UNEF valora positivamente el nuevo Real decreto de medidas para el sistema eléctrico por su impulso al almacenamiento fotovoltaico
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado positivamente la aprobación en el Consejo de Ministros, del Real Decreto por el que se aprueban determinadas medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.
En concreto, destaca que puede suponer un importante impulso al almacenamiento, al racionalizar la tramitación administrativa de la hibridación con plantas de generación de energía renovable ya existentes. Unas medidas que desde el sector estaban reclamando, como la redefinición de potencia instalada, que evita tener que cambiar de órgano sustantivo y comenzar el proceso de nuevo desde el inicio en la tramitación de la hibridación, o el reconocimiento de los estudios de impacto ambiental ya realizados en la planta sin necesidad de duplicar su tramitación.
“Este impulso al almacenamiento permitirá tener un sistema más robusto y unos precios de la electricidad más competitivos para ciudadanos y empresas, aumentando la competitividad del sector industrial español y atrayendo inversiones”, comenta José Donoso, director general de UNEF.
El nuevo Real Decreto facilita incorporar al sistema eléctrico el almacenamiento de energía, que debe alcanzar una potencia de 22,5 GW en 2030, según las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Así, prioriza las hibridaciones de módulos de almacenamiento con plantas de generación cuando aquellos se ubiquen en el terreno ocupado por la instalación original, ya antropizado, mediante disposiciones asociadas a la definición de la potencia instalada y la agilización de la tramitación.
Al objeto de impulsar la electrificación, la norma fomenta la conexión a las redes de nuevas actividades económicas, principalmente industriales, al fijar la caducidad de los derechos de acceso y conexión para demanda a los cinco años de haber sido otorgados, previniendo el acaparamiento y la especulación. En esta misma línea, las peticiones de acceso y conexión para demanda deberán identificar el código CNAE de la actividad a desarrollar, que tendrá que ser la misma cuando, posteriormente, se firme el correspondiente contrato de acceso.
También impulsa la demanda de electricidad al acotar los plazos de respuesta de las distribuidoras a la hora de poner en marcha las extensiones de red, por ejemplo, para la recarga de vehículos eléctricos. En suelo urbanizado con las dotaciones y servicios requeridos por la regulación urbanística, las compañías tendrán un plazo de cinco días si no hay que ampliar la red, de 30 días si se precisa esta ampliación, de 60 días si hay que construir un centro de transformación y de 80 días como máximo si hay que construir varios centros.
Además, desde UNEF destacan que esta nueva normativa estimulará el desarrollo industrial al ligar los permisos de demanda a una actividad concreta, lo que da firmeza a las peticiones de demanda y da una visión más clara de las posibilidades de desarrollo futuro de la industria en España.
Por último, UNEF valora positivamente que se aclare la regulación sobre las autorizaciones de puesta en servicio de instalaciones de generación y almacenamiento vinculadas al cumplimiento de los hitos.
El MITECO concede ayudas de 10,7 millones de euros a 106 nuevas comunidades energéticas, 2 de ellas en Extremadura
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la adjudicación de 10,7 millones de euros más en ayudas a iniciativas pioneras para la creación de 106 nuevas comunidades energéticas en toda España. Se trata de fondos europeos NextGenEU enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
La resolución de la quinta convocatoria del programa CE Implementa, disponible aquí, se suma a otras convocatorias resueltas con anterioridad y eleva a 251 los proyectos en marcha beneficiados hasta ahora. Se han adjudicado más de 124 millones de esta línea de ayudas, que busca impulsar la participación de los consumidores en el sistema energético para democratizarlo, asentar el despliegue renovable en el territorio y contribuir a los objetivos de descarbonización. CE Implementa forma parte del paquete de ayudas a las comunidades energéticas, que incluye también el programa sinérgico de Oficinas de Transformación Comunitaria (CE Oficinas), que ha propiciado la creación de 74 de estas entidades orientadoras.
Gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), la quinta convocatoria ha estado especialmente dirigida a proyectos de pequeño tamaño, no pudiendo superar su inversión el millón de euros. El principal objetivo ha sido fomentar la participación en el sector energético de actores que no toman parte en el mismo tradicionalmente, permitiéndose que cada comunidad energética pudiera impulsar varias propuestas. De este modo, las ayudas permitirán desarrollar 371 iniciativas piloto distintas; más de tres por proyecto.
La mayor parte de esas iniciativas (279) incorpora la instalación de energías renovables eléctricas, en todos los casos con tecnología solar fotovoltaica y almacenamiento. También hay propuestas de fomento de la movilidad sostenible (44) y proyectos para mejorar la gestión de la demanda (38) y para la instalación de energías renovables térmicas (10), como la aerotermia y la biomasa.
Los proyectos beneficiarios implican la instalación de nueva potencia de generación renovable: 20.822 kW de energía eléctrica de origen fotovoltaico y 1.216 kW de térmica. También sumarán 18.272 kWh de almacenamiento y 62 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en 35 ubicaciones distintas, así como cuatro sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y cinco de adquisición de vehículos eléctricos.
El plazo para la realización de las inversiones subvencionables y ejecución de las actuaciones objeto de las ayudas será de 14 meses a partir de la fecha de notificación de la resolución favorable de concesión de la subvención.
En la resolución de esta convocatoria sobresale Cataluña, con 42 proyectos seleccionados y el 31,55% de las ayudas asignadas (3,39 millones). Andalucía (16), Castilla y León (12) y Aragón (9) también han tenido un importante de propuestas admitidas. El resto de proyectos se llevarán a cabo en Castilla-La Mancha (6), la Comunidad Valenciana (6), la Comunidad de Madrid (4), País Vasco (3), Galicia, Extremadura y Murcia, con dos cada una, y Navarra y Asturias, ambas con una iniciativa.
Se da la circunstancia de que todos los beneficiarios son cooperativas y asociaciones, por lo que no hay proyectos impulsados por sociedades anónimas o limitadas. En total suman 18.674 beneficiarios adscritos a las entidades que recibirán las ayudas.
De las 106 comunidades energéticas subvencionadas, 55 operarán en municipios de Reto Demográfico, lo que refleja el interés que esta fórmula participativa de generación y consumo renovable suscita en el conjunto del territorio.
Las comunidades energéticas permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable colectivamente. Su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno en el que desarrolla su actividad, más que una rentabilidad financiera.
En cuanto a su constitución, pueden ser agrupaciones o cooperativas existentes que entran en el ámbito energético, o nuevas creadas para ese fin. También proyectos colectivos, desde agrupaciones ciudadanas que promueven un pequeño parque solar o eólico a las afueras de un municipio a otros más integrales que combinen distintas tecnologías.
La solar alcanza un nuevo récord de reducción de emisiones en España al evitar 17,7 millones de toneladas de CO2
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) destaca el papel estratégico que está desempeñando la energía solar en la transformación del modelo energético español. Según el último Informe Anual de la asociación, en 2024 la energía fotovoltaica evitó la emisión de 17,7 millones de toneladas de CO2, un 20% más que en el año anterior, y el equivalente a retirar de la circulación aproximadamente 8,5 millones de automóviles durante todo un año. Este hito supone un avance sin precedentes en la descarbonización de la economía y refuerza el impacto real del sector en la lucha contra el calentamiento global.
Estos resultados son especialmente relevantes si se tiene en cuenta que los combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas— son responsables de más del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y de casi el 90% del dióxido de carbono emitido a la atmósfera, según datos de Naciones Unidas. Frente a este panorama, la energía solar se consolida como una solución madura, accesible y de alto impacto ambiental positivo.
La fotovoltaica no solo ha incrementado su producción en los últimos diez años, multiplicándose por cinco hasta alcanzar los 44.520 GWh anuales, sino que ha pasado a ocupar una posición central en el sistema eléctrico español, siendo ya la segunda fuente de generación y la renovable con mayor capacidad instalada. Este crecimiento ha sido posible gracias a la competitividad tecnológica del sector y al recurso solar privilegiado del que dispone España, con más del doble de horas de sol que países como Alemania.
“La fotovoltaica ha logrado un hito histórico: no solo es una tecnología que genera energía de forma limpia con un recurso propio e ilimitado como es el sol, sino que además es ya la forma más económica de generarla. Cuanta más fotovoltaica hay en mix de energía, más barata es la energía”, comentó José Donoso, director general de UNEF.
Además de su papel en la reducción de emisiones, la energía solar presenta ventajas ambientales que refuerzan su carácter sostenible. Su funcionamiento no genera gases de efecto invernadero, y requiere una cantidad mínima de agua, lo que la convierte en una aliada clave en un país como España, donde la sequía es un problema estructural creciente. A diferencia de otras tecnologías, un panel solar compensa la huella de carbono generada durante su fabricación en apenas unos meses, y ofrece una vida útil de más de dos décadas de producción limpia y sin impacto climático directo.
Lejos de representar una amenaza para el medio ambiente, los parques solares están demostrando que pueden integrarse de forma armónica en el entorno natural. Gracias a una gestión respetuosa, que evita el uso de herbicidas y minimiza la actividad humana, muchas de estas instalaciones se han convertido en verdaderos refugios para la biodiversidad. Estudios científicos como el IV Informe de Sostenibilidad elaborado por EMAT, o las evaluaciones realizadas por administraciones autonómicas, confirman que los parques fotovoltaicos pueden mejorar las condiciones ecológicas del territorio y la biodiversidad, favoreciendo la presencia de aves, polinizadores y otras especies que encuentran en estos espacios un hábitat seguro, al no usarse en ellas insecticidas ni fitosanitarios, realizar el mantenimiento de la vegetación de forma natural (habitualmente con el pasto de ovejas) y contar con medidas para el fomento de esta biodiversidad, como nidales, charcas o corredores ecológicos.
En cuanto al uso del suelo, la ocupación actual de terrenos por instalaciones fotovoltaicas es muy reducida. Para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la cifra no superaría el 0,4?% del suelo agroganadero. Este bajo impacto territorial, junto a la posibilidad de compatibilizar la generación de energía con actividades agrícolas mediante soluciones agrovoltaicas, refuerza la viabilidad de un despliegue ordenado y respetuoso.
Recientemente, se ha anunciado además la compatibilidad de los proyectos de agrovoltaica (que combinan en simbiosis placas solares y agricultura) como elegibles para las ayudas de la PAC, lo que elimina una importante barrera para estos proyectos sostenibles que combinan el desarrollo agrícola sostenible con la generación de energía limpia.
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