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El “Pago Verde” de las ayudas europeas al campo abre nuevos negocios al ahorro energético en el sector agroganadero
El denominado “greening” o “Pago Verde” de la reforma de la Política Agraria Común, que incluye toda una serie de prácticas medioambientalmente favorables, se ha convertido en una obsesión para agricultores y ganaderos. Porque en las nuevas ayudas de la PAC, este tipo de prácticas serán obligatorias.
Según un reciente estudio de la empresa Solidforest, encargado por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la implantación de medidas de ahorro energético en las explotaciones agrícolas y ganaderas les permiten reducir entre un 5 y un 10 % su huella de carbono, que es el indicador que refleja la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, responsables del cambio climático.
Dentro del proyecto, se han llevado a cabo durante tres años cálculos de huella de carbono de 130 productos agropecuarios -hortofrutícolas, sector aceitunero, vinícola, ganadero y cerealista- de 33 explotaciones de todo el país.
Biocombustible
Entre las medidas de ahorro energético figuran el cambio de calderas de gasóleo por calderas de biocombustible, las instalaciones fotovoltaicas y la mejora de los motores o de los sistemas eléctricos para reducir pérdidas.
El estudio revela que, en el caso de la ganadería, las mayores emisiones de gases proceden del estiércol y la fermentación entérica de las cabezas de ganado. En la agricultura, la actividad que más aporta a la huella de carbono es la fertilización. Según el informe, la huella de carbono en las explotaciones ganaderas es superior a las explotaciones agrícolas.
Ayuda medioambiental
Las explotaciones que estén acogidas a algún régimen de ayudas agroambientales o similar, se les considerará cumplido el denominado “greening” o “Pago Verde” de la nueva PAC que estará vigente hasta el año 2020 y que será necesario para completar el resto de las ayudas.
Extremadura es una de las regiones españolas que más ayuda recibe de la Política Agraria Común, cerca de 600 millones de euros al año, sólo superada por Andalucía, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.
Más de 36.000 viviendas en Extremadura necesitarían rehabilitación para mejorar su eficiencia energética
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, asegura que unas 6.850 viviendas en Extremadura se encuentran en mal estado del total de 423.062 viviendas del parque regional. Y que más de 29.300 presentan deficiencias, mientras que un total de 385.000 se encuentran en buen estado.
Lazcano avanzó –durante la celebración del II Foro Ficon en Feval- que el 60% de los edificios de viviendas de la región tiene más de 30 años de antigüedad, y sólo un 5% tiene menos de seis años desde su construcción. Estas cifras demostrarían el amplio recorrido que aún tienen las medidas de ahorro y eficiencia energética en la región.
Ayuda pública
El presidente de la CNC calcula que la ayuda pública necesaria para crear un empleo en el sector de la rehabilitación de viviendas oscilaría entre los 13.500 a 14.500 euros, lo que contrastaría con los 19.991 euros que supone el coste anual en subsidio por desempleo. Además, por cada millón de euros invertidos en rehabilitación se crean 18 puestos de trabajo y por cada empleo directo se crean dos indirectos.
Para facilitar la rehabilitación de viviendas y la introducción de medidas de ahorro y eficiencia energética serían necesaria, según Lazcano, la creación de un modelo de financiación consistente en un primer momento en subvenciones directas por parte de la administración, acompañado de líneas de créditos subsidiados y préstamos a bajo interés, que progresivamente se irán consolidando y disminuyendo las subvenciones.
Créditos blandos
Por otro lado, considera que se debería llevar a cabo una campaña de concienciación a los ciudadanos para incrementar el conocimiento de la población en cuando a la necesidad de implantar medidas de eficiencia y mejorar los edificios para conseguir el ahorro energético.
En lo referente a las medidas financieras sería necesario facilitar que las comunidades de propietarios que decidan hacer obras de rehabilitación energética tengan acceso a créditos blandos (interés del 4 ó 5% y financiación a 15 ó 20 años) por medio de entidades financieras de titularidad pública como el ICO.
La exención del 85% del impuesto especial de la electricidad para los regantes rebajará la factura 650 euros por explotación
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “introducir en la reforma fiscal una exención del 85% del impuesto especial de la electricidad para los regantes y un ajuste en el régimen de módulos, definitiva y estructural, para compensar el incremento de costes por la nueva tarificación eléctrica”.
Según los cálculos del Ministerio, «el impacto estimado de la exención junto a la rebaja de módulos va a suponer una cantidad de 55 millones de euros al año”. La exención del impuesto especial será a partir de 2015. También ha apuntado que estas medidas tendrán un impacto de unos 650 euros de media por explotación.
Según organizaciones agrarias como Asaja, la energía es tras la mano de obra, el coste más elevado en las explotaciones. “La factura eléctrica –asegura esta organización– de regadío se ha encarecido en un 1.000 por cien en los últimos cinco años y supone hoy más del 40 por ciento de los costes de una explotación agrícola de riego, lo que convierte en inviable al sistema agrícola del regadío, el más productivo y el que más empleo y movimiento genera en el mundo rural”.
Extremadura es una de las regiones donde mayor peso tiene el regadío intensivo, tanto en la Vegas Altas como Bajas del Guadiana, además del Valle del Tiétar y el Alagón. Hay que recordar que dos importantes zonas de olivar y viñedo, como Monterrubio de la Serena y Tierra de Barros, tienen en proyecto la implantación de miles de hectáreas en sus zonas.
Distintas organizaciones agrarias y la propia Federación Nacional de Regantes siguen reclamando al Ministerio de Industria la puesta en marcha de los contratos de temporada flexibles en el sector agrario, con una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada. De esta forma los agricultores evitarían pagar todo el año aunque no se riegue.
Para ello sería necesario que las explotaciones realicen dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de 12 meses sin penalizaciones.
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