MERCADO ELÉCTRICO

“Cuando el Tribunal Constitucional resuelva puede ser ya tarde para Extremadura como destino de inversión en renovables”

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José Antonio EchávarriPrimera parte
Entrevista con
José Antonio Echávarri
Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura

Extremadura es una potencia en materia energética siendo el generador de gran parte de la energía que consumen otras regiones como Madrid ¿se valora lo suficiente esta aportación de Extremadura a la actividad económica española?

Extremadura juega, efectivamente, un importante papel en el contexto energético de España, principalmente en la actividad de generación de energía eléctrica y más concretamente en la generación de energía eléctrica renovable. Y ahí están los datos, que hablan por sí solos.

En 2011, la aportación de Extremadura al conjunto de la generación de energía eléctrica del sistema eléctrico peninsular fue del 7,8% y del 6,2% a la generación de energía eléctrica renovable. Valores ambos muy por encima de la contribución de Extremadura a España en otros indicadores socio-económicos.

Se constata que Extremadura es una región netamente exportadora de energía eléctrica, exportando el 78% de la energía eléctrica neta que genera, siendo en 2011 la segunda de todas las Comunidades Autónomas en términos de exportación de energía (-16.151 GWh), sólo por detrás de Castilla y León.

La generación de energía eléctrica es una actividad, por tanto, que tiene un peso específico en la economía regional y en el desarrollo de nuestra Comunidad. Pero es que, además, esta vocación energética de Extremadura no es de hace unos años, sino que tiene una larga tradición, como demuestran sus instalaciones de generación hidráulica que datan de los años 50, sus centrales nucleares de los años 80 (Almaraz y Valdecaballeros, ésta última sin actividad) y las instalaciones de energías renovables en régimen especial desarrolladas en los últimos años.

Extremadura ha sido una de las regiones, junto con Galicia, más combativas contra los cambios normativos para las energías renovables decretados por el Ministerio de Industria. Si el Tribunal Constitucional les da la razón ¿creen que el Ministerio tiene margen para cambiar su política?

Obviamente cuando el Tribunal Constitucional resuelva, y si resuelve dándonos la razón, el Ministerio tendrá necesariamente que cambiar su actual política energética centrada exclusivamente en ajustar el déficit de tarifa del sistema eléctrico español. Y será por pura obligación legal. Pero es que además las Directivas Europeas relativas al fomento de la eficiencia energética y las energías renovables son muy claras al respecto y van a obligar igualmente a cambiar su política.

El problema está en que cuando ello suceda, seguramente será ya tarde. Tarde para las empresas y los proyectos del sector de las renovables que se hayan quedado en el camino. Tarde para Extremadura como destino de inversión en renovables, como oportunidad estratégica que se nos presentaba a las Comunidades Autónomas del sur de España para converger por esta vía con el resto de regiones de la nación. Y tarde para el cumplimiento de los objetivos 2020 en materia de clima y energía a los que España está obligada por la Estrategia Europa 2020.

Por ello, hemos remitido ya varias propuestas al Ministerio, debidamente justificadas con argumentos y con razones, para hacerles cambiar su política y hacerles ver que existen otras formas, y que la urgencia de una solución al déficit de tarifa no debe precipitar a España hacia alternativas convencionales que nos alejen de nuestros homólogos europeos.

El Ministerio de Industria no parece muy dispuesto a dialogar con las asociaciones de renovables que defienden otro modelo ¿Lo seguirá intentando el Gobierno de Extremadura?

Vamos a seguir instando al Ministerio a que la reforma del sector eléctrico que han anunciado, sea una reforma integral del sistema energético español, que fije la prioridad en un suministro seguro de energía limpia al menor coste posible para los ciudadanos, para las empresas e industrias, permitiendo así que nuestra economía pueda ser cada vez más competitiva, definiendo una verdadera planificación energética, con un marco normativo y regulatorio definitivamente estable, que restablezca la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza en el sector.

En todo caso, no debemos pensar tampoco que el fin de las primas es el fin de las renovables. Desde el Gobierno de Extremadura creemos que existe mucho recorrido de las renovables aplicadas al ahorro y a la eficiencia energética, como es el caso de la biomasa térmica, de la solar térmica o la fotovoltaica para autoconsumo.

¿Qué es lo que más preocupa a los grandes proyectos fotovoltaicos en desarrollo en la región actualmente?

Cuestiones relevantes para ellos son la inclusión de las infraestructuras de conexión a la red de transporte en la nueva planificación de la red eléctrica de transporte, o la regulación de la preferencia en el despacho de la energía renovable en el ámbito del régimen ordinario, acorde a la Directiva Europea 2009/28/CE y que hasta la fecha sólo se ha traspuesto para las renovables en régimen especial a través del Real Decreto 661/2007. Cuestiones todas ellas que dependen del Ministerio.

En estos aspectos, así como en  la obtención de las autorizaciones, se está trabajando coordinadamente con los promotores y con el Ministerio, para que podamos resolverlas y que más pronto que tarde estos proyectos sean una realidad en Extremadura.

Lo que sí es cierto es que tanto cambio normativo en el sector eléctrico en los últimos tiempos ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza que hace más difícil la obtención de la financiación. Pero en cualquier caso, creemos firmemente en estos proyectos porque se trata de generación renovable sin primas, a lo que nada ni nadie se podrá oponer, al menos de manera indefinida.

La Junta calcula que las pérdidas para proyectos renovables pueden llegar al 28% en los próximos 15 años con la reforma del Ministerio

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Aunque aún no se conocen en detalle los métodos de cálculo que empleará el Ministerio de Industria  para abonar las primas a los proyectos renovables, el Gobierno de Extremadura tiene claro que el nuevo sistema supondrá un grave perjuicio económico para los mismos.

En la rueda de prensa que dio la vicepresidenta del Gobierno regional, Cristina Teniente, se aseguró que el recorte de las primas «cambias las previsiones de ingresos» de los proyectos ya en marcha y genera «inseguridad» en los inversores. La vicepresidenta avanzó que la supresión de las primas supondrá en los próximos 15 años unas pérdidas de entre el 17,9% y el 28% según el tipo de energía.

La propia Comisión Nacional de la Energía ha puesto en duda en un reciente informe la complejidad de estos sistemas de cálculo que tras varios meses aún no han visto la luz.

El Ministerio de Industria ha contratado a The Boston Consulting Group y Roland Berger Strategy Consultants para que elaboren los estándares de los costes de inversión y operación que servirán de baremo para fijar la remuneración de las energías del régimen especial y de cogeneración.

La nueva regulación elimina el sistema de primas a la producción y crea uno nuevo que reconocería los costes de inversión y una rentabilidad media del 7,5% que tenga en cuenta toda la vida regulatoria. Aunque el texto aprobado por el Ministerio de Industria es muy ambiguo a la hora de concretar cómo se realizará dicho cálculo.

Por todo ello, y con el respaldo del dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura, el Gobierno regional ha aprobado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, que reformaba distintos aspectos de la remuneración del sistema eléctrico español. Un recurso al que el propio ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, ha asegurado en una reciente entrevista en El País que “tendrá poco recorrido”.

Con el anunciado días atrás, el gobierno regional tendrá ya en el Tribunal Constitucional cinco recursos relacionados de una u otra forma con el sistema eléctrico: dos contra la rebaja de la remuneración de las energías renovables, uno sobre la denominada ecotasa y otro sobre la facturación de los clientes.

La Federación Nacional de Regantes de España estima en 100 millones de euros el sobrecoste de la reforma energética del Gobierno

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P2

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) estima en unos 100 millones de euros anuales el sobrecoste que tendrá que asumir el sector agrario tras la reforma energética puesta en marcha recientemente por el Ministerio de Industria para compensar el denominado déficit de tarifa.

Según Fenacore, la factura de la luz pasará ahora a representar el 41% de los gastos generales de las comunidades de regantes o lo que es lo mismo, seis puntos porcentuales más que antes de la reforma, lo que convierte los costes energéticos en una partida «completamente inasumible» para el regadío, poniendo en peligro su continuidad.

En definitiva, el encarecimiento medio de la factura eléctrica de los regantes será superior al 15%, llegando incluso a superar ampliamente el 20% en determinadas comunidades, en función de las potencias contratadas y los consumos realizados en cada caso.

En un análisis más detallado de esta organización, la reforma energética provocará que las tarifas de alta tensión por las que se rige el regadío registren un incremento del término de potencia del 115%, que se añadirá a las subidas de más del 450% que ha experimentado ya en los últimos cuatro años, desde la supresión de los tarifas especiales para el riego.

Según la Federación de Regantes, aunque la tarifa que grava el consumo (término fijo de la energía) se reducirá en un 65%, apenas beneficiará a los regantes, ya que su impacto real en factura sólo se apreciará sensiblemente durante los meses más intensivos en riego (julio y agosto) y, por tanto, de mayor consumo energético.

Con el fin de compensar esta subida de la factura eléctrica y proteger la competitividad de la agricultura, la Federación ha solicitado al Ministerio de Industria que las comunidades de regantes paguen únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre).

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, «los actuales costes energéticos hacen completamente inviable el regadío modernizado. Sólo unas tarifas mejor adaptadas y más competitivas garantizarían su viabilidad”.