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La Junta calcula que las pérdidas para proyectos renovables pueden llegar al 28% en los próximos 15 años con la reforma del Ministerio
Aunque aún no se conocen en detalle los métodos de cálculo que empleará el Ministerio de Industria para abonar las primas a los proyectos renovables, el Gobierno de Extremadura tiene claro que el nuevo sistema supondrá un grave perjuicio económico para los mismos.
En la rueda de prensa que dio la vicepresidenta del Gobierno regional, Cristina Teniente, se aseguró que el recorte de las primas «cambias las previsiones de ingresos» de los proyectos ya en marcha y genera «inseguridad» en los inversores. La vicepresidenta avanzó que la supresión de las primas supondrá en los próximos 15 años unas pérdidas de entre el 17,9% y el 28% según el tipo de energía.
La propia Comisión Nacional de la Energía ha puesto en duda en un reciente informe la complejidad de estos sistemas de cálculo que tras varios meses aún no han visto la luz.
El Ministerio de Industria ha contratado a The Boston Consulting Group y Roland Berger Strategy Consultants para que elaboren los estándares de los costes de inversión y operación que servirán de baremo para fijar la remuneración de las energías del régimen especial y de cogeneración.
La nueva regulación elimina el sistema de primas a la producción y crea uno nuevo que reconocería los costes de inversión y una rentabilidad media del 7,5% que tenga en cuenta toda la vida regulatoria. Aunque el texto aprobado por el Ministerio de Industria es muy ambiguo a la hora de concretar cómo se realizará dicho cálculo.
Por todo ello, y con el respaldo del dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura, el Gobierno regional ha aprobado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, que reformaba distintos aspectos de la remuneración del sistema eléctrico español. Un recurso al que el propio ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, ha asegurado en una reciente entrevista en El País que “tendrá poco recorrido”.
Con el anunciado días atrás, el gobierno regional tendrá ya en el Tribunal Constitucional cinco recursos relacionados de una u otra forma con el sistema eléctrico: dos contra la rebaja de la remuneración de las energías renovables, uno sobre la denominada ecotasa y otro sobre la facturación de los clientes.
La Federación Nacional de Regantes de España estima en 100 millones de euros el sobrecoste de la reforma energética del Gobierno
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) estima en unos 100 millones de euros anuales el sobrecoste que tendrá que asumir el sector agrario tras la reforma energética puesta en marcha recientemente por el Ministerio de Industria para compensar el denominado déficit de tarifa.
Según Fenacore, la factura de la luz pasará ahora a representar el 41% de los gastos generales de las comunidades de regantes o lo que es lo mismo, seis puntos porcentuales más que antes de la reforma, lo que convierte los costes energéticos en una partida «completamente inasumible» para el regadío, poniendo en peligro su continuidad.
En definitiva, el encarecimiento medio de la factura eléctrica de los regantes será superior al 15%, llegando incluso a superar ampliamente el 20% en determinadas comunidades, en función de las potencias contratadas y los consumos realizados en cada caso.
En un análisis más detallado de esta organización, la reforma energética provocará que las tarifas de alta tensión por las que se rige el regadío registren un incremento del término de potencia del 115%, que se añadirá a las subidas de más del 450% que ha experimentado ya en los últimos cuatro años, desde la supresión de los tarifas especiales para el riego.
Según la Federación de Regantes, aunque la tarifa que grava el consumo (término fijo de la energía) se reducirá en un 65%, apenas beneficiará a los regantes, ya que su impacto real en factura sólo se apreciará sensiblemente durante los meses más intensivos en riego (julio y agosto) y, por tanto, de mayor consumo energético.
Con el fin de compensar esta subida de la factura eléctrica y proteger la competitividad de la agricultura, la Federación ha solicitado al Ministerio de Industria que las comunidades de regantes paguen únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre).
Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, «los actuales costes energéticos hacen completamente inviable el regadío modernizado. Sólo unas tarifas mejor adaptadas y más competitivas garantizarían su viabilidad”.
Las grandes empresas energéticas piden a Bruselas mejorar los intercambios entre países y limitar la factura de la energía
Nueve de las mayores empresas energéticas europeas (Enel, Iberdrola, ENI, E-On, Gas Natural Fenosa, RWE, Vattenfall, GDF Suez y GasTerra) han presentado ante el Comisario Europeo de Energía, Günther Oettinger y el Parlamento Europeo, medidas concretas para redefinir la política energética de Europa.
Según los responsables empresariales, “los esfuerzos realizados por las empresas energéticas para atraer a los necesarios inversores privados se han visto obstaculizados por la incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones, en parte debido a la falta de un marco de política energética claro, previsible y objetivo basado en una regulación estable y predecible.
La seguridad de suministro energético ya no está garantizada, las emisiones de CO2 actualmente están creciendo, no se están llevando a cabo las precisas inversiones en el sector y los precios de la energía están aumentando drásticamente”.
Entre las medidas concretas presentadas por las grandes compañías energéticas europeas destacan el limitar el aumento de las facturas de la energía.
Los líderes de la industria proponen “garantizar que la factura de energía refleje en la medida de lo posible los costes del mercado y que no pueda ser un vehículo para la financiación de otras políticas y permitirá la transición a un sistema energético más eficiente en costes; y también fomentar la integración en el mercado de las nuevas capacidades que ofrecen las tecnologías renovables más maduras (teniendo en cuenta, en particular, las previsiones de la curva de aprendizaje) con el fin de aumentar la competencia”.
Otra de las reivindicaciones de las grandes empresas europeas es que los consumidores “deberían disfrutar de un suministro energético ininterrumpido y completamente fiable», para lo que piden facilitar los intercambios energéticos.
La gran industria también pide “aprovechar toda la capacidad de generación existente que contribuya a la seguridad del suministro en vez de subvencionar nuevos proyectos que puedan socavar la igualdad de condiciones entre las tecnologías competitivas”.
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