MERCADO ELÉCTRICO
ADIF pone en marcha el proyecto para las futuras subestaciones eléctricas de Cañaveral, Carmonita y Sagrajas de la alta velocidad
La línea de alta velocidad de Madrid a Badajoz también transporta nuevas infraestructuras eléctricas. ADIF, el organismo que administra las infraestructuras ferroviarias en España, ha iniciado los trámites para la electrificación de la línea entre Plasencia y Badajoz. Ya está en marcha el proceso de información pública para llevar a cabo las expropiaciones de terrenos necesarias.
Las tres ubicaciones claves en la electrificación de este tramo del futuro tren de altas prestaciones de Madrid a Badajoz están en Cañaveral, Carmonita y Sagrajas, para la construcción de las subestaciones eléctricas de tracción.
El proyecto consiste en construir las subestaciones eléctricas de tracción y centros asociados de la línea del AVE en las áreas de Cañaveral, Carmonita y Sagrajas. La previsión de ADIF pasa por expropiar más de 43.00 metros cuadrados de suelo rural en los municipios de Badajoz, Mérida, Cáceres y Malpartida de Plasencia.
Está prevista, en el proyecto original, la construcción de una nueva subestación eléctrica en cada una de las zonas, con centro de autotransformación final incluido y tres centros de autotransformación intermedios.
En el caso de la subestación proyectada en Cañaveral, es la que debe dar suministro al tramo de Plasencia y Cáceres, mientras que la de Carmonita lo dará en el tramo de Cáceres-Mérida, con centros intermedios en ambas localidades. Mientras la de Sagrajas, en el municipio pacense de Pueblonuevo del Guadiana, será la que aporte al suministro al futuro tramo ferroviario entre la capital extremeña y Badajoz capital, antes de su llegada a la frontera portuguesa.
Estas subestaciones también serán claves en el futuro para la evacuación de energía eléctrica de distintos proyectos fotovoltaicos que se proyectan en Extremadura actualmente.
El Ministerio de Industria abre la puerta a la subasta de centrales de ciclo combinado, de carbón y nucleares a terceros
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha aprobado el Informe sobre el Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de cierre de centrales de producción de energía.
A través de este proyecto normativo, el Ministerio introduce nuevos criterios y un procedimiento de subasta, para evitar el cierre definitivo de centrales de generación eléctrica (ciclos combinados, centrales de carbón, nucleares, etc…).
En la actualidad, el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico establece que las empresas eléctricas tienen que pedir autorización al Ministerio si quieren cerrar una central. Ese cierre está condicionado a que no ponga en peligro la seguridad del suministro eléctrico en España.
Sin embargo, el Real Decreto que plantea ahora el Ministerio añade criterios adicionales al de seguridad del suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación.
Además, el Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado. Esta solución en última instancia podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación.
En su informe, la CNMC considera que los nuevos criterios que plantea el Ministerio en su Proyecto de Real Decreto no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente. Además, le confieren un excesivo margen de discrecionalidad y estima que crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la competencia en el sector eléctrico.
En cuanto al mecanismo de subasta que propone el Real Decreto, la CNMC considera que es muy complejo. Además, observa que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa de la Unión Europea, lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea.
La CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contrario. En el peor escenario (punta de demanda de 46.000 MW y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de una parte significativa del parque de carbón existente.
La CNMC concluye que para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico es necesario revisar el marco normativo de forma global: metodología de seguridad de suministro, hibernación de centrales, mecanismo de pagos por capacidad, y el procedimiento de autorización de nuevas instalaciones.
Extremadura es la región española donde más han crecido las emisiones de CO2 desde 1990, un 149%
El Observatorio de la Sostenibilidad ha realizado un informe para analizar las emisiones de CO2 de las diferentes comunidades autónomas españolas durante un largo periodo de tiempo, de 1990 a 2015, y ver su evolución tanto en emisiones fijas (las que proceden de centrales energéticas y de grandes industrias sobre todo) y las difusas (transporte, calefacción.etc). Todos los datos han sido recogidos de fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Respecto al total de las emisiones entre 1990 y 2015, Andalucía y Cataluña suponen cada una un 14% del total emitido, seguida de Castilla y León con un 10%, Galicia con un 9%, Asturias con un 8% o Comunidad Valenciana con un 7%. Mientras, Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura son las que menos emisiones presentan.
Excepto País Vasco, Galicia y las Castillas, que emiten un poco menos 1990, todas las Comunidades Autónomas han aumentado sus emisiones, destacando Extremadura, Murcia, Andalucía, Navarra y Baleares. Según la Directiva europea 406/2009/CE (Decisión de reparto de esfuerzos) España debería alcanzar una reducción del 10% para el año 2020 y según el Acuerdo de París, las emisiones se deberían reducir un 40% para el año 2030. Países como Francia y Alemania han reducido ya mucho más sus emisiones de CO2 a la atmósfera.
Si se realiza el mismo análisis per cápita, pero centrados solo en las emisiones difusas, se observa que los mayores valores se dan sobre todo en comunidades muy extensas con población más bien dispersa, con los máximos en Castilla y León, y Aragón (que ya estaban en el máximo de la ratio para todas las emisiones), seguidos a más distancia por Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Asturias. La concentración de la población parece favorecer una tasa de emisiones difusas per cápita menor, este análisis refleja más directamente las formas de consumo más cercanas al ciudadano. Mención aparte merece, no obstante Andalucía, que se aparta claramente de este patrón aparente.
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