Mes: julio 2019
El grupo sevillano Bogaris promueve una planta fotovoltaica de 50 Mw en Casas de Millán
El aluvión de grandes proyectos fotovoltaicos en la Comunidad de Extremadura prosigue a buen ritmo. Tanto en la construcción como en la tramitación administrativa. Uno de los últimos en conocerse ha sido el que promueve el grupo sevillano Bogaris, especializado en el sector de promoción de grandes complejos comerciales, agricultura y renovables, en la localidad cacereña de Casas de Millán.
La empresa ha logrado ya la calificación urbanística para una planta fotovoltaica de 50 Mw de potencia en la finca “Pizarroso de Arriba” a través de su filial Bogaris PV3, SLU.
El grupo Bogaris ha sido muy activo en los últimos años en su actividad de promoción comercial de retail, especialmente en la capital cacereña. Además del proyecto de Casas de Millán, recientemente se conocía también que invertirá 26,4 millones de euros para levantar dos parques fotovoltaicos en Huelva, con una potencia total de 50 megawatios.
Bogaris Energy produce energía eléctrica a través de energías renovables. Su actividad, promotora e inversora, abarca desde el diseño de las plantas, pasando por la tramitación de autorizaciones y licencias, hasta la construcción y puesta en funcionamiento de instalaciones, gestión de las mismas y venta de la energía eléctrica producida.
Según el reciente Balance Eléctrico de Extremadura 2018 editado por la Junta de Extremadura, desde el año 2006 hasta el año 2018, se pusieron en servicio en nuestra región un total de 589 instalaciones solares fotovoltaicas, alcanzando una potencia total instalada de 564,00 MW.
La producción de energía eléctrica correspondiente a esta tecnología alcanzó en el año 2018 un registro de 1.019 GWh, lo que supuso un descenso de la producción del 9,00 % respecto al año 2017, en el que se generaron 1.120 GWh. Este valor supone que, en el año 2018, el 19,58 % de la generación de energía eléctrica renovable en Extremadura haya sido obtenida a partir de instalaciones solares fotovoltaicas, y que la participación de esta tecnología al total de la producción eléctrica regional alcanzase el 4,86 %.
El retraso en la armonización de los procesos de gestión de nuevas instalaciones de autoconsumo preocupa a empresas y comunidades
El sector energético muestra preocupación ante el actual retraso en la armonización de los procesos de gestión y comunicación de nuevas instalaciones de autoconsumo fotovoltaico previstos en el Real Decreto 244/2019 del pasado 5 de abril. Entre esos procesos que aún siguen pendientes están los que habrán de regir el sis tema de compensación por excedentes de energía de autoconsumo, cuyo comienzo se espera para primeros del próximo agosto.
Los días van pasando y aún no está claro que pueda llegarse a tiempo. Esa es la conclusión a la que parecen haber llegado comunidades y empresas del sector fotovoltaico de nuestro país según Gonzalo González, responsable del Área de Ingeniería de la empresa de renovables Cambio Energético. El pasado 5 de abril se publicó, entre el clamor general, el Real Decreto 244/2019 sobre autoconsumo energético en España. La nueva norma establecía en su Disposición Adicional Primera un plazo de 3 meses para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estableciera la adaptación de formatos y protocolos de comunicación entre las empresas distribuidoras, comercializadoras y comunidades autónomas.
El decreto establecía igualmente un plazo de 1 mes adicional a las distribuidoras y comercializadoras eléctricas para realizar los cambios técnicos y administrativos necesarios en sus sistemas que permitiesen comenzar a trabajar según lo establecido por el Decreto. Sin embargo, a apenas dos semanas de que se cumpla el primer plazo, el próximo 7 de agosto, comunidades autónomas y empresas siguen sin saber exactamente cómo habrán de operar bajo la nueva normativa.
Si bien la CNMC ya ha finalizado una propuesta metodológica (CIR/DE/001/19), dicha propuesta está aún pendiente de recibir vía libre por parte de la Administración. Teniendo en cuenta la actual situación de interinidad del gobierno, es difícil saber si la aprobación llegará a tiempo de cumplir los plazos establecidos por el Real Decreto.
Entre tanto, las comunidades autónomas se enfrentan como buenamente pueden a la tramitación de nuevas instalaciones, haciendo uso de los recursos que han tenido hasta ahora y con buena disposición para con los agentes implicados, lo que, sin embargo, no puede evitar que salgan a la luz las evidentes diferencias entre unas comunidades y otras. De este modo, mientras en comunidades como Andalucía no se aplican tasas para la tramitación de nuevas instalaciones, otras comunidades como Extremadura o Madrid sí las contemplan, con variaciones en el precio. Del mismo modo, para la legalización de nuevas instalaciones fotovoltaicas, algunas comunidades como Asturias o Canarias exigen que la empresa o instalador que realice el proceso se haga también responsable de la instalación ya existente a la que se interconecta la nueva, lo que supone que haya instalaciones que, por potencia instalada, debieran estar exentas de presentar un proyecto de ingeniería pero que han de presentarlo por la necesidad de incluir la instalación ya existente. La disparidad de procesos tiene lugar incluso en los procesos de registro de nuevas instalaciones, que varían tanto en el número y naturaleza de los datos solicitados como en el mismo formato de los documentos establecidos para tal fin.
Compañías distribuidoras y comercializadoras no están exentas tampoco de la incertidumbre actual y continúan a la espera de conocer los procedimientos a los que habrán de adaptarse para llevar a cabo no sólo la comunicación con usuarios y comunidades, sino también la gestión técnica de nuevos mecanismos como el autoconsumo compartido o el ya mencionado sistema de compensación por excedentes de energía de autoconsumo, auténticas medidas “estrella” del nuevo decreto que han venido a revolucionar, al menos sobre el papel, el panorama energético de nuestro país.
Foto: Cambio Energético
La Junta da luz verde a los cambios en la planta fotovoltaica “La Solanilla” en Trujillo, que reduce sus módulos hasta 135.111
La Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio ha formulado la valoración ambiental de la modificación del proyecto de instalación solar fotovoltaica “La Solanilla” e infraestructuras de evacuación asociada, en el término municipal de Trujillo (Cáceres), cuya promotora es FRV La Solanilla, SL. El proyecto cuenta con declaración de impacto ambiental favorable desde septiembre del 2018.
Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura, de 24 de mayo de 2019, la sociedad FRV La Solanilla, SL, ha presentado una modificación del mismo que recoge ajustes constructivos resultado de la elaboración del proyecto de ejecución consistente en:
-El proyecto modificado pasa de 49,995 MWp a 49,991 MWp. de potencia instalada
-La instalación solar fotovoltaica pasa de estar compuesta de 151.500 módulos fotovoltaicos RISEN modelo Trina Solar Mono Duomax de 330 Wp a 135.111 módulos fotovoltaicos RISEN modelo RSM72-6-370MDG de 370 Wp.
-Reducción del número de inversores de 27 a 13 y disminución del número de string de los 5.050 a 4.659 string.
-Disminución de superficie ocupada, de 24,51 hectáreas pasa a 24,11.
– La instalación pasa de 9 campos solares a 7 campos solares, 5 de ellos de 6.446,4 kWp, uno de 6.752,4 y otro de 3.223,20 kWp.
-Cambio de 6 centros de transformación a 7 centros de transformación, uno por cada campo solar, con dos inversores cada uno.
-La conexión de la planta Quijote a la subestación SET “Trujillo 220/30kv pasa de realizarse mediante tres líneas subterráneas a dos líneas subterráneas con cable.
Según la Junta de Extremadura, una vez analizada la documentación que obra en el expediente, no se prevé que de la modificación del proyecto puedan derivarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente ya que no supone: un incremento significativo de emisiones a la atmósfera, un incremento significativo de vertidos a cauces públicos, un incremento significativo de la generación de residuos, un incremento significativo en la utilización de recursos naturales, afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000 ni una afección significativa al patrimonio cultural, por lo que el Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, determina, a los solos efectos ambientales, que la presente modificación del proyecto sometido a evaluación ambiental ordinaria, no tiene efectos adversos significativos en el medio ambiente.
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