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La nuclear, la hidráulica, la termosolar con gas y los grandes proyectos fotovoltaicos sufrirán el mayor impacto por las nuevas tasas eléctricas en Extremadura
La reforma eléctrica presentada finalmente por el Ministerio de Industria días atrás para tratar de solventar el creciente déficit de tarifa tendrá un importante impacto en las actividad nuclear y e hidroeléctrica de Extremadura, teniendo en cuenta que la región es la segunda productora nacional de energía nuclear y la cuarta en hidroeléctrica.
Además de la tasa general sobre los ingresos del 6% que se aplicará a la producción eléctrica, que afectará por igual a las actividades de régimen ordinario y a las renovables, el Ministerio de Industria anunció un impuesto nuclear que pretende recaudar hasta 269 millones de euros hasta el año 2015 y un canon hidroeléctrico de 304,2 millones de euros.
También está prevista la aplicación de distintos “céntimos verdes”, aunque en el caso del carbón y el uso de fuel para generación eléctrica no tendrá un impacto directo en la actividad energética de la región. La que se ha salvado por el momento de este nuevo paquete de tasas es el impuesto especial de hidrocarburos, que permanece igual que hasta ahora.
Hay que tener en cuenta que las empresas propietarias de las centrales nucleares ya abonan una tasa para hacer frente a los costes de gestión de los residuos de los que se ocupa Enresa. Ahora, con el nuevo impuesto aprobado, tendrán que abonar 2.190 euros por kilo de metal pesado, y entre 1.000 y 6.000 euros por metro cúbico en las de baja-media y muy baja actividad. Otro tributo guarda relación con la futura actividad del Almacén Temporal Centralizado (ATC) aún en fase de proyecto y cuyo inicio está resultando más complejo de lo previsto.
Otro de los aspectos que tendrá más consecuencias negativas para el sector energético en Extremadura será la eliminación de la prima imputable a las plantas termosolares que usen gas. La valoración sobre el impacto económico de esta medida varía radicalmente si las estaciones las realiza el Ministerio o si son las empresas del sector quien las evalúa. Para estas últimas, la merma puede superar el 12% de las primas que reciben.
Por su parte, los grandes proyectos fotovoltaicos presentados meses atrás en la región por empresas extremeñas como Ecoenergías del Guadiana, Valsolar o la alemana Gehrlicher valoran en la actualidad el impacto sobre la rentabilidad que tendrá la nueva tasa a la generación del 6% y las consecuencias que tendrá en la búsqueda de financiación y de inversores internacionales que acometen en estos momentos.
Si el calendario de tramitación como proyecto de ley avanzado por el Ministerio de Industria se cumple, los diferentes tributos y tasas aprobados deberían entrar en vigor el próximo mes de enero, con lo que las grandes empresas del sector ya hacen cálculos para valorar el impacto que tendrán en sus cuentas de resultados.
José Antonio Echávarri pide al Gobierno que reconsidere la idea de imponer nuevas cargas al sector energético por el “futuro de Extremadura”
El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, José Antonio Echávarri, se muestra disconforme con las medidas que pretende abordar el Ministerio de Industria sobre nuevas tasas a la generación, que sería especialmente perjudiciales para Extremadura en grandes proyectos fotovoltaicos y de biomasa en marcha.
Estas son sus reflexiones sobre lo que se juega Extremadura y su economía con estas medidas y otras anteriores tomadas tanto por Gobiernos del PSOE como el PP.
“En el caso del sector energético, tras años de desidia, el actual Gobierno ha heredado un déficit tarifario de 24.000 millones de euros, una situación que somos conscientes de que es necesario abordar. De hecho, somos los primeros en admitir que las primas recibidas por determinados sectores se han convertido en una fuente de especulación
El anterior Ejecutivo ya dio un hachazo al sector fotovoltaico a través del Real Decreto Ley 14/2010, un ejemplo de lo que no se debe hacer en política. Porque esa norma cambiaba las reglas a mitad de juego con efecto retroactivo y perjudicaba a Extremadura al establecer un límite anual a las horas con derecho a prima. El actual Gobierno de Extremadura recurrió aquella norma ante el Constitucional.
En enero de este mismo año Industria daba luz verde a otro Real Decreto Ley que venía a suspender temporalmente la asignación de nuevas primas a todos los proyectos de energías renovables. Y otra vez el Gobierno de Extremadura dejó clara su postura en defensa del sector, su rechazo a las formas y al fondo de la normativa y su intención de recurrirla también ante el Constitucional.
Estas dos normas sumieron al sector en un ambiente de inseguridad jurídica y empresarial, e hicieron caer las expectativas de un sector que estaba llamado a ser uno de los motores de la economía extremeña. Tanto como que se calcula que en el horizonte 2015 los proyectos previstos en Extremadura iban a invertir 5.000 millones de euros y a crear más de 14.000 empleos.
Las expectativas de futuro de Extremadura se centraban especialmente en dos subsectores con gran potencial, como son el fotovoltaico -que está en disposición de producir sin primas a determinada escala- y la biomasa -que crea mucho empleo directo en ámbitos rurales y puede prevenir los incendios forestales. Así se lo transmitimos al ministro, José Manuel Soria, en una reunión el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, y yo mismo.
En ese encuentro el ministro nos transmitió que la apuesta debía ser la de proyectos que no precisasen de primas para ser rentables, y en ese nuevo escenario buscamos nuevas soluciones, que pasaban por la biomasa y los grandes proyectos fotovoltaicos. Y también por la necesidad de que se regule el “autoconsumo de energía eléctrica mediante balance neto”, entendiéndola como la mejor medida de ahorro y eficiencia energética.
Los avances que estamos alcanzando en los tres frentes son destacables, y especialmente en el ámbito fotovoltaico, donde hemos logrado atraer hasta la fecha tres grandes plantas avaladas por empresas dispuestas a invertir en Extremadura casi 1.500 millones de euros y a generar más de 6.500 puestos de trabajo.
Pero es en este marco cuando surge la noticia de que el Gobierno central estudia aprobar un nuevo esquema de fiscalidad energética. Un esquema que, entre otras cosas, incluiría una carga impositiva del 4% de la facturación para la producción en régimen ordinario y del 19% sobre la fotovoltaica en régimen especial. Algo que iría directamente contra la línea de flotación de esos tres grandes proyectos fotovoltaicos y también afectaría a la rentabilidad de las plantas fotovoltaicas ya operativas.
Y a esto tenemos que sumar la modificación normativa estatal que pretende que la llamada ‘ecotasa’, el impuesto autonómico que grava el impacto medioambiental de la producción y transporte de energía, sea pagado por los extremeños en lugar de por las empresas. Un impuesto que pretende establecer una mínima compensación por el impacto que generan grandes infraestructuras energéticas que exportan a otras regiones el 95% de su producción sin dejar en la comunidad fondos vía impuestos.
El Gobierno de Extremadura tiene claro que las energías renovables no son sólo una oportunidad, sino una obligación para nuestro futuro, un tren que no podemos perder. Por todo eso Extremadura quiere decir NO. Porque no es razonable ni coherente hacer que el déficit de tarifa recaiga sobre los proyectos que van a mercado. Porque no es razonable ni coherente tomar decisiones que afectan a las comunidades sin consultarlas. Porque no parece razonable ni coherente frenar un sector capaz de generar riqueza y empleo en tiempos de crisis. Porque no parece razonable ni coherente que un impuesto a las empresas eléctricas lo paguen los extremeños. Porque creemos que hay otras opciones para atajar el déficit tarifario sin lastrar el futuro de Extremadura.
Desde Extremadura pedimos al Gobierno central que recapacite, que consulte con las comunidades antes de tomar cualquier decisión que afecte a su futuro y que reconsidere la idea de imponer nuevas cargas al sector energético. Porque es nuestra obligación. Porque es nuestro futuro”.
El ministro Soria cortocircuita los planes inversores y fiscales del Gobierno de Extremadura en el sector eléctrico
El ministro de Industria, Turismo y Energía, el canario José Manuel Soria, se ha convertido en un dolor de cabeza inesperado para los planes de inversión e ingresos fiscales del Gobierno extremeño y su presidente a la cabeza, José Antonio Monago.
Si primero fue la moratoria sine die a las primas de los proyectos renovables, que dejó en el camino inversiones millonarias y cientos de proyectos en la región, más tarde ha sido la negativa a cargar a las eléctricas la denominada ecotasa que la Asamblea de Extremadura aprobó el 21 de junio para ingresar unos 20 millones de euros adicionales -hasta un total recaudado de 90 millones anuales- y tenerlo que hacer por ley contra el bolsillo de los clientes.
Una subida que se uniría a la aplicada en los últimos meses y que puede no ser la última del año, según los propios responsables de Industria. El canon fijado para las eléctricas era de 0,005 euros por kilovatio producido al que se añadirían 700 euros por kilometro de tendido. Está por ver la fecha de aplicación efectiva del recargo, que podría demorarse hasta el 2013.
El consejero de Economía de Extremadura, Antonio Fernández, ha manifestado que el ejecutivo regional está en desacuerdo con el Gobierno español “en el fondo y en la forma” por la obligación de cargar estos impuestos regionales a los clientes y por no haberlo consensuado con las comunidades autónomas.
Aunque la medida más negativa para la región sería la pretensión del Gobierno central de crear un impuesto sobre la generación eléctrica tanto de plantas ordinarias (nucleares, hidroeléctricas, ciclo combinado) como del régimen especial (fotovoltaica, termosolar, eólica, biomasa).
Esta tasa a la generación -que iría del 4 al 19% según el tipo de energía- sería un torpedo a la línea de flotación de los grandes proyectos fotovoltaicos sin primas anunciados semanas atrás por el gobierno regional y que actualmente están buscando financiación entre grandes bancos y fondos de inversión internacionales.
De aprobarse estas tasas a la generación en las cifras adelantadas, el retorno de la inversión en esos proyectos que ya nacen sin prima se vería muy comprometido, como ha reconocido la propia Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Estas tasas también serían un varapalo para los proyectos termosolares en construcción y futuros –de grandes grupos como Abengoa, Acciona, ACS o Ibereólica– y también para los de biomasa forestal y agraria en proyecto, alguno de ellos muy avanzados.
Por lo pronto, el Gobierno regional quiere aplazar la aplicación de la ecotasa hasta conocer el punto de vista del Tribunal Constitucional, para no cargar con una nueva subida de la luz a los contribuyentes. La negativa a que sean las eléctricas las que paguen la denominada ecotasa, que podría suponer hasta subidas del 10% en el recibido de la luz dependiendo del tipo de cliente, ha provocado también que el Gobierno de Extremadura acelere la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la decisión del Ministerio de Industria de imponer una moratoria a las primas de las renovables.
Según ha declarado el consejero de Agricultura, José Antonio Echávarri, del que depende la Dirección General de Energía, dicho recurso se presentará en septiembre tras evaluar los servicios jurídicos del Gobierno regional su viabilidad.
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