AHORRO ENERGÉTICO
Las instalaciones de autoconsumo en hogares moderan su descenso en el segundo trimestre del año por el apagón de abril
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) acaba de hacer públicos los datos preliminares de instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico en el segundo trimestre de 2025.
En ellos se aprecia una bajada en el ritmo de instalación del 9% respecto a la media trimestral del año pasado, una caída “más suave” que en el trimestre anterior (-17% respecto al trimestre medio del 2024), que, sin embargo, sigue preocupando al sector al no recuperar el ritmo de instalación de años anteriores.
La instalación de sistemas de autoconsumo en hogares también ha descendido en este segundo trimestre del año en un 9% respecto a la media por trimestres del 2024, pero que supone un 11% más que la potencia instalada en el trimestre anterior.
Durante estos meses en los que ocurrió el apagón eléctrico, se puede apreciar el interés que los consumidores particulares poseen tanto por la independencia energética que estos sistemas les proporcionan (se observa un atractivo especial por soluciones con almacenamiento e inversores que permitan el “modo isla”), como el ahorro de costes que implica el autoconsumo, especialmente en aquellos hogares que han invertido en la electrificación, con la apuesta por coches eléctricos o bombas de calor en sustitución de las antiguas calderas de gas.
En el sector industrial también se aprecia un creciente interés por estas instalaciones. Su implementación aumenta en este trimestre en un 4% respecto al mismo trimestre del 2024, recuperándose el ritmo de instalación de un trimestre medio de 2024 en este segmento (solo se aprecia una ligera caída interanual del 4%). El autoconsumo ofrece a la industria estabilidad de suministro y precio, tanto por el ahorro en los costes de la energía, como por el impulso a la electrificación de consumos que actualmente implican el uso de combustibles fósiles. Una electrificación que supone, además, poder evitar la compra de derechos de emisión ETS 2, cuya aplicación entra en vigor en 2027.
Sin embargo, estos efectos que se estiman en los sectores residencial e industrial, no se aprecian en el comercial. Este segmento ha descendido en un 22% con respecto a un trimestre medio de 2024, lo que subraya la necesidad de llevar a cabo las actualizaciones normativas pendientes para su impulso.
“Pese a las señales de la nueva potencia instalada en el segundo trimestre, el sector recuerda que el ritmo es aún muy bajo y que existen importantes barreras administrativas y de falta de incentivos que están frenando su despliegue, impidiendo a los consumidores disfrutar de sus ventajas, al país avanzar en sus objetivos de descarbonización, y a la industria fotovoltaica mantener un volumen de instalaciones adecuado que permita la supervivencia de las empresas que desarrollan e instalan estas soluciones”, declara José Donoso, director general de la asociación.
Desde UNEF, insisten en la urgente necesidad de solucionar las trabas administrativas existentes y poner en marcha los incentivos que permitan avanzar en la implementación de estas soluciones. Alertan además de que, de no incrementarse sustancialmente su ritmo de instalación, no se alcanzarán los objetivos marcados en el Plan Nacional de Energía y Clima, que fija una meta de 19.000 MW instalados a 2030 cuando, a cierre de 2024, no se habían instalado más de 8.200 MW.
Entre las medidas que el sector señala como más urgentes, están algunas que fueron incluidas en el RDL “antiapagones” que no salió adelante, como la creación de la figura del gestor de autoconsumo, la posibilidad de que los autoconsumidores se puedan acoger a más de un autoconsumo con diferente modalidad, o el aumento de la distancia que se considera autoconsumo a 5 km.
UNEF solicita además que el RD de autoconsumo, actualmente en revisión por parte del MITECO, recoja otras propuestas que lleva tiempo solicitando, como la tramitación simplificada para instalaciones de hasta 500 kW de capacidad de acceso o la actualización de la exención del permiso de acceso y conexión para todas las instalaciones que inyecten menos de 15 kW a la red, así como medidas que permitan compartir excedentes de energía y no solo generación en los autoconsumos colectivos.
Extremadura ya ha gestionado 15 millones de euros del bono social térmico pero queda localizar a más de 9.200 beneficiarios más
La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) ha iniciado una campaña informativa para localizar a 9.288 personas que aún no han cobrado el Bono Social Térmico del año 2024 en Extremadura porque no han facilitado su número de cuenta bancaria. De los 81.650 beneficiarios de esta anualidad, alrededor del 90 por ciento recibió su ayuda durante el primer trimestre del año. AGENEX realizó más de 72.300 transferencias en el mes de febrero, situando a la región como una de las comunidades más ágiles en la tramitación de esta ayuda. Desde entonces, ha continuado enviando pequeñas remesas conforme los perceptores pendientes han ido aportando sus datos.
En total, son 15 millones de euros los que ya han llegado a hogares vulnerables de la región para paliar los gastos energéticos de la calefacción o el agua caliente. No obstante, aún quedan 9.288 personas por recibir el ingreso. Ante esta situación, la agencia ha comenzado a enviar cartas por correo postal a las personas afectadas, solicitándoles que aporten su IBAN para poder tramitarle el pago. La directora de AGENEX, Lidia Calderón, ha explicado que «al ser una ayuda que se otorga automáticamente, sin necesidad de solicitarla, posiblemente haya personas que ni siquiera sepan que existe y que les pertenece».
Por otro lado, AGENEX ha actualizado el listado de beneficiarios publicado en la página web del Bono Social Térmico, incluyendo únicamente a las personas que actualmente tienen documentación pendiente. El listado se puede consultar en: https://bonosocialtermico.agenex.net/bst2024.php
Desde la agencia, invitan a la ciudadanía a colaborar en la difusión de esta información. Así, «si conoces a alguien que aparece en el listado, avísale para que se ponga en contacto con nosotros y nos aporte sus datos», ha indicado Calderón. Las personas que aparezcan en este listado pueden enviar su información a través del formulario de datos bancarios que hay en la web. En este portal también es posible reclamar la ayuda si es heredero de una persona beneficiaria que haya fallecido. Para cualquier duda, AGENEX dispone de un canal de atención a través del correo electrónico bst@agenex.org o en el teléfono 924 281 390.
-Beneficiarios. Hay que recordar que los requisitos para acceder al bono social energético son los de tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en la vivienda habitual. El PVPC es un precio al que se pueden acoger los titulares de los puntos de suministro, que sean personas físicas o microempresas, con tensiones no superiores a 1 kV y con una potencia contratada igual o inferior a 10 kW, que se calcula a partir de una metodología establecida por el Gobierno. El PVPC incluye el coste de la energía, impuestos, peajes y cargos. No incorpora otros productos o servicios adicionales.
Así como cumplir con los requisitos personales, familiares y de renta establecidos.Además de tener contratado el PVPC se debe cumplir con los siguientes requisitos personales, familiares y de renta. Que su renta o la renta conjunta anual de la unidad de convivencia a que pertenezca sea ≤ 1,5 x IPREM de 14 pagas. Cuando la unidad de convivencia esté formada por más de una persona, el multiplicador de renta respecto al índice IPREM de 14 pagas se incrementará en 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad que conforme la unidad de convivencia y 0,5 por cada menor de edad de la unidad de convivencia. O bien, que se esté en posesión del título de familia numerosa.
O bien que el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad de convivencia sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social (jubilación o incapacidad permanente), percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento, para dichas clases de pensión, y no percibir otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros.
De acuerdo con el artículo 82 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.
El 67% de los municipios de España bonifica el IBI para instalar autoconsumo fotovoltaico
El 67% de los municipios españoles cuenta con ordenanzas fiscales que bonifican el autoconsumo mediante reducciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Así lo refleja el informe Incentivos fiscales al autoconsumo, publicado por la Fundación Renovables con el apoyo de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Pese a ello, no todos los municipios establecen los mismos requisitos para acceder a las bonificaciones del IBI por la instalación de cubiertas fotovoltaicas. El 62% de los ayuntamientos que aplican esta bonificación imponen condiciones asumibles, mientras que el 32% exige requisitos más restrictivos, como limitar el beneficio exclusivamente al sector residencial. Por otro lado, el 6% de las ayudas se otorgan bajo condiciones muy restrictivas, lo que dificulta el acceso a las ventajas fiscales.
El documento —que se acompaña de una herramienta web para facilitar localizar estas bonificaciones al autoconsumo— analiza, por sexto año consecutivo, cómo los municipios de más de 10.000 habitantes fomentan el desarrollo del autoconsumo mediante rebajas fiscales. En estas localidades reside el 80% de la población española y se concentra el 97% de las empresas del país, por lo que representan, de forma bastante precisa, la fiscalidad vigente respecto al autoconsumo.
Además del IBI, la publicación analiza el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), dos tributos de competencia municipal con un gran potencial para incentivar el autoconsumo.
Los resultados revelan que el 65% de los ayuntamientos bonifican el ICIO si se realizan instalaciones de autoconsumo. En este caso, los requisitos son generalmente laxos, ya que el 91% de las ordenanzas que contemplan rebajas fiscales presentan condiciones asumibles, frente al 6% que establece condiciones restrictivas y un 3% requisitos muy restrictivos.
En cuanto al IAE, solo el 26% de los municipios ofrece bonificaciones si hay autoconsumo fotovoltaico. De estas ayudas, el 77% contempla condiciones asumibles, mientras que el 19% impone requisitos restrictivos y el 4%, muy restrictivos.
Los datos revelan, además, una clara tendencia al alza de estos incentivos. En 2021, cuando la Fundación Renovables publicó la primera edición de este informe, el 48% de los municipios bonificaban el IBI para instalaciones de autoconsumo. Desde entonces, se ha producido un incremento de 19 puntos porcentuales en apenas seis años. En el caso del ICIO, el número de municipios que fomentan el autoconsumo ha aumentado 8 puntos porcentuales.
Raquel Paule, directora general de Fundación Renovables: “El autoconsumo sigue consolidándose como una de las herramientas más potentes para avanzar hacia un sistema energético más justo, eficiente y democrático. Las medidas fiscales son fundamentales para su desarrollo y cada año vemos que son más los ayuntamientos que bonifican el autoconsumo a través de sus impuestos. Este tipo de iniciativas, junto a las reformas anunciadas para aumentar el radio para compartir energía a 5 km o la creación del gestor del autoconsumo son imprescindibles para seguir avanzando”
José Donoso, director general de UNEF: “La energía fotovoltaica es uno de los elementos clave de la transición hacia un modelo energético basado en energías limpias, propias y de bajo coste. El autoconsumo fotovoltaico y las comunidades energéticas juegan un papel disruptivo fundamental en esa transformación. Permiten que el ciudadano pueda ser un actor más de la política energética, le dan respaldo ante la volatilidad de los precios del mercado y le dotan de seguridad de suministro eléctrico. Por su relevante papel, el apoyo desde las instituciones para su desarrollo es fundamental y permite que, entre todos, sigamos construyendo este camino”.
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