Mes: mayo 2013
“Los ciudadanos se gastan mucho más dinero mensualmente en pagar la factura del teléfono o internet que en la factura de la luz”
Entrevista con
Eugenio Manzano Otero
Presidente de CIDE Extremadura y consejero delegado del Grupo Laura Otero
¿Desde el comienzo de la crisis económica, cuál ha sido la evolución de la demanda eléctrica tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial y de comercios en las zonas donde están presentes empresas asociadas de CIDE Extremadura?
La crisis está teniendo sin duda un impacto en la demanda eléctrica y en el consumo de energía por parte de los usuarios, tanto particulares como empresas. El cierre de negocios, las reducciones de plantilla, etc., todo ello conlleva en muchos casos un menor consumo eléctrico, y esa tendencia la estamos constatando tanto en el conjunto del país como aquí en Extremadura, donde hemos registrado un descenso en la demanda de electricidad del 4%. No obstante los distribuidores de CIDE estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir manteniendo los mismos niveles de calidad y de inversión, y estamos manteniendo, a pesar de la situación actual, los puestos de trabajo.
¿Por qué los cambios de compañía eléctrica son menos habituales en el sector que en otros como el de las telecomunicaciones e incluso el bancario últimamente?
Yo creo que la razón principal es que los ciudadanos se gastan mucho más dinero mensualmente en pagar la factura del teléfono, internet u otros, que en pagar la factura de la luz, y por tanto no consideran una prioridad abaratar ese recibo. No obstante, eso no implica que no se produzcan cambios de compañía eléctrica por parte de los usuarios, si bien es verdad que en el sector eléctrico se dan dos factores decisivos que pueden explicar esa reducida movilidad: No existe verdadera competencia entre compañías eléctricas, y el margen en el sector doméstico es pequeño, debido a que existen precios regulados por el Gobierno.
Desde el punto de vista de la generación con renovables -desde la minihidráulica a la fotovoltaica sobre cubierta-, ¿los últimos cambios normativos pueden frenar las inversiones empresariales de las empresas eléctricas de tamaño pequeño y medio o siguen adelante en el sector?
Estamos realmente preocupados con la situación de incertidumbre en que se halla el sector, a la espera de conocer la reforma energética anunciada por el Gobierno, y que ya ha avanzado que va a repercutir negativamente en las empresas. En lo que respecta a distribución, en España se invierten alrededor de 2.000 millones de euros en el mantenimiento y mejora de las redes de electricidad, y nosotros estamos plenamente dispuestos a seguir invirtiendo, pero entendemos que esas inversiones deben ser reconocidas y retribuidas.
El problema al que nos enfrentamos es de inseguridad jurídica, hay que pensar que la provisionalidad de la retribución a la actividad de distribución eléctrica puede suponer la paralización de las inversiones necesarias para mantener la calidad del suministro, y por eso el nuevo marco regulatorio debe garantizar la seguridad jurídica.
¿La regulación definitiva del autoconsumo eléctrico a nivel nacional y regional puede tener efectos reales para las empresas comercializadoras?
En lo que respecta al autoconsumo, es necesario por parte del regulador establecer unas normas claras y específicas para evitar problemas a futuro entre los distintos agentes implicados. En este sentido en CIDE estamos muy comprometidos con situarnos en la vanguardia de la innovación tecnológica en el ámbito energético, y por ello mismo acabamos de firmar un acuerdo para desarrollar un programa de telegestión de los contadores de electricidad, que va a estar operativo a finales de este año. Esta herramienta va a facilitar a las distribuidoras las lecturas de consumo reflejadas por los contadores en tiempo real, lo que ayudará a la toma de decisiones empresariales.
En cuanto a los consumidores finales, la telegestión les permitirá conocer con mayor precisión sus consumos y modificar sus conductas para reducir el gasto así como ajustar sus tarifas eléctricas.
La Consejería de Agricultura abre el concurso para sustituir líneas eléctricas en Monfragüe por valor de 1,5 millones de euros
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía va a contratar la sustitución de la línea aérea de media tensión, de alimentación al centro de transformación del Castillo de Monfragüe, por otra en montaje subterráneo.
El plazo de ejecución será de ocho meses y el presupuesto total, ya con IVA, es de 741.350 euros, dividido en dos anualidades: 556.012 euros en el 2013 y 185.337 euros en el 2014. La fecha límite para la presentación de ofertas será el 18 de junio en el registro único de la propia Consejería de Agricultura en Mérida.
La Financiación de este proyecto correrá a cargo en un 80% de Fondos FEDER europeos dentro del programa de Fomento de Protección de la Biodiversidad y la Naturaleza.
Asimismo, la Consejería de Agricultura también va a contratar la “construcción de nueva línea aérea de media tensión para la supresión del actual tendido eléctrico, que discurre entre Torrejón el Rubio-Estación de ferrocarril de Monfragüe”.
En este caso, el plazo de ejecución será de diez meses y el importe total del proyecto, ya con IVA, alcanza los 875.854 euros, dividido en dos anualidades: 616.448 euros en el 2013 y 259.405 euros en el 2014.
La fecha límite para la presentación de ofertas será también 18 de junio en el registro único de la propia Consejería de Agricultura en Mérida. La financiación del proyecto, igual que el anterior, corre a cargo en un 80% de los Fondos europeos FEDER de apoyo a la naturaleza.
Foto: Vista de Monfragüe desde el castillo. ©Wikimedia Commons.
La nueva ley que obliga a la certificación energética de viviendas entra en vigor el 1 de junio con multas superiores a 3.000 euros
Aunque ha pasado desapercibida entre la maraña de noticias sobre el déficit de tarifa o la nueva reforma energética que prepara el equipo del ministro Soria, la obligatoriedad de contar con un certificado energético a partir del 1 de junio para poder vender o alquilar una vivienda que fuese construida antes del año 2007 ya es una realidad.
La medida ha sido ya publicada en el Boletín Oficial del Estado tras su aprobación en un Consejo de Ministros del mes de abril y afectará tanto a viviendas particulares como a promotoras inmobiliarias o edificios de titularidad pública.
Las viviendas contarán a partir de ahora con diferentes distintivos, por letras y colores: desde la A, que supone la mejor calificación por su alto ahorro energético hasta la G, la de mayor gasto. En colores, el verde supondrá el mayor ahorro y el rojo, el mayor gasto. Las inspecciones para que se cumplan la nueva Ley dependerán de las diferentes comunidades autónomas que podrán aplicar sanciones desde 3.000 hasta los 600.000 euros.
La Ley no ofrece ningún periodo transitorio de aplicación por lo que se pueden imponer sanciones por incumplimiento de la norma desde el próximo 1 de junio.
Las primeras en aprovechar el negocio que implicará la nueva legislación sobre certificación energética han sido las propias tasadoras inmobiliarias quienes ya ofrecen a sus clientes los servicios de certificación energética para que los contratos de compraventa cumplan con la Ley. Los colegios de arquitectos también han realizado cursos de formación para sus asociados para que puedan prestar estos servicios.
En el caso de los contratos de alquiler, los expertos aseguran que su aplicación será más complicada de cumplir al tratarse de un mercado en el que no siempre “se firma en blanco”.
Una de las incertidumbres que plantea la nueva ley es la no fijación de tarifas o baremos oficiales. Es decir, el precio que cobrarán las empresas especializadas por emitir el certificado es libre y puede oscilar entre los 200 euros de media para un piso en una ciudad y los 450 euros de un chalet adosado.
Desde su contratación, en menos de una semana, el propietario tendrá en su mano el certificado energético.
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Energía de Extremadura 