Mes: julio 2017
Olga García (Directora General de Industria, Energía y Minas): “Hay que avanzar hacia un modelo energético totalmente descarbonizado y desnuclearizado”
Entrevista con
Olga García
Directora General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura
La Junta de Extremadura ha apoyado con distintas medidas el autoconsumo. ¿Cree que hay voluntad real por parte del Ministerio de Industria de cambiar la legislación?
No, no creemos que haya voluntad alguna para modificar la actual legislación que tanto daño está ocasionando en el sector de las renovables.
¿Hay muchos proyectos de renovables tramitándose en Extremadura?
Hay muchos proyectos de energías renovables, especialmente de fotovoltaica. Son proyectos que han presentado los avales que necesitan para disponer de un punto de conexión a la red eléctrica, y han comenzado o comenzarán la tramitación administrativa. Algunos han manifestado que se presentarían a la subasta de energía renovable y otros desarrollarán sus proyectos al margen de la subasta.
¿Hay una inversión conjunta que se pueda calcular de lo que representaría para la economía extremeña?
El conjunto de los proyectos que han solicitado el punto de acceso a la red suman unos 3.000 Mw de potencia, y una inversión aproximada de 3.000 millones de euros. Pero no podemos afirmar que todos consigan las autorizaciones y se construyan finamente.
¿La implantación de parque eólicos en Extremadura depende ya solo de la voluntad de las empresas promotoras?
Cualquier promotor que solicite una autorización, si la obtiene, no tiene ningún otro impedimento para hacer realidad su proyecto en Extremadura. No hay ninguna norma autonómica para los nuevos proyectos.
La biomasa forestal y asociada a cultivos ofrece grandes alternativas ¿Qué líneas estratégicas quiere seguir la Junta de Extremadura en este sector?
Estamos fomentando el uso de la biomasa con una línea de ayudas a las instalaciones de caldera para uso térmico. Apoyamos la biomasa, que una de las tecnologías menos desarrollada, tanto la agrícola como forestal.
Desde el punto de vista de la movilidad sostenible, ¿la Junta de Extremadura va a apoyar este cambio en su propio parque móvil?
La Junta de Extremadura está trabajando en una Estrategia de Movilidad Eléctrica, para la que contaremos con la implicación de los ayuntamientos. Queremos trabajar con los municipios para que introduzcan la movilidad eléctrica en sus flotas de vehículos, que instalen puntos de recarga en lugares públicos, y, en una primera etapa que los ayuntamientos pudieran dar el paso hacia lo que podríamos considerar una discriminación positiva hacia el vehículo eléctrico, con facilidades para los usuarios, bonificaciones fiscales que otros vehículos no tienen, etc. Y la propia Junta de Extremadura tiene previsto incluir vehículos eléctricos en su parque móvil.
En el debate sobre el alargamiento de la vida útil prevista de las centrales nucleares, ¿qué postura mantiene el Gobierno regional sobre Almaraz?
El Ejecutivo extremeño tiene muy clara su hoja de ruta en materia energética, y es avanzar hacia un modelo energético totalmente descarbonizado y desnuclearizado. El objetivo sería que los combustibles fósiles y la energía nuclear puedan desaparecer, de tal modo que finalmente se utilicen exclusivamente energías renovables. Pero creemos que estas decisiones no se pueden tomar de manera aislada e inconexas unas de otras. No son una mera decisión administrativa, sino que tienen que ser objeto de un debate nacional, con un gran pacto de Estado, que debe incluir el calendario de cierre de las centrales nucleares de España.
Extremadura compite con Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia para atraer las inversiones millonarias en fotovoltaica tras la nueva subasta
El sector fotovoltaico extremeño vuelve a sonreír. La nueva subasta de energías renovables celebrada por el Ministerio de Energía ha adjudicado 5.037 Mw con el máximo descuento, de los que 3.909 Mw serán para proyectos fotovoltaicos. Y de ellos, una buena parte puede acabar siendo realidad en Extremadura. Varias de las empresas adjudicatarias como Cobra-ACS, Endesa, Gas Natural Fenosa, Solaria y OPDE, piensan en las horas de sol de la comunidad extremeña como el mejor reclamo para sus proyectos.
Hay que tener en cuenta que la inversión media por Mw instalado se acerca a los 650.000 euros. Es decir, por cada 100 mw instalados, más de 65 millones de euros en inversiones y miles de horas de jornales. En el camino, tendrá que competir directamente con Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia, comunidades que también cuentan con importantes proyectos solares en marcha. Las empresas prevén que dichos proyectos deberían estar operativos a lo largo del 2019.
La empresa que ha conseguido la mejor parte de la nueva subasta, Cobra, propiedad de ACS que preside Florentino Pérez, agrupa diferentes proyectos e inversores privadas. Ha logrado 1.550 Mw. Esta empresa cuenta con una extensa experiencia en el sector renovable extremeño en el sector termosolar. Otras empresas, como Solaria y OPDE, cuentan con experiencia en la promoción y gestión de parques solares en la región.
Por su parte, Gas Natural Fenosa, a través de Gas Natural Fenosa Renovables, ha resultado adjudicataria de un total de 250 MW de energía fotovoltaica en la subasta, en los que estima invertir hasta 165 millones de euros en el período 2017-2019.
Mientras, Endesa, a través de su división de energías renovables, Enel Green Power España (EGPE), se ha adjudicado 339 MW de capacidad solar fotovoltaica tras la subasta, Endesa invertirá aproximadamente 270 millones de euros en la construcción de la potencia solar que le han sido adjudicada en esta última subasta.
En la subasta también se han adjudicado 1.128 megawatios eólicos, entre los que parece que ninguno se instalará en Extremadura.
Foto: Endesa
La Junta de Extremadura y Endesa firman un acuerdo de adhesión al sistema arbitral de consumo
El presidente del Instituto de Consumo de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, y el director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, se han reunido en Mérida para suscribir un acuerdo de adhesión al sistema arbitral de consumo por el que los extremeños podrán beneficiarse de este mecanismo de supervisión para solucionar los conflictos que se puedan generar entre clientes y la compañía energética.
El acuerdo, que tiene un año de duración prorrogable cada año, contempla la adhesión voluntaria de Endesa al mecanismo de arbitraje que tiene como objetivo la búsqueda de soluciones a conflictos entre personas consumidoras o usuarios finales, y la compañía energética.
Endesa, de este modo, se someterá a un Órgano Arbitral establecido por la propia Junta de Extremadura, formado por licenciados en derecho que tendrán la última palabra en cuestiones planteadas por los clientes, relativas a contrataciones, lectura, facturación y cobro con relación a los suministros energéticos.
El acuerdo contempla la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de los dos firmantes. La finalidad de este órgano será analizar el desarrollo del acuerdo y velar por el cumplimiento del mismo, estableciendo criterios e indicadores de evaluación periódica y dando a conocer los resultados obtenidos.
“Estamos muy orgullosos de poder incluir a Extremadura en el sistema arbitral al que Endesa ya está adherido en otros territorios con gran éxito”, ha señalado Francisco Arteaga durante la firma. “Desde hace más de una década Endesa, que tiene como objetivo respetar y defender los derechos de los consumidores, ha atendido en comunidades como la Andaluza centenares de reclamaciones mediante el Sistema Arbitral (más de 450 expedientes el pasado año) en el que creemos profundamente –ha matizado el director general de Endesa Andalucía y Extremadura- ya que permite que sean terceros quienes dictaminen en base a la legalidad vigente, cómo proceder en casos conflictivos”.
Desde la consejería de Sanidad y Políticas Sociales se viene impulsado esta vía extrajudicial. El consejero, José María Vergeles apuesta por el arbitraje de consumo por ser “rápido, eficaz y económico, que permite resolver fácilmente los desacuerdos que puedan surgir entre los dos protagonistas del consumo: el comprador o usuario y el prestador de servicios o vendedor”.
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