MERCADO ELÉCTRICO
La red de transporte aún dispone de capacidad para nueva demanda en el 25% de sus nudos
Red Eléctrica, en su condición de operador del sistema (OS) ha publicado por primera vez las capacidades de acceso para la conexión de demanda en los nudos de la red de transporte calculadas según los criterios técnicos establecidos por las Especificaciones de detalle aprobadas por la CNMC mediante la Resolución de 1 de diciembre.
Los criterios técnicos de cálculo establecidos, de forma análoga a los que son de aplicación para generación, tienen por objeto seguir garantizando la seguridad y correcto funcionamiento del sistema.
Sólo en la red de transporte hay otorgados permisos de acceso y conexión a 129 GW de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, 16 GW de instalaciones de almacenamiento y 19 GW de instalaciones de demanda. De estas últimas, desde 2022, fecha en que se aprobó la planificación vigente, se han otorgado 11,8 GW de capacidad para nuevas demandas sin que ninguna se haya puesto aún en servicio. Disponen para ello de 5 años desde que obtuvieron el permiso. El volumen de demanda con permiso, pendiente de conexión sólo a la red de transporte, supondría un incremento del 25% de la demanda actual del país.
Los valores publicados recogen que la red de transporte aún dispone de capacidad para nueva demanda en el 25% de sus nudos que podrá ser otorgada bien a través del criterio general de prelación o mediante concurso.
La información que se publica cumple el acuerdo de la CNMC del pasado 13 de febrero tras la puesta en conocimiento por parte del Operador del Sistema de la situación tanto en cuanto al cálculo de las capacidades de acceso como al avance en el acuerdo de los valores de referencia. Esta información que será actualizada mensualmente será aplicable a todas las evaluaciones de capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte que deban realizarse y se irá actualizando a medida que avance el proceso en torno a los valores de referencia y se evolucione en el ámbito de la normativa sobre requisitos de robustez, tal y como indicó la CNMC en dicho acuerdo.
Los resultados de los estudios realizados y en particular los correspondientes al criterio dinámico, confirman la necesidad de asegurar requisitos de robustez (soportar huecos de tensión) en las futuras instalaciones de demanda que se pongan en servicio, especialmente las conectadas mediante electrónica de potencia.
La evolución anunciada de esta normativa permitirá incrementar notablemente la capacidad otorgable en gran parte de los nudos en los que actualmente el valor se ve limitado por criterio dinámico, dado que la red de transporte permitiría acoger con seguridad los flujos necesarios para la alimentación de consumos adicionales.
Las especificaciones de detalle establecen por primera vez la definición del valor de capacidad para demanda que se reserva en la red de transporte para su otorgamiento a instalaciones a conectarse a las redes de distribución (valores de referencia). También a lo largo de estos meses el OS y los gestores de las redes de distribución vienen trabajando en este aspecto en los nudos en los que existen interfaces entre ambas redes y que debe formalizarse mediante acuerdo siguiendo las directrices definidas por la CNMC.
La suma de valores propuestos por los gestores de las redes de distribución supera el doble de la punta histórica del sistema (45 GW). Actualmente, se han alcanzado acuerdos en el 45% de los interfaces transporte/distribución que suman una capacidad de 33,1 GW.
Para seguir avanzando en el proceso de acuerdo de valores de referencia se identifica un número de casos relevante que requiere establecer criterios normativos adicionales para homogeneizar el tratamiento de todos los interfaces entre red de transporte y red de distribución.
El MITECO prepara un decreto para que sea obligatorio para las eléctricas no introducir oscilaciones adversas al sistema eléctrico
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado la audiencia pública del Proyecto de real decreto por el que se establecen requisitos mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad de las instalaciones que se conecten a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, disponible aquí. Las exigencias técnicas introducidas por la futura norma aumentarán la capacidad de acceso disponible en las redes eléctricas de manera relevante e incrementarán la seguridad del sistema, al fijar obligaciones para nuevos consumidores que aportan fortaleza y flexibilidad a la red.
La integración activa y segura en el sistema eléctrico de nuevas demandas asociadas a los centros de procesamiento de datos, la descarbonización de la industria y del transporte, o el hidrógeno renovable, así como el almacenamiento, requiere actualizar los requisitos técnicos de conexión que deben cumplir las instalaciones que se conectan a la red. Además, se espera un crecimiento de tipologías de conexión antes residuales o inexistentes que no están contempladas en los vigentes códigos de red europeos.
El Proyecto del MITECO se anticipa a la actualización de dichos códigos y se aplicará a todas las instalaciones ya previstas y a las futuras, sin coste reseñable, a la vista de la tecnología que ya está incorporada de forma generalizada. En cambio, tendrá un efecto netamente positivo sobre la economía, al permitir aumentar la capacidad disponible en las redes de transporte y distribución.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha establecido un criterio dinámico para determinar la capacidad de acceso a la demanda que afecta a zonas compartidas por varios nudos de la red de transporte. Aplicando este criterio, un único acceso solicitado en un nudo pueden tener un efecto en cascada que drena capacidad en el resto de nudos que comparten la zona –pueden ser decenas, a muchos kilómetros de distancia–, impidiendo atender otras peticiones de acceso.
En las zonas limitadas por el criterio dinámico no se puede aumentar la capacidad invirtiendo en el refuerzo de la red, sino que es necesario actuar sobre las demandas previstas y futuras, para que sean más robustas y su comportamiento no impida la conexión de otras demandas.
La propuesta normativa de MITECO exige que las demandas soporten huecos de tensión, reduciendo considerablemente el número de nudos de las zonas de capacidad compartida y aflorando una capacidad de acceso que de otro modo sería imposible de conceder, habilitando la materialización de más proyectos y potenciando la electrificación de la economía. Su aplicación, en consecuencia, por un lado aumentará la seguridad de la operación y la gestión de las redes y por otro servirá de palanca para optimizar su capacidad.
El Proyecto normativo también introduce requisitos de estabilidad en la inyección de potencia frente a huecos de tensión, en este caso derivados de la aplicación del Real Decreto 997/2025, al igual que nuevos requisitos de calidad de producto, de amortiguamiento frente a oscilaciones de potencia y la obligación de no introducir oscilaciones adversas al sistema eléctrico.
El coste energético por hogar ha bajado desde 1.111 euros al año en 2018 a 1.072 euros el año pasado
El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030), que está disponible aquí. Contiene 13 medidas pluridisciplinares para consolidar los avances alcanzados por la ENPE 2019-2024 –la primera elaborada en España– y afianzar una nueva generación de políticas públicas, basadas en la idea de la equidad energética, con el objetivo de garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, como derecho básico y condición necesaria para una vida digna.
La ENPE 26-30 surge tras un intenso proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial, que ha incluido un novedoso proceso de escucha a hogares vulnerables, y después de un período marcado por acontecimientos extraordinarios, como la pandemia de la Covid-19 o la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.
Estos acontecimientos exigieron la aplicación de actuaciones urgentes y de carácter coyuntural, como el Mecanismo Ibérico o una relevante rebaja de la fiscalidad, con especial atención a los consumidores vulnerables; por ejemplo, el descuento del bono social eléctrico llegó al 80% de la factura para los consumidores más vulnerables, entre otras medidas, como la implantación del Suministro Mínimo Vital, o la prohibición del corte de suministros a consumidores vulnerables.
El coste de la electricidad en España ha pasado de estar por encima de la media europea a estar por debajo, y la carga energética por hogar medio –el porcentaje de ingresos destinados a la energía– ha bajado un 3,5% desde 2018, desde 1.111 euros al año a 1.072 euros al año en términos corrientes, esto es, sin considerar la inflación (+19,7%) ni el aumento de la renta (+28,5%) durante el período.
En el caso de los hogares situados en los deciles de renta más bajos, la reducción de la carga energética, en esos mismos términos corrientes, es muy superior, llegando al 24,7%. Estos buenos resultados no hubieran sido posibles sin la aplicación de la ENPE 19-24 y las numerosas medidas coyunturales adoptadas durante los últimos años para proteger a los consumidores y la ciudadanía en general.
El primero de los ejes cuenta con una medida, la creación de un Observatorio de la pobreza energética, con visibilidad en la web del MITECO, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas. Para crear el Observatorio, concretar sus actividades y la de su red de colaboradores, entre otros aspectos, se acaba de lanzar una consulta pública previa, que puede consultarse aquí.
El segundo de los ejes, la protección de los consumidores, cuenta con cuatro medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social, que ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones de hogares en la actualidad.
Así, la ENPE 26-30 contempla implantar medidas que faciliten el acceso a los potenciales beneficiarios, suprimiendo prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social y estableciendo una protección en el caso de refacturaciones, o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse.
Adicionalmente, la ENPE 26-30 plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico –y en consecuencia, al bono social térmico– para cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita. Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan.
En el tercero de los ejes, la mejora estructural de las condiciones energéticas, destacan las iniciativas destinadas a la rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables y el fomento de la inclusión de los consumidores vulnerables en las comunidades energéticas, así como la protección de la ciudadanía frente a las olas de calor y de frío, mediante refugios climáticos y el impulso de la refrigeración, de acuerdo con la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática. En este ámbito se contará con incentivos y apoyo público: además de los presupuestos ordinarios de los ministerios y administraciones implicadas, el Plan Social para el Clima contará con unos 9.000 millones de euros durante el período de vigencia de la ENPE 26-30. Ya se ha lanzado una Consulta pública previa para diseñar una Orden ministerial que regule la concesión de ayudas a proyectos piloto de intervención exprés de viviendas vulnerables y edificios de uso comunitario, disponible aquí.
- 1
- 2
- …
- 124
- Siguiente →
Energía de Extremadura 