“El módulo fotovoltaico está aumentando su precio en los últimos meses”

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Raul_Garcia

Entrevista con
Raúl García Méndez
Delegado de UNEF (Unión Española Fotovoltaica) en Extremadura

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) es la asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en España. Formada por más de 200 empresas y entidades de toda la cadena de valor de la tecnología, representa a más del 85% de la actividad del sector en España, desde productores a fabricantes de módulos o distribuidores.

¿Cuál es la situación del sector fotovoltaico en Extremadura en la actualidad tras todos los cambios legislativos habidos?

La leyes que regulan y aplican al sector de las energías renovables es de ámbito estatal, por lo tanto la situación de Extremadura es generalizada. Desde el 2012 el sector  sufre una parálisis total de nuevos desarrollos por la derogación de todas las regulaciones anteriores, imponiendo un nuevo sistema retributivo en las instalaciones ya existentes.

Si bien es cierto que para el tipo de instalaciones denominadas de autoconsumo, algunas comunidades han establecido procedimientos para favorecer la tramitación de estos proyectos. Sin embargo, recientemente el Ministerio ha hecho público un borrador de normativa, aún por aprobar, que cerraría las puertas a la posibilidad de tramitar este tipo de instalaciones por el procedimiento simplificado, el reglamento de baja tensión, y obliga a todas las instalaciones a regularizarse por el 1699/2011, que limita el uso de sistemas de acumulación y encarece el proceso administrativo.

El 2014 no fue un buen año para el sector ¿Cómo se está comportando el 2015?

Seguimos en la misma situación de parálisis y por lo tanto no está siendo distinto el 2015 al 2014. El Gobierno central recientemente ha anunciado  el borrador de autoconsumo que antes de verano pretende aprobar, cuestión que se lleva esperando ya hace tres años. En lectura de este borrador y con la coincidencia de año electoral,  se confirma que lleva la intención de publicar un documento sin  ánimo de desarrollo y sino de lo contrario, de paralizar toda iniciativa al respecto. Todos los ciudadanos estamos afectados por esta medida y debemos manifestarnos, cada uno como lo crea oportuno y pueda, en contra de estas imposiciones. La práctica paralización del mercado en España, contrasta con los datos de nueva capacidad fotovoltaica en países como Gran Bretaña, con 2270MW, Alemania, con 1900MW o Francia con 1000MW.

En Extremadura hay en tramitación varios proyectos fotovoltaicos sin primas que necesitan conocer los planes futuros del Ministerio sobre infraestructuras eléctricas. ¿Serán viables?

España tiene una sobrecapacidad de generación eléctrica. Antes de aprobar ningún proyecto más,  para no cometer el mismo error y que el arrepentimiento venga vía decreto retroactivo,  sería lógico primero aprobar un plan energético de sustitución programada de las fuentes convencionales principalmente a través de las energías renovables, algo que ya han hecho los principales países del mundo.

Me cuesta creer que hoy se puedan ejecutar este tipo de proyectos por tres cuestiones: la difícil entrada de capital para financiar estos proyectos por  la incertidumbre jurídica; la inestabilidad del mercado de la energía, precio del pool y su posible cambio del sistema de regulación del precio. Por último, que los costes actuales de instalación sean suficientemente bajos para tener una rentabilidad del proyecto aceptable. El principal coste que sigue siendo el modulo fotovoltaico debido a las medidas antidumping y sobre todo a la evolución del cambio euro-dólar, está aumentando su precio en los últimos meses. Será un reto para la fotovoltaica llegar a producir con rentabilidad a precio del pool  demostrando así que es una tecnología competitiva.

Muchos de los proyectos fotovoltaicos desarrollados en Extremadura tuvieron como accionistas a pequeños ahorradores ¿Hay alguna solución posible para que no pierdan sus ahorros?

Cada caso es particular. La única vía posible para que no ocurra esto es refinanciar el proyecto y llegar a un acuerdo con el banco o en algunos casos, si es posible, vender. El accionista debe asumir que la rentabilidad legítima sobre la que realizó la inversión se ha reducido bastante y tardará  unos años más en recibir algún ingreso debido a que el retorno de la inversión se le ha alargado.

La solución real para los afectados pasa por la recuperación de la seguridad jurídica. El Estado debe recuperarla por el bien no sólo de los inversores actuales, sino también para que quienes inviertan en un futuro sepan que se pueden fiar de las leyes de nuestro país. La gran mayoría de partidos políticos, con la excepción del partido que gobierna en la actualidad, se han comprometido a recuperar la seguridad jurídica.

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