Mes: marzo 2012
Acciona inaugura en México el mayor complejo eólico de América Latina con 306 MW de potencia
El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ha inaugurado los parques eólicos Oaxaca II, III y IV, propiedad de Acciona, que constituyen el mayor complejo eólico de América Latina, con 306 MW de potencia operativa. El mandatario mexicano estuvo acompañado por el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, quien ha reafirmado el compromiso de la Compañía con el desarrollo sostenible de México y los objetivos de implantación de energías renovables en el país.
Acciona es líder en energía eólica en México, con 556,5 MW distribuidos en cuatro parques -los tres citados y Eurus (250,5 MW)-, lo que representa el 65% de la potencia operativa en el país. Todos ellos están situados en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), zona de muy destacado recurso eólico.
La compañía finalizó el montaje de los 204 aerogeneradores que completan estas instalaciones, todos ellos de 1,5 MW de tecnología Acciona Windpower, en septiembre de 2011; entre octubre y diciembre del pasado año se llevó a cabo su energización y progresiva conexión a red, y en los primeros meses de 2012 se ha producido su entrada en operación comercial.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que adjudicó a Acciona la construcción y explotación de estos tres parques en marzo de 2010, estima que la producción media anual de los mismos será de 1.129 millones de kilovatios hora. Representa el consumo energético de 700.000 hogares mexicanos, y evitará la emisión anual a la atmósfera de 670 millones de toneladas de CO2, equivalentes al esfuerzo de depuración de 33,5 millones de árboles en el proceso de fotosíntesis.
Acciona Energía cuenta ya en México con un parque eólico de 250,5 MW -Eurus, operativo desde 2009-, que suministra electricidad a plantas de la cementera Cemex en México.
La empresa extremeña Solventia crea una filial de cogeneración
Una de las empresas de construcción y servicios más importantes del sector eléctrico en Extremadura, Solventia, con sede en Zafra (Badajoz), acaba de crear la filial Solventia Cogeneración S.L. Se trata de una sociedad inscrita en el registro a finales del 2011 con un capital social de 100.000 euros que tiene por objeto la promoción y realización de proyectos de instalaciones de energía térmica y eléctrica, así como su explotación. La empresa tiene su sede en las oficinas de su matriz, en el Polígono Industrial municipal de Zafra.
La empresa Solventia tiene detrás toda la historia y experiencia de la empresa Eléctricos Vázquez S.L., creada por Jesús Vázquez Barrero en el año 1969. Desde sus inicios la empresa prestó especial atención a la ejecución de proyectos eléctricos de alta y baja tensión, así como al mantenimiento industrial, desde el bobinado de motores hasta instalaciones de climatización, calefacción, gas o telecomunicaciones.
A mediados de los 90 entra en el negocio de la obra civil y pocos años más tarde, con el boom de las energías renovables en Extremadura, se convierte en una de las principales empresas de servicios de grandes proyectos termosolares y fotovoltaicos. Entre ellos, la obra civil de la planta termosolar de 50 Mw de La Risca.
También ha realizado otros importantes proyectos en Extremadura, Andalucía e incluso en Alemania para clientes como Bio Oils, Tussol, Deutz Diter, Argal o el Hotel Balneario El Raposo en Puebla de Sancho Pérez.
Con la creación de Solventia Cogeneración, la empresa que ahora dirige Jesús Vázquez Guerrero da un paso más en su diversificación y su apuesta por las renovables.
El Gobierno de Extremadura estudia llevar al Tribunal Constitucional el fin de las primas a las renovables por el daño a la economía regional
Al igual que hizo en su día contra la limitación a las primas en la energía fotovoltaica por las menores horas de sol incentivadas, el Gobierno de Extremadura que preside José Antonio Monago ha acordado solicitar al Consejo Consultivo un dictamen sobre la procedencia de interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
El consejero de de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri (en la foto junto a la vicepresidenta de Extremadura, Cristina Teniente) ha justificado este acuerdo en el perjuicio que esta decisión del Gobierno central causa a Extremadura, no sólo en lo que se refiere a la supresión de las ayudas económicas a la producción de este tipo de energías renovables, sino porque en el Real Decreto no se determina el plazo de duración de la suspensión de las primas. El consejero criticó que el Ministerio de Industria no hubiera informado a las comunidades más afectadas antes de tomar su decisión ni de buscar otras “soluciones”.
Echávarri ha dicho, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, que esta decisión del Gobierno llega en un momento en el que Extremadura había alcanzado una posición de liderazgo en la promoción de este tipo de producción energética que, de hecho, era una de las estrategias de desarrollo regional al considerar que son una oportunidad para promover la industria extremeña, con la puesta en marcha de proyectos innovadores en el campo de la energía termosolar, eólica y de biomasa, y en la generación de empleo.
El consejero ha señalado también que la supresión de las primas a energías renovables repercutirá negativamente en el PIB regional, en la generación de empleo, en la reducción del déficit público y en una mayor recaudación fiscal, a lo que se suma que el no poner fecha para el final de esta suspensión de primas provoca una indefensión jurídica que repercute negativamente en la posición de liderazgo y competitividad de las empresas extremeñas para abordar el mercado exterior.
Según los datos del consejero, hasta el año 2015 hay proyectados en la región 906 megawatios, con una inversión prevista de 5.463 millones de euros, que supondrían ingresos municipales de 327 millones, en torno a los 4.000 empleos fijos y más de 16.000 durante la construcción de infraestructuras.
El Gobierno de Extremadura es el primero que públicamente se plantea llevar al Constitucional dicho decreto del Gobierno central.
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