Los ayuntamientos extremeños podrán bajar el IBI según la calificación energética de los pisos

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El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) le puede hacer un gran favor al ahorro energético en España. Según una encuesta realizada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), solo un 36% de los ciudadanos tendría en cuenta la certificación energética de los edificios a la hora de vender o alquilar una vivienda. Pero a partir de 2016 se tendrán que prestarle más atención porque la misma tendrá mucho que ver en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El Ministerio de Hacienda está dispuesto a permitir que todos los ayuntamientos puedan rebajar hasta un 20% el IBI para las propiedades que más energía ahorren, las de la letra A. Para las que tengan una calificación B, recibirán una bonificación de hasta el 16% y si es C puede llegar al 12%. Mientras, las viviendas con la letra D podrán llegar a rebajarse hasta el 8% y un 4% si han conseguido la E.

Algunos ayuntamientos importantes de la Comunidad de Extremadura están ya planteando su puesta en marcha. Para incentivar el ahorro y la eficiencia energética, aquellas casas que tengan peores resultados (letra F y G) o que no tengan todavía solicitado el certificado, no tendrán derecho a ninguna rebaja. Desde el próximo 1 de enero, los ayuntamientos podrán poner en marcha estos descuentos. Sólo se podrán aplicar los descuentos a aquellos pisos y viviendas que dispongan de certificación energética en el año en curso que se cobre el IBI.

Desde la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR) consideran que esta iniciativa puede incentivar las reformas para la mejora de la eficiencia energética en las viviendas. Entre las medidas más sencillas para mejorar en alguna letra la calificación energética de inmueble destacan los cambios de las ventanas por marcos de PVC y vidrios dobles o la instalación de calderas de condensación de alto rendimiento. Ambas medidas pueden llegar a suponer un ahorro medio de más del 30% anual sobre la factura habitual en una vivienda de 90 metros cuadrados.

Donde los expertos creen que hay más margen de mejora es en las viviendas que disponen de peor calificación, las de la letra F y G. Aunque todo tiene su coste. Pasar de una letra G a una C costaría por medio cuadrado útil una media de 350 euros: pasar de la C a la B, unos 200 euros y de la B a la A, unos 150 euros por metro cuadrado.

Según las estimaciones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), las viviendas en España pueden mejorar su eficiencia energética hasta un 50%. Hay que tener en cuenta que ocho de cada diez edificios españoles tiene una certificación energética E o menor.

Solarpack da luz a sus parques fotovoltaicos de Guijo de Coria y Llerena de 15 Mw tras pactar con grandes bancos

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Parque fotovoltaico de Guijo de Coria en la provincia de Cáceres
Parque fotovoltaico de Guijo de Coria en la provincia de Cáceres

Las grandes empresas fotovoltaicas españolas quieren poner en orden sus cuentas. Para evitar el lo acontecido con Abengoa frene sus inversiones y también para resultar atractivas ante el futuro desembarco de los grandes fondos de capital riesgo españoles y extranjeros que buscan oportunidades de negocio tras la Cumbre del Clima de París.

La última en hacerlo ha sido la empresa vasca Solarpack, que cuenta con importantes plantas en Extremadura. Solarpack ha cerrado el proceso de la reestructuración de la deuda de 27,2 MW de 5 parques solares fotovoltaicos en España. Los diferentes acuerdos firmados con las entidades financieras alcanzan los 94 millones de euros.

Los cinco proyectos a los que hace referencia este proceso son: Isla Mayor (8,4MWp) y Lebrija (3,8MWp), ambos en Sevilla, refinanciados por Santander y el ICO; Guijo de Coria (6,2MWp) en Cáceres, operación realizada con el Banco Popular; y Llerena 1 (4,8MWp) y Llerena 2 (4,0MWp) en Badajoz, cuya deuda ha sido reestructurada a través de un pool de cuatro bancos: CaixaBank, Banc Sabadell, Banco Popular y el Banco Portugués de Investimento (BPI).

Pablo Burgos, consejero delegado de Solarpack, comenta que “después de las perjudiciales medidas del Gobierno relacionadas con las energías renovables, la gran mayoría de los parques fotovoltaicos en España se encuentran en una situación financiera complicada. Este largo proceso de refinanciación ha hecho posible la viabilidad financiera de los parques que hemos construido y gestionamos en España. El cierre de este proceso pone de manifiesto la confianza que los bancos y las instituciones crediticias tienen en Solarpack”.

Solarpack apuesta por su expansión a nuevos mercados en Latinoamérica y en la región de Asia–Pacífico, realizando proyectos fotovoltaicos orientados tanto al consumo de poblaciones como al suministro eléctrico de grandes empresas.

La compañía, pionera del sector en nuestro país, tiene 6 proyectos en España con una potencia total instalada de 34,6 MWp.

Actualmente Solarpack gestiona una cartera de proyectos de 1304 MW repartidos entre, Chile, India, Uruguay, Panamá y Sudáfrica. La compañía ha puesto en marcha y gestiona 34,6 MWp en cinco emplazamientos en España y 37 MWp en Chile y 62 MWp en Perú.

Los impuestos y tasas del Estado representan más de la mitad del recibo de la luz para los consumidores

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Las familias españolas pagan uno de los precios más caros de la electricidad en los países de Unión Europea, y en gran parte por la intervención estatal vía impuestos y tasas.

“El 73% de la subida que ha experimentado el precio de la electricidad de 2008 a 2014 en España se debe a la cuña gubernamental; es decir, la intervención estatal es la causa de 59 de los 81 euros/MWh que ha aumentado el coste de la luz en este periodo”, según el doctor David Robinson,  presidente de la consultora David Robinson & Associates y Senior Research Fellow en The Oxford Institute for Energy Studies. Robinson es uno de los mayores expertos mundiales en liberalización del sector eléctrico y ha asesorado a números países en sus procesos de reforma de sus sistemas eléctricos.

Hay que tener en cuenta que en el recibo de la luz que reciben los particulares, comercios y empresas figuran conceptos tales como el IVA del 21% desde septiembre del 2011, impuesto sobre la electricidad, las compensaciones extrapeninsulares, ayudas al carbón, las primas la Régimen Especial Energía o las anualidades del déficit de tarifa. Entre todos ellos suponen más del 56% del recibo de la luz. Es decir, de cada 100 euros que se pagan en un hipotético recibido de la luz, 56 euros no dependen para nada del coste real de la generación y distribución eléctrica.

Según el “Análisis de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: Una perspectiva española”, elaborado por este experto, entre el 2008 y el segundo semestre del 2014, los precios de la electricidad en España son los que más habrían subido de la UE, en torno a los 81 euros/MWh, el doble que lo han hecho de media en la UE. En  el ranking de precios de los 28 países de la UE, España ocupa el cuarto lugar, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. En 2008 se situaba en puesto número doce.

Según el informe, si no se tuvieran en cuenta estas tasas e impuestos estatales, España pasaría de la cuarta posición que ocupa actualmente al puesto undécimo en el ránking europeo de los precios de la electricidad.

Ilustración: J.C. Florentino