La CNMC propone una normativa común más severa para luchar contra el creciente fraude de enganches ilegales

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El aumento de los fraudes eléctricos vía enganches o conexiones fraudulentas a la red se ha convertido en un quebradero de cabeza para las distribuidoras de energía. No sólo por el perjuicio económico que les suponen sino por los problemas de seguridad en el suministro que pueden llegar a suponer. En algunos casos, como en el de plantaciones ilegales de cannabis, el fraude puede llegar a cifras muy destacadas.

Como ejemplo en Extremadura, Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha abierto en los primeros cuatro meses del año 2025 más de 400 expedientes por fraude en la provincia de Badajoz. Según la compañía, “la manipulación de las instalaciones para el fraude implica importantes riesgos para la salud de la persona que las realiza y de las que les rodean, ya que pueden derivar en incendios y electrocuciones. La energía consumida por este fraude en la provincia ha supuesto 2,3 millones de kilovatios hora defraudados, equivalente al consumo anual de una localidad de 700 habitantes”.

Las conexiones ilegales a la red o la manipulación de los contadores son prácticas ilegales que suponen un fraude para sistema eléctrico. Además de encarecer los costes para el resto de los consumidores, generan riesgos relacionados con la seguridad ciudadana.
La CNMC ha aprobado una propuesta normativa para actualizar y mejorar la regulación que lucha contra unas prácticas prohibidas que han aumentado en los últimos años. Entre otros, propone fijar unos procedimientos comunes de actuación para los distribuidores cuando realicen sus inspecciones. También aborda las actuaciones en caso de confirmarse el fraude y las comunicaciones entre los sujetos afectados.

Además, en aquellos barrios vulnerables donde los fraudes pongan en peligro la seguridad de las instalaciones y de las personas se implementarán planes de contingencia. Las medidas adoptadas, como los cortes del suministro, buscarán minimizar el impacto en los consumidores que pagan sus facturas y se prestará especial atención a los hogares con consumidores vulnerables.

Criterios de facturación
La CNMC aprobará mediante una resolución los valores de potencia y horas de utilización de energía para facturar los importes derivados del fraude en los casos en que no puedan aplicarse criterios objetivos.

Los precios de peajes y cargos serán los correspondientes, según el tipo de consumidor. El coste de la energía será el regulado; es decir, el equivalente al coste de energía del PVPC.
Asimismo, se propone que los peajes y cargos se incrementen por un factor multiplicador. La CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cada uno en el ámbito de sus competencias, se encargarán de su aprobación.

Por su parte, los peajes de acceso y cargos, así como la energía, en el caso de que sea facturada por el distribuidor en los casos de detección del fraude, serán integrados en el sistema de liquidaciones reguladas. La energía asociada al fraude será declarada al operador del sistema (Red Eléctrica de España) como pérdidas por fraude para mejorar la transparencia de la información del sistema.

Esta propuesta de la CNMC es acorde a la Ley 24/2013, y podría ser articulada mediante una normativa con rango de real decreto. Los aspectos que corresponde regular a la CNMC se recogerían en resoluciones de desarrollo de las circulares que se encuentran actualmente en revisión.

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El 67% de los municipios de España bonifica el IBI para instalar autoconsumo fotovoltaico

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El 67% de los municipios españoles cuenta con ordenanzas fiscales que bonifican el autoconsumo mediante reducciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Así lo refleja el informe Incentivos fiscales al autoconsumo, publicado por la Fundación Renovables con el apoyo de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Pese a ello, no todos los municipios establecen los mismos requisitos para acceder a las bonificaciones del IBI por la instalación de cubiertas fotovoltaicas. El 62% de los ayuntamientos que aplican esta bonificación imponen condiciones asumibles, mientras que el 32% exige requisitos más restrictivos, como limitar el beneficio exclusivamente al sector residencial. Por otro lado, el 6% de las ayudas se otorgan bajo condiciones muy restrictivas, lo que dificulta el acceso a las ventajas fiscales.

El documento —que se acompaña de una herramienta web para facilitar localizar estas bonificaciones al autoconsumo— analiza, por sexto año consecutivo, cómo los municipios de más de 10.000 habitantes fomentan el desarrollo del autoconsumo mediante rebajas fiscales. En estas localidades reside el 80% de la población española y se concentra el 97% de las empresas del país, por lo que representan, de forma bastante precisa, la fiscalidad vigente respecto al autoconsumo.

Además del IBI, la publicación analiza el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), dos tributos de competencia municipal con un gran potencial para incentivar el autoconsumo.

Los resultados revelan que el 65% de los ayuntamientos bonifican el ICIO si se realizan instalaciones de autoconsumo. En este caso, los requisitos son generalmente laxos, ya que el 91% de las ordenanzas que contemplan rebajas fiscales presentan condiciones asumibles, frente al 6% que establece condiciones restrictivas y un 3% requisitos muy restrictivos.

En cuanto al IAE, solo el 26% de los municipios ofrece bonificaciones si hay autoconsumo fotovoltaico. De estas ayudas, el 77% contempla condiciones asumibles, mientras que el 19% impone requisitos restrictivos y el 4%, muy restrictivos.

Los datos revelan, además, una clara tendencia al alza de estos incentivos. En 2021, cuando la Fundación Renovables publicó la primera edición de este informe, el 48% de los municipios bonificaban el IBI para instalaciones de autoconsumo. Desde entonces, se ha producido un incremento de 19 puntos porcentuales en apenas seis años. En el caso del ICIO, el número de municipios que fomentan el autoconsumo ha aumentado 8 puntos porcentuales.

Raquel Paule, directora general de Fundación Renovables: “El autoconsumo sigue consolidándose como una de las herramientas más potentes para avanzar hacia un sistema energético más justo, eficiente y democrático. Las medidas fiscales son fundamentales para su desarrollo y cada año vemos que son más los ayuntamientos que bonifican el autoconsumo a través de sus impuestos. Este tipo de iniciativas, junto a las reformas anunciadas para aumentar el radio para compartir energía a 5 km o la creación del gestor del autoconsumo son imprescindibles para seguir avanzando”

José Donoso, director general de UNEF: “La energía fotovoltaica es uno de los elementos clave de la transición hacia un modelo energético basado en energías limpias, propias y de bajo coste. El autoconsumo fotovoltaico y las comunidades energéticas juegan un papel disruptivo fundamental en esa transformación. Permiten que el ciudadano pueda ser un actor más de la política energética, le dan respaldo ante la volatilidad de los precios del mercado y le dotan de seguridad de suministro eléctrico. Por su relevante papel, el apoyo desde las instituciones para su desarrollo es fundamental y permite que, entre todos, sigamos construyendo este camino”.

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La Junta somete a información pública el proyecto fotovoltaico “Alconchel 2020.2” al incorporar baterías de almacenamiento energético de 10 MW de potencia

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Cada vez más proyectos fotovoltaico de los que se desarrollan en Extremadura están incorporando sistemas de almacenamiento mediante baterías para su hibridación. La Junta de Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de modificación de la autorización administrativa previa correspondiente a la instalación fotovoltaica «Alconchel 2020.2», ubicada en el término municipal de Barcarrota (Badajoz), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, con motivo de la incorporación de un sistema de almacenamiento mediante baterías por el que se hibrida la citada instalación. 

Con fecha de 10 de marzo de 2022 se dictaron, respectivamente, las resoluciones de la Direc­ción General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa (publicada en DOE número 54, de fecha 18 de marzo de 2022) y autorización adminis­trativa de construcción para la instalación fotovoltaica “Alconchel 2020.2”, ubicada en término municipal de Barcarrota (Badajoz), emitiéndose posteriormente con fecha 23 de junio de 2023, Resolución de la Direc­ción General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización de explotación a la sociedad Alter Enersun Badajoz, SL, para la citada instalación.

Con fecha de registro de entrada de 24 de febrero de 2025, Raúl García Méndez en repre­sentación de la sociedad Alter Enersun Badajoz, SL, presentó solicitud para la autorización de las modificaciones de las características de la instalación de referencia con motivo de la hibridación con un módulo de almacenamiento con baterías de la instalación fotovoltaica “Alconchel 2020.2”.

Vistos los cambios introducidos en la instalación, en base a la documentación aportada por el titular de la instalación, se somete a información pública la solicitud de modificación de autorización administrativa previa de la instalación de referencia, con motivo de la incorporación de un sistema de almacenamiento mediante baterías por el que se hibrida la citada instalación.

El proyecto presentado consiste en la instalación de baterías de almacenamiento energético de 10 MW de potencia instalada, com­puesta por 5 contenedores de baterías de litio con capacidad de almacenamiento de energía de 20 MWh y un tiempo de carga/descarga de 2 horas partiendo del estado de plena carga; y 3 sistemas de conversión de potencia, compuestos por 2 inversores de 4.390 kW de potencia limitado por el fabricante a 4.000 kW y dos transformadores de 4.390 kVA (30/0,69 kV) y 1 inversor de 2.195 kW de potencia, limitado por el fabricante a 2.000 kW, con un transforma­dor de 2.195 kVA (30/0,69 kV).

Esta instalación permite la acumulación de parte de la energía eléctrica generada en la planta fotovoltaica “Alconchel 2020.2”, así como consumir energía de la red, siendo así un sistema bidireccional.  El proyecto cuenta con una línea subterránea de conexión de 30 kV, con una longitud total de 600 metros. El presupuesto total ejecución material del proyecto es de 2.12 millones de euros.

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