, dispongan de una capacidad de oferta igual o superior a 1 MW.
Además, la duración pasa de ser de hasta 3 horas al día por proveedor a 2 horas. Otra de las novedades es que, para poder aplicarse, el proveedor contará con un aviso previo de al menos 12,5 minutos en vez de los 15 minutos de antelación con los que se contaba en ediciones anteriores.
La cadena de valor “Made in Spain” en el sector eólico es ya autosuficiente y está a punto de serlo en fotovoltaica
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha presentado en la I Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización el acto España, por una reindustrialización verde y competitiva en el que analizó las perspectivas de crecimiento y despliegue de la cadena de valor industrial nacional ligada a las energías renovables.
El acto organizado por el IDAE sirvió para tomar el pulso al sector de las energías verdes y todo el tejido productivo y de I+D+i asociado, desde el diseño y la fabricación hasta la instalación o la exportación, así como los retos planteados tanto a escala nacional como europea. En la actualidad la cadena de valor renovable made in Spain suministra casi el 100% de los equipos y componentes necesarios en eólica –somos quintos exportadores mundiales de aerogeneradores- y se acerca al 70% en solar fotovoltaica, mientras se avanza también en tecnologías clave menos maduras como el almacenamiento o la electrólisis para producir H2 renovable, entre otras.
Entre los proyectos estratégicos que se presentaron durante la jornada, destacaron los casos de Sunwafe, de InnoEnergy – lingotes y obleas de silicio para paneles fotovoltaicos-; Nordex Electrolyzers, de desarrollo de electrolizadores de base alcalina; Basquevolt, de diseño y desarrollo de tecnología de baterías de estado sólido; EnergyLoop, que opera ya la primera fábrica de reciclaje de palas de aerogenerador en España; y de Navantia Seaenergies, con proyectos de capacitación industrial para eólica marina y ensamblaje de electrolizadores de gran potencia.
Por su carácter innovador y capacidad transformadora del tejido industrial asociado a la transición energética, todos ellos son beneficiarios de distintas líneas de ayudas NextGenEU del Plan de Recuperación (PRTR) habilitadas por el MITECO y el Ministerio de Industria y Turismo a través de los PERTES ERHA, Descarbonización Industrial y VEC.
La puesta en común de experiencias aportará una visión de conjunto, realista y pegada al terreno de este proceso de redefinición industrial verde, al tiempo que se incide en la oportunidad que representa la descarbonización para construir una economía más dinámica y competitiva. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la reindustrialización renovable llevará a España a crecer un 3,2% por encima de lo previsto y a crear más de medio millón de empleos hasta 2030.
Según UNEF, el sector fotovoltaico puede ser uno de los motores de la recuperación económica de España, no solo por los beneficios que aporta al sector eléctrico, al ser renovable, competitiva y fácil de implementar, sino por su aportación al conjunto de la economía y la sociedad, a través de la generación de empleo y riqueza.
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