Mes: enero 2021

Las ofertas de las eléctricas de energía con origen renovable atraen a 3,8 millones de consumidores

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La CNMC ha publicado el Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad, en el que se analiza el funcionamiento global del mercado en España en 2019. Este informe proporciona un análisis del sector eléctrico a partir de datos que la CNMC publica periódicamente. Entre otros aspectos, el informe analiza el grado de competencia y la implicación del consumidor en el mercado, la calidad de la actividad de comercialización y el resultado de algunas medidas de protección del consumidor impulsadas por la CNMC.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el creciente interés de los consumidores por el origen de la energía que consumen. En este informe analizamos algunos indicadores que muestran una mayor implicación por parte del consumidor en la transición energética. Por ejemplo, destaca tanto su interés por las ofertas verdes como por su participación en el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Así, las ofertas verdes con Garantías de Origen renovable y de alta eficiencia, han atraído a 3,8 millones de consumidores en 2019 frente a los 2,9 de 2018.  Por su parte, el autoconsumo procedente de instalaciones fotovoltaicas con compensación de la energía vertida a la red por el suministrado ha pasado de ser 5 MW en marzo de 2020 cuando se desarrolló la normativa correspondiente, a 68 MW en agosto de 2020.

En 2019, la competencia en el mercado minorista de electricidad siguió aumentando. Así, los comercializadores no tradicionales siguieron ganando terreno a las grandes compañías y pasaron a tener una cuota del mercado del 30% (frente al 28% en 2018). Sin embargo, el análisis por segmentos de consumo revela que el segmento doméstico continúa presentando una alta concentración, con una cuota conjunta de los tres mayores grupos de comercialización (Endesa, Iberdrola y Naturgy) del 81%.

En España, casi medio millón de clientes conectados en baja tensión habrían elegido una oferta con precios dinámicos, además de los casi 11 millones de consumidores acogidos al PVPC. Adicionalmente, 1,8 millones de clientes habrían elegido una oferta de tramo, es decir, un producto con precios variables no coincidentes con los periodos de las tarifas de acceso.
Desde hace varios años, la CNMC ha insistido, mediante la publicación de diversos informes y guías, en la necesidad de proteger al consumidor de electricidad. Si bien algunas de las malas prácticas detectadas se han ido corrigiendo, se considera necesario insistir en las siguientes, que están siendo analizadas por la CNMC en el ámbito de sus competencias: Desde la prohibición de las visitas domiciliarias, se ha incrementado la utilización del canal telefónico, detectándose en ocasiones falta de transparencia, antes y durante el proceso de contratación.

Algunos comercializadores han penalizado a consumidores por pronta resolución del contrato en baja tensión, exigiéndoles la devolución de descuentos o el pago de costes asociados a la rescisión del contrato excediendo el límite máximo previsto del 5% previsto en la normativa.

Algunos comercializadores han reducido la potencia contratada al consumidor sin que dicha modificación se vea reflejada en sus facturas. Se recomienda al comercializador que no incluya cláusulas en los contratos que le permita modificar los parámetros de contratación y que pida el consentimiento expreso del consumidor.

Algunos comercializadores están aplicando importes en concepto del alquiler del equipo de medida superiores a los facturados por el distribuidor. El comercializador debe trasladar el importe facturado por el distribuidor con el fin de cumplir con la transparencia prevista en la normativa. En caso de ofrecer un servicio adicional, debería anotarlo en la factura dirigida al consumidor de manera independiente al concepto de alquiler del equipo de medida.

La Junta da luz verde ambiental a una planta de recuperación de baterías de coches en Zafra que podrá tratar hasta 60 toneladas al año

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La Dirección General de Sostenibilidad, de la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura,  ha otorgado la autorización ambiental unificada para la planta de recuperación de baterías, cuya promotora es la empresa Recuperadora de Baterías Extremeñas, SL, con sede en el  término municipal de Zafra (Badajoz).

Con fecha 16 de julio de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para una instalación destinada al almacenamiento y recuperación de residuos peligrosos (baterías plomo-ácido) promovido  esta empresa.

Con fecha 24 de julio de 2020 se le solicita al Ayuntamiento de Zafra remita informe técnico sobre las materias de su competencia. Con fecha 22 de octubre de 2020 se recibe informe municipal sobre sus competencias, donde indica literalmente que la instalación “[…] informo favorablemente respecto de la compactibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico”.

La capacidad de tratamiento de baterías de coches al año será de 60 toneladas, mientras que la capacidad de almacenamiento de la misma será de 20 toneladas.  No se autoriza el almacenamiento ni la gestión de ningún residuo fuera de la nave. Solo se autoriza la regeneración de baterías usadas mediante equipos de desulfatación y cargadores, sin manipular, ni abrir, ni desmontar, en ningún momento, las baterías. Por otro lado, también se autoriza el ensamblaje de elementos superficiales como tornillería o cableado. Las baterías no regenerables serán almacenadas según legislación para entregar a gestor autorizado.

La capacidad total de almacenamiento de residuos vendrá dada por la superficie hormigonada dedicada al montaje y recarga de baterías que es de 39 m² y por la superficie dedicada al almacenamiento de residuos.

El titular de la instalación deberá constituir una fianza, para el total de las instalaciones que engloba la presente resolución en función del artículo 28.1 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, por valor de 19.360 euros.

Asimismo, el  titular de la instalación deberá constituir un seguro de responsabilidad civil.  Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular, las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis meses. Si hubiera grupo electrógeno se ubicará en superficie impermeable y cubierta, y dispondrá de un sistema de recogida de posibles vertidos que eviten la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

El impacto de los proyectos de energías renovables sobre el PIB extremeño superará los 4.000 millones de euros

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Hasta hace unos años, muchos municipios extremeños pugnaban por conseguir que en su territorio se instalara una fábrica de tomates o una central hortofrutícola. Básicamente por el empleo que generaba. Desde hace tiempo, muchos son los municipios de la región que pugnan por conseguir que una gran planta fotovoltaica se instale en sus terrenos. Sobre todo por los impuestos que dejarán en las arcas municipales y el empleo durante su construcción. Horas de sol hay en toda la región suficientes. La clave está en el terreno disponible, según el tamaño de la planta, y sobre todo la facilidad y cercanía de acceso de conexión a la Red de Alta Tensión. Por tener ya otras plantas o centrales cercanas, o por disponer cerca de una de las que se están construyendo para el Tren de Alta Velocidad.

Durante un encuentro hispano portugués celebrado en 2020 sobre el potencial de hidrógeno como energía de futuro, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dio algunas pistas sobre lo que supondrá el impacto del sector energético renovable en el futuro Plan de Energía y Clima de Extremadura. El presidente regional aseguró que se están concluyendo, “los últimos trabajos del Plan extremeño de Energía y Clima que prevé entre los años 2020-2030 que “el impacto sobre el PIB regional va a estar por encima de los 4.000 millones de euros, movilizando una inversión de 17.000 millones de euros”. 

En el caso de los proyectos de plantas fotovoltaicas que se construyen o han construido en los últimos años en Extremadura, el nivel de empleo es intensivo  durante la construcción del mismo, pero bastante reducido una vez en marcha en relación a la magnitud de la actividad económica generada. Se trata de proyectos con un alto grado de automatismo en sus labores de mantenimiento y vigilancia. La única actividad energética que genera de forma estable empleo en la región es la Central Nuclear de Almaraz, que durante el periodo de recarga de combustible se acrecienta de forma significativa. En cambio, una gran central fotovoltaica que pueda emplea entre 600 a 1.200 empleados –dependiendo de sus megawatios y volumen de paneles solares- en su pico máximo de construcción, una vez en marcha puede funcionar con no más de 15 empleos directos. –

Ingresos fiscales
Por ello, los ayuntamientos y mancomunidades  sobre todo el impacto fiscal de los mismos a nivel de impuestos locales que genera su actividad. Según aseguró el presidente regional durante el seminario virtual del hidrógeno, “solo para los ayuntamientos, en fiscalidad, en recaudación por los impuestos locales, va a estar en torno a 1.300 millones de euros” y, además, ha asegurado que “estarán muy repartidos, de manera muy homogénea, en el conjunto del territorio”, del que el 74% de ese impacto será en el entorno rural.