El Tribunal Supremo avala que las eléctricas no paguen solas el “bono social”, que tienen más de 110.000 clientes en Extremadura
Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha declarado que no se puede obligar a las grandes empresas de generación de energía eléctrica a financiar el bono social como hasta ahora.
El bono social, que permite la congelación del precio de la luz para clientes con pensiones mínimas, familias numerosas, que cuenten con todos sus miembros en paro o que tengan una potencia contratada inferior a 3 Kilovatios, afecta en Extremadura en torno a 110.000 clientes eléctricos. De este total, en torno a 94.000 son clientes de Endesa e Iberdrola, las dos gran compañías que operan en el mercado extremeño. Esta última es la compañía con más clientes con bono social en la región.
La sentencia no pone en cuestión la existencia ni la utilidad de este bono social sino tan sólo su financiación al considerar el sistema actual vigente como “discriminatorio y no transparente”. Pese a los planes iniciales del año 2009 que cifraban en 11 millones de hogares los que se podrían acoger al bono social, la realidad es que sólo se han beneficiado de él en torno a 3 millones de hogares. La congelación del precio de la luz a este colectivo mediante el bono social tiene un coste económico de más de 300 millones de euros.
La gran mayoría de los clientes acogidos al bono social en Extremadura, en torno al 70%, ni tan siquiera tuvieron que reclamarlo a sus compañías porque al tener una potencia contratada inferior a 3 kilowatios entraban dentro del colectivo beneficiado de forma automática.
Con el actual modelo vigente el número de perceptores del bono social podría crecer de forma significativa en la región provocado por la fuerte subida del paro y del número de hogares que en los dos últimos años han visto como todos sus miembros se quedaban sin empleo.
Según la sentencia del Supremo, la financiación del llamado bono social no debe recaer sólo sobre las empresas de generación eléctrica sino sobre todos los sectores que intervienen en el sistema -generación, transporte y distribución- o incluso con cargo al presupuesto estatal al tratarse de una “ayuda social”. Uno de magistrados de la sala sí considera que el actual modelo no va ni contra el derecho comunitario ni contra la Constitución.
Ahora será la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la que evalúe el total de perceptores del bono social y su coste definitivo para aportar alternativas a su financiación.
Foto: Endesa
La facturación agrupada de las termosolares extremeñas sería de 900 millones de euros al año
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha remitido al Ministerio de Industria un informe no vinculante con distintas medidas para intentar reducir el déficit eléctrico entre las que destaca subidas de entre el 8 y el 10% en los peajes de acceso –claves en el recibo eléctrico- y subidas en el precio de la luz en dos años. Pero también defiende la “laminación de las subvenciones a las centrales termosolares» y limitar al 5% el uso que hagan estas plantas del gas en las horas de no radiación. Extremadura, con 19 plantas termosolares entre operativas, en construcción y preasignadas, sería una de las regiones más afectadas de cumplirse estas recomendaciones.
Luis Crespo, secretario general de Protermosolar, la asociación que agrupa a las grandes empresas del sector, opina sobre el impacto que tendría para la economía regional.
“Tenemos la confianza de que en el Gobierno prevalecerán otras consideraciones distintas a las sesgadas propuestas de la CNE, las cuales tendrían un especial impacto negativo en Extremadura. Nos parecería inconcebible que ese tipo de decisiones se pudieran adoptar sin una profunda discusión con la industria y, por ello, ofrecemos al Ministerio nuestra disposición al diálogo con un sector que emplea a 24000 personas, que está efectuando inversiones por 15000 millones de euros y que en su estructura de capital tiene un 30% de participación extranjera.
Además podemos ser la bandera tecnológica de la “Marca España” y todo esto podía tirarlo por la borda unas medidas como las sugeridas por la CNE, además de organizar un monumental lío con las instituciones financieras nacionales, comunitarias y extranjeras que están financiando las centrales y que no entenderían los cambios propuestos de retribución.
Esas medidas reflejadas en el informe de la CNE afectarían a todas las centrales pero, en particular, las de diferimiento de pago de primas, tendrían un impacto particularmente grave en los proyectos en construcción y no hay que olvidar que es Extremadura la región con mayor proporción de proyectos en construcción frente a los aprobados en el Registro.
De construirse y continuar en operación las 19 centrales con preasignación en Extremadura estaríamos hablando de un sector que tendría cerca de 1000 empleos fijos ya que cada central tiene 35 contratados en plantilla más un equivalente de unos 15 subcontratados permanentes para distintas labores. De no interrumpirse la operación de las centrales la facturación agrupada sería de unos 900 millones de euros al año y todas las centrales termosolares tienen su sede social en Extremadura. Además, en cada una de las centrales en construcción están trabajando diariamente entre 300 y 500 personas, en función de su estado, de los que una buena parte son extremeños.
Recientemente hemos conocido las últimas estadísticas de EUROSTAT que desgraciadamente sitúan a Extremadura en la cola de las regiones españolas en PIB per cápita. Pero no es sólo el presente por lo que Extremadura debe confiar en las centrales termosolares para contribuir a su convergencia económica con otras regiones de España, es precisamente el futuro por el que tanto nuestro país como la Unión Europea tendrán que apostar en su objetivo de alcanzar una generación eléctrica libre de emisiones, para lo que harán falta tecnologías gestionables como la termosolar y, aunque en menor medida por su potencial, también la biomasa que son las únicas que no necesitarán del respaldo de los ciclos combinados que emiten CO2 y cuya electricidad cada día será más cara.
A medida que nos vayamos acercando al 2020, esta oportunidad para Extremadura, si continua apoyando decididamente las centrales termosolares como hasta ahora, tendrá más valor al comenzar a ser necesarios los mecanismos de flexibilidad que permitirán que las inversiones o las primas a la generación en nuestro país sean soportadas por otros Estados Miembros de acuerdo a lo que se establece en la Directiva de Renovables de la U.E.
Estamos seguros que Extremadura no dejará pasar esta oportunidad histórica y seguirá apostando por el futuro sin dejarse arrastrar por los cantos de sirena de quienes opuestos al desarrollo de la termosolar ofrecerían cualquier cosa a pesar del perjuicio que causarían al desarrollo de la Región”, asegura Luis Crespo, secretario general de Protermosolar.
La Fundación Iberdrola convoca la tercera edición de su programa “Energía para la Solidaridad”
La Fundación IBERDROLA ha convocado la tercera edición de su programa de ayudas sociales Energía para la Solidaridad, cuyo objetivo es contribuir al bienestar y la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión. Estas ayudas, de las que ya se han beneficiado 113 instituciones, buscan favorecer la cobertura de necesidades básicas y la integración social y laboral de los sectores de población más vulnerables y contribuir a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, así como impulsar otros proyectos de interés alineados con los fines de la Fundación y la estrategia de Responsabilidad Social del Grupo Iberdrola.
Cabe recordar que el año pasado, en la segunda edición del programa, la Fundación colaboró con 2 organizaciones de Extremadura; la Fundación Academia Europea de Yuste, ubicada en Cáceres, a la que se ayudó a desarrollar un proyecto sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad; y la asociación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en Badajoz, para su comedor social Virgen de la Acogida.
La Fundación Iberdrola valorará tres tipos de proyectos. En primer lugar, aquéllos que tengan como objetivo luchar contra la pobreza y la exclusión social, atendiendo a los siguientes colectivos: parados de larga duración, niños, jóvenes o personas mayores en situación de desamparo, víctimas de la violencia de género, inmigrantes, personas con discapacidad, personas con altas capacidades sin adecuado tratamiento, personas con enfermedades graves o degenerativas, personas con adicciones y, en general, aquéllas con dificultades para cubrir aspectos básicos de la vida cotidiana.
En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellas iniciativas cuyo objetivo sea proteger el medio ambiente y la reducción de emisiones de CO2, a través de la implicación de alguno de los colectivos enunciados anteriormente. En este sentido, los proyectos deberán girar en torno a la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales, la apuesta por el desarrollo sostenible mediante el uso de energías renovables y la gestión eficiente de recursos y residuos, así como la generación de empleos verdes para personas en riesgo de exclusión.
En tercer lugar, la Fundación Iberdrola valorará proyectos asistenciales o socioeducativos de interés por su contribución a la calidad de vida de las personas.
El programa Energía para la Solidaridad está abierto a entidades privadas sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, que persigan fines de interés general. Los solicitantes podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 9 de abril.
Los interesados pueden obtener toda la información necesaria la web: www.fundacioniberdrola.org. Las iniciativas beneficiadas por el programa deberán llevarse a cabo en España, dentro del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, con un plazo máximo de ejecución de un año.
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