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El 65% de los consumidores eléctricos pagó menos de 46 euros al mes en 2014 según Unesa
El 65% de los consumidores eléctricos españoles pagó en su recibo mensual menos de 46 euros en el año 2014 según los datos de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA).
Este porcentaje supone que 17,7 millones de los 27 millones de consumidores domésticos -con una potencia contratada inferior a 10 kW- que hay en España tuvieron en dicho ejercicio una factura eléctrica inferior a los citados 46 euros al mes.
En concreto, 11,7 millones de consumidores -el 43% del total de los contratos- pagaron en su recibo eléctrico menos de 33 euros mensuales, mientras que seis millones -el 22%- pagaron entre 33 y 46 euros al mes por la electricidad.
Asimismo, el recibo de 3,4 millones de consumidores -el 12,5%- se situó entre los 46 y los 58 euros. y el de 800.000 consumidores -menos del 3% del total- estuvo en la horquilla que va de los 67 a los 75 euros. Finalmente, 2,9 millones de consumidores -el 10,7% del total- superaron los 75 euros mensuales de recibo eléctrico.
De las cantidades que pagaron en 2014 los consumidores españoles en su factura eléctrica, aproximadamente el 20,7% estuvo destinado al pago de impuestos -IVA más el impuesto eléctrico- y el 25% tuvo por fin el pago de otros costes ajenos al suministro eléctrico (como las subvenciones a las energías renovables y la cogeneración –que suponen un 12% de la factura– y la financiación del déficit de tarifa –que representa un 8% de la misma–, entre otros).
Las partidas directamente vinculadas con el suministro de energía eléctrica supusieron el 54% restante: el transporte y la distribución de la electricidad desde las instalaciones de generación hasta los puntos de consumo significó el 18% del total de la factura y la energía representó el 36% del recibo.
La rebaja de petróleo y gas reducirá el déficit energético de España en 3.500 millones de euros en 2014
El déficit energético español, fundamentalmente basado en las importaciones de petróleo y gas, dará un gran respiro durante este año 2014.
Con el precio del petróleo en la frontera de los 60 dólares el barril Brent –un 50% por debajo de su precio hace sólo medio año– las previsiones del Ministerio de Economía y el de Industria sobre lo que se ahorrará España entre 2014 y 2015, alcanzan los 10.000 millones de euros. Una cifra que variará en función del precio medio del barril durante el año y el tipo de cambio del dólar frente al euro. Sólo este año, España puede llegar a gastarse hasta 3.500 millones de euros menos en importar petróleo y gas.
Pero pese a la fuerte bajada del precio del petróleo, España paga una factura muy elevada por importar hidrocarburos. Entre enero y septiembre de este año, nuestro país importó productos energéticos (petróleo, gas, carbón…) por valor de 42.700 millones de euros mientras que las exportaciones de este tipo de productos se quedaron en los 13.200 millones de euros. Es decir el saldo negativo supera los 29.500 millones de euros.
Si la tendencia en los tres últimos meses del año se mantiene como en septiembre a la baja, al acabar el año España se habrá gastado en torno a los 31.000 millones de euros en importar productos energéticos del exterior.
La rebaja del precio del petróleo viene acompañada además de una bajada de los precios del gas en los mercados internacionales, en torno a un 14% menos que en el año anterior durante el mes de septiembre. El gas supone una sexta parte del déficit energético total de España.
Para el primer semestre del año, muchos servicios de estudios de entidades financieras prevén un precio del barril de petróleo de 76,25 dólares, algo superior al de las últimas semanas de diciembre.
“Las reglas del juego no se pueden cambiar de manera unilateral a mitad de la partida, comprometiendo la viabilidad actual y futura de todo un sector”
Primera parte
Entrevista con
Carolina Grau
Directora General de Industria y Energía del Gobierno de Extremadura
El Gobierno de Extremadura ha sido uno de los más activos en los recursos contra la nueva normativa que regula la retribución a las renovables. El Ministerio de Industria ha dicho que esos recursos no prosperarán. ¿Confían en que sí lo hagan y en qué sentido?
Ciertamente el Gobierno de Extremadura ha sido muy proactivo en el seguimiento del impacto de la normativa nacional en materia energética, puesto que somos conscientes de que Extremadura es una de las comunidades autónomas a la que los nuevos cambios regulatorios iban a afectar en mayor medida a su sector productivo, a sus pequeños inversores y en definitiva, a las esperanzas de desarrollo y generación de empleo que muchos actores habían confiado a este sector.
Desde la presentación del primero de ellos, allá por el año 2011, han sido 5 los recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a medidas aprobadas por el Gobierno Central, habiendo sido recurridos también, a finales de este verano, ante el Tribunal Supremo, determinados aspectos tanto del RD 413/2014 de 6 de junio (que regula la producción de energías renovables, cogeneración y residuos), como de la orden ministerial de parámetros retributivos que, a nuestro entender, han vulnerado los principios de la seguridad jurídica y de la confianza legítima, amén de causar importantes perjuicios patrimoniales a los inversores.
A esta lucha se han sumado muchos otros actores (asociaciones, patronales, inversores privados, empresas internacionales, fondos de inversión, etc.), pero en estos momentos creemos que el resultado de esta pugna legal es difícil de prever.
Aunque existen dudas de si el alto tribunal mantendrá la postura de defender que el ordenamiento jurídico y las normas pueden ser modificadas por el Gobierno cuando las circunstancias así lo aconsejen, lo cierto es que desde el Gobierno de Extremadura tenemos el firme convencimiento de que las reglas del juego no se pueden cambiar de manera unilateral a mitad de la partida, máxime cuando compromete la viabilidad actual y futura de todo un sector, vital para nuestro desarrollo y para nuestra independencia, como es el sector energético.
Como opciones, aunque reitero difíciles de materializar, contemplamos la posibilidad de que declaren nula la normativa, o al menos, mejoren los criterios de fijación de los costes de inversión y de los parámetros empleados para fijar el umbral de “rentabilidad razonable”. Esperamos poder conocer el resultado tanto del Constitucional como del Supremo lo antes posible.
En la primavera del 2012 se presentaron varios grandes proyectos fotovoltaicos sin primas en Extremadura, apoyados en multinacionales. ¿En qué momento de tramitación administrativa se encuentran dichos proyectos?
Los tres grandes proyectos fotovoltaicos sin primas siguen su tramitación como estaba previsto. A pesar de que la autorización de este tipo de proyectos de potencia superior a 50 MW es competencia de la Administración General del Estado, desde el Gobierno de Extremadura les estamos aportando todo el asesoramiento necesario para superar las barreras no tecnológicas que pudieran dificultar la construcción y explotación de estas instalaciones.
El proyecto fotovoltaico de 300 MW de Talaván, promovido por el Grupo Gerlicher, se encuentra en avanzado estado de tramitación administrativa. De hecho, habiendo realizado el depósito del aval (necesario para comenzar el trámite ambiental) y el pago de las tasas administrativas exigidos en la normativa, ya ha superado los trámites de información pública y separatas, y se encuentra en la sede del MINETUR y MAGRAMA esperando le sea emitida la declaración de impacto ambiental, previa al otorgamiento de la autorización administrativa.
Por su parte, el proyecto de 400 MW de Bienvenida y Calzadilla, promovido por Solarstrom AG, se encuentra también en avanzado estado de tramitación administrativa, en concreto, ha finalizado el trámite de información pública de tal manera que, una vez culmine también el trámite de separatas, será igualmente remitido al MINETUR para, a continuación, esperar su declaración de impacto ambiental a emitir por el MAGRAMA, previa al otorgamiento de la autorización administrativa.
Finalmente, el promotor del proyecto denominado Núñez de Balboa a desarrollar en Usagre, con una potencia de 460 MW, se encuentra ultimando la elaboración del proyecto de la instalación, momento en el que iniciará los trámites de cara a obtener las autorizaciones necesarias para la ejecución del mismo.
La conclusión, por tanto, es que los proyectos avanzan en su tramitación satisfactoriamente, aunque no podemos obviar el hecho de que, actualmente, se encuentra abierto un nuevo proceso de planificación de las redes de transporte de electricidad, iniciado mediante la Orden IET/2598/2012, cuyo resultado tiene mucho que ver con la viabilidad de estas iniciativas.
Para muchas empresas del sector, el autoconsumo era visto como una alternativa ¿Hay opciones desde una comunidad autónoma como Extremadura de activarlo pese a que la nueva legislación nacional no parece incentivarlo?
Como ya se ha comentado, en los últimos años se han tomado una serie de medidas y decisiones a escala nacional para eliminar el déficit de tarifa, que cualquier intento de relanzar significativamente el mercado de la generación de energía a partir de fuentes renovables se ha convertido en una proeza de ya escasa rentabilidad.
Ante esta perspectiva, las empresas y los ciudadanos han identificado el autoconsumo como una interesante salida a su know-how empresarial, así como una posible solución al elevado coste energético de las instalaciones industriales o de nuestras propias viviendas.
A raíz de la publicación del RD 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, varias Comunidades Autónomas publicaron notas aclaratorias. En concreto, la actual Dirección General de Industria y Energía emitió una circular el 20 de enero de 2013 para explicar los procedimientos administrativos necesarios para la tramitación y legalización de dichas instalaciones de generación de energía fotovoltaica de potencia inferior a los 100 kW.
A fecha de hoy estas instrucciones del Gobierno de Extremadura siguen vigentes, en base a las que se reconoce la posibilidad de llevar a cabo este tipo de instalaciones.
Pero no podemos obviar que la recientemente aprobada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, empezó a abordar la regulación del autoconsumo de energía eléctrica dejando pendiente el desarrollo de conceptos, que podrían poner en cuestión la viabilidad del mismo, tan significativos como los denominados costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema, así como el desarrollo normativo de las condiciones de índole administrativa, técnica y económica asociadas.
Por ello, consideramos fundamental que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publique definitivamente el RD que regule el autoconsumo y el balance neto, que sigue en estado de “propuesta” desde mediados de julio de 2013.
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