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Abengoa demanda al Gobierno español por “expropiación” de sus plantas termosolares, entre ellas las extremeñas Solaben 2 y 3 en Logrosán

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El grupo sevillano Abengoa, uno de los dos mayores de España en el negocio de la energía solar, ha aprovechado su salida a Bolsa en el mercado electrónico del Nasdaq de Estados Unidos, para anunciar la demanda de arbitraje que ha presentado contra el Gobierno español.

En este caso, Abengoa asegura haber presentado el pasado mes de junio una demanda internacional a través de su filial CSP Equity Investment Sarl, domiciliada en Luxemburgo, por vulnerar el Tratado de la Carta de la Energía.

Las acusaciones del grupo español son claras y ya había sido puestas de manifiesto por otros fondos de inversiones extranjeros con intereses en el negocio termosolar y fotovoltaico: “Nuestra demanda de arbitraje alega que la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment y constituye una expropiación”.

La filial de Abengoa radicada en Luxemburgo mantiene la propiedad de seis plantas termosolares en España, entre ellas dos en Extremadura en la localidad cacereña de Logrosán.

La demanda figura en el folleto registrado por el grupo español ante la SEC, la entidad estadounidense similar a nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde es obligatorio incluir todo tipo de procesos judiciales en los que esté inmersa cualquier empresa que quiera salir a Bolsa.

Abengoa ha desarrollado en Extremadura el mayor complejo termosolar de España, la denominada Plataforma Solar Extremadura, donde cuenta con el 70% del capital, mientras que el grupo japonés Itochu Corporation dispone del 30% restante.

La Plataforma consta de cuatro plantas termosolares de 50 Mw de potencia cada una y de un parque solar de 110 hectáreas. Dos de las plantas, Solaben 2 y 3, están operativas desde el 2012 mientras que las otras dos, Solaben 1 y Solaben 6, lo están desde agosto del 2013. El proyecto inicial constaba de más plantas termosolares en el municipio cacereño.

Las asociaciones empresariales del sector, en especial Protermosolar, ya habían avanzado durante los últimos meses que las distintas medidas tomadas por el Ministerio de Industria, especialmente por su carácter retroactivo, iban a provocar un aluvión de demandas internacionales por parte de empresas y fondos de inversión propietarios de proyectos termosolares.

El proceso judicial puede durar varios años y las compañías están reclamando en sus demandas una indemnización millonaria por cada año de reducción de sus ingresos previstos.

Foto: Vista aérea de la Plataforma Solar Extremadura de Abengoa en Logrosán

La patronal eléctrica UNESA duda de que se vaya a solucionar el déficit de tarifa con las medidas del Ministerio de Industria

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Las empresas asociadas en UNESA, la asociación que agrupa a los grandes grupos eléctricos que operan en el mercado español, se preguntan cómo es posible que siga generándose déficit de tarifa eléctrica, tras los nuevos impuestos y los recortes que el Gobierno ha aplicado durante los dos últimos años con el objetivo de acabar con el mismo.

Según cálculos del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el déficit de tarifa, al cierre de 2013, estará probablemente en el entorno de los 2.500 o 3.000 millones de euros.

Este déficit se genera a pesar de que en los dos últimos ejercicios las compañías de esta Asociación han sufrido importantes recortes, con un impacto total de más de 4.500 millones de euros.

Según UNESA, sus empresas “no sólo están obligadas a financiar el déficit sino que además, tendrán que financiar nuevos déficits. Seguir financiando y soportando en nuestros balances importantes partidas del déficit nos parece incompatible con el enorme esfuerzo económico que ya hemos realizado”, aseguran desde UNESA.

Según los responsables de la patronal eléctrica, “esta situación nos hace dudar de que en un futuro se vaya a conseguir el objetivo de solucionar y resolver el grave problema del déficit de tarifa”.

“Cuando el Tribunal Constitucional resuelva puede ser ya tarde para Extremadura como destino de inversión en renovables”

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José Antonio EchávarriPrimera parte
Entrevista con
José Antonio Echávarri
Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura

Extremadura es una potencia en materia energética siendo el generador de gran parte de la energía que consumen otras regiones como Madrid ¿se valora lo suficiente esta aportación de Extremadura a la actividad económica española?

Extremadura juega, efectivamente, un importante papel en el contexto energético de España, principalmente en la actividad de generación de energía eléctrica y más concretamente en la generación de energía eléctrica renovable. Y ahí están los datos, que hablan por sí solos.

En 2011, la aportación de Extremadura al conjunto de la generación de energía eléctrica del sistema eléctrico peninsular fue del 7,8% y del 6,2% a la generación de energía eléctrica renovable. Valores ambos muy por encima de la contribución de Extremadura a España en otros indicadores socio-económicos.

Se constata que Extremadura es una región netamente exportadora de energía eléctrica, exportando el 78% de la energía eléctrica neta que genera, siendo en 2011 la segunda de todas las Comunidades Autónomas en términos de exportación de energía (-16.151 GWh), sólo por detrás de Castilla y León.

La generación de energía eléctrica es una actividad, por tanto, que tiene un peso específico en la economía regional y en el desarrollo de nuestra Comunidad. Pero es que, además, esta vocación energética de Extremadura no es de hace unos años, sino que tiene una larga tradición, como demuestran sus instalaciones de generación hidráulica que datan de los años 50, sus centrales nucleares de los años 80 (Almaraz y Valdecaballeros, ésta última sin actividad) y las instalaciones de energías renovables en régimen especial desarrolladas en los últimos años.

Extremadura ha sido una de las regiones, junto con Galicia, más combativas contra los cambios normativos para las energías renovables decretados por el Ministerio de Industria. Si el Tribunal Constitucional les da la razón ¿creen que el Ministerio tiene margen para cambiar su política?

Obviamente cuando el Tribunal Constitucional resuelva, y si resuelve dándonos la razón, el Ministerio tendrá necesariamente que cambiar su actual política energética centrada exclusivamente en ajustar el déficit de tarifa del sistema eléctrico español. Y será por pura obligación legal. Pero es que además las Directivas Europeas relativas al fomento de la eficiencia energética y las energías renovables son muy claras al respecto y van a obligar igualmente a cambiar su política.

El problema está en que cuando ello suceda, seguramente será ya tarde. Tarde para las empresas y los proyectos del sector de las renovables que se hayan quedado en el camino. Tarde para Extremadura como destino de inversión en renovables, como oportunidad estratégica que se nos presentaba a las Comunidades Autónomas del sur de España para converger por esta vía con el resto de regiones de la nación. Y tarde para el cumplimiento de los objetivos 2020 en materia de clima y energía a los que España está obligada por la Estrategia Europa 2020.

Por ello, hemos remitido ya varias propuestas al Ministerio, debidamente justificadas con argumentos y con razones, para hacerles cambiar su política y hacerles ver que existen otras formas, y que la urgencia de una solución al déficit de tarifa no debe precipitar a España hacia alternativas convencionales que nos alejen de nuestros homólogos europeos.

El Ministerio de Industria no parece muy dispuesto a dialogar con las asociaciones de renovables que defienden otro modelo ¿Lo seguirá intentando el Gobierno de Extremadura?

Vamos a seguir instando al Ministerio a que la reforma del sector eléctrico que han anunciado, sea una reforma integral del sistema energético español, que fije la prioridad en un suministro seguro de energía limpia al menor coste posible para los ciudadanos, para las empresas e industrias, permitiendo así que nuestra economía pueda ser cada vez más competitiva, definiendo una verdadera planificación energética, con un marco normativo y regulatorio definitivamente estable, que restablezca la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza en el sector.

En todo caso, no debemos pensar tampoco que el fin de las primas es el fin de las renovables. Desde el Gobierno de Extremadura creemos que existe mucho recorrido de las renovables aplicadas al ahorro y a la eficiencia energética, como es el caso de la biomasa térmica, de la solar térmica o la fotovoltaica para autoconsumo.

¿Qué es lo que más preocupa a los grandes proyectos fotovoltaicos en desarrollo en la región actualmente?

Cuestiones relevantes para ellos son la inclusión de las infraestructuras de conexión a la red de transporte en la nueva planificación de la red eléctrica de transporte, o la regulación de la preferencia en el despacho de la energía renovable en el ámbito del régimen ordinario, acorde a la Directiva Europea 2009/28/CE y que hasta la fecha sólo se ha traspuesto para las renovables en régimen especial a través del Real Decreto 661/2007. Cuestiones todas ellas que dependen del Ministerio.

En estos aspectos, así como en  la obtención de las autorizaciones, se está trabajando coordinadamente con los promotores y con el Ministerio, para que podamos resolverlas y que más pronto que tarde estos proyectos sean una realidad en Extremadura.

Lo que sí es cierto es que tanto cambio normativo en el sector eléctrico en los últimos tiempos ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza que hace más difícil la obtención de la financiación. Pero en cualquier caso, creemos firmemente en estos proyectos porque se trata de generación renovable sin primas, a lo que nada ni nadie se podrá oponer, al menos de manera indefinida.