El coste energético por hogar ha bajado desde 1.111 euros al año en 2018 a 1.072 euros el año pasado

Posted on 5 marzo, 2026

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030), que está disponible aquí. Contiene 13 medidas pluridisciplinares para consolidar los avances alcanzados por la ENPE 2019-2024 –la primera elaborada en España– y afianzar una nueva generación de políticas públicas, basadas en la idea de la equidad energética, con el objetivo de garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, como derecho básico y condición necesaria para una vida digna.

La ENPE 26-30 surge tras un intenso proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial, que ha incluido un novedoso proceso de escucha a hogares vulnerables, y después de un período marcado por acontecimientos extraordinarios, como la pandemia de la Covid-19 o la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.

Estos acontecimientos exigieron la aplicación de actuaciones urgentes y de carácter coyuntural, como el Mecanismo Ibérico o una relevante rebaja de la fiscalidad, con especial atención a los consumidores vulnerables; por ejemplo, el descuento del bono social eléctrico llegó al 80% de la factura para los consumidores más vulnerables, entre otras medidas, como la implantación del Suministro Mínimo Vital, o la prohibición del corte de suministros a consumidores vulnerables.

El coste de la electricidad en España ha pasado de estar por encima de la media europea a estar por debajo, y la carga energética por hogar medio –el porcentaje de ingresos destinados a la energía– ha bajado un 3,5% desde 2018, desde 1.111 euros al año a 1.072 euros al año en términos corrientes, esto es, sin considerar la inflación (+19,7%) ni el aumento de la renta (+28,5%) durante el período.

En el caso de los hogares situados en los deciles de renta más bajos, la reducción de la carga energética, en esos mismos términos corrientes, es muy superior, llegando al 24,7%. Estos buenos resultados no hubieran sido posibles sin la aplicación de la ENPE 19-24 y las numerosas medidas coyunturales adoptadas durante los últimos años para proteger a los consumidores y la ciudadanía en general.

El primero de los ejes cuenta con una medida, la creación de un Observatorio de la pobreza energética, con visibilidad en la web del MITECO, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas. Para crear el Observatorio, concretar sus actividades y la de su red de colaboradores, entre otros aspectos, se acaba de lanzar una consulta pública previa, que puede consultarse aquí.

El segundo de los ejes, la protección de los consumidores, cuenta con cuatro medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social, que ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones de hogares en la actualidad.

Así, la ENPE 26-30 contempla implantar medidas que faciliten el acceso a los potenciales beneficiarios, suprimiendo prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social y estableciendo una protección en el caso de refacturaciones, o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse.

Adicionalmente, la ENPE 26-30 plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico –y en consecuencia, al bono social térmico– para cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita. Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan.

En el tercero de los ejes, la mejora estructural de las condiciones energéticas, destacan las iniciativas destinadas a la rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables y el fomento de la inclusión de los consumidores vulnerables en las comunidades energéticas, así como la protección de la ciudadanía frente a las olas de calor y de frío, mediante refugios climáticos y el impulso de la refrigeración, de acuerdo con la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática. En este ámbito se contará con incentivos y apoyo público: además de los presupuestos ordinarios de los ministerios y administraciones implicadas, el Plan Social para el Clima contará con unos 9.000 millones de euros durante el período de vigencia de la ENPE 26-30. Ya se ha lanzado una Consulta pública previa para diseñar una Orden ministerial que regule la concesión de ayudas a proyectos piloto de intervención exprés de viviendas vulnerables y edificios de uso comunitario, disponible aquí.

El 17,6 % de los hogares extremeños tiene temperaturas inadecuadas en su vivienda

Posted on 4 diciembre, 2023

El pasado año 2022 se convirtió en la tormenta perfecta para el consumo energético en Extremadura. Con las temperaturas medias más altas desde que AEMET tiene registros, 2,4 grados por encima de la media, y con muchos meses de calor extremo sin lluvias por un lado. Y por otro, con el precio de la luz en sus niveles más altos históricos. Ambos componentes provocaron el desplome del consumo eléctrico en la región en el año 2022 en un 7,41%, hasta los 4.681 GWh. Teniendo en cuenta la población regional (1.051.000 habitantes), la demanda per cápita en la región fue de 4,45 MWh.

Lo ocurrido el pasado año ilustra a las claras el impacto que el aumento de las temperaturas tiene en el consumo energético en los hogares, que tienen a subir de forma significativa en los meses más calurosos del verano por el uso principalmente de los aires acondicionados. Al igual que en los meses de frío, menores en la región, con el uso de estufas, radiadores y otros electrodomésticos de calor. Todo ello, dependiendo del nivel de renta de los hogares, provoca un número cada vez mayor de hogares que tienen una temperatura inadecuada. O pasan más de frío o más de calor. Y sobre todo, cuando los precios de la energía están altos.

-Por regiones. Las regiones de España con un mayor porcentaje de su población con temperatura inadecuada en sus hogares (todas por encima del 15%) son la ciudad autónoma de Ceuta (con un 33,3%), la Región de Murcia (21,4%), la ciudad autónoma de Melilla (18,8%), Andalucía (18%), Extremadura (17,6%), Canarias (16,7%), Cataluña (15,9%) y Comunitat Valenciana (15,5%). Así se desprende a la actualización de indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 —del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO—, que concreta a su vez que las regiones menos afectadas por una temperatura inadecuada en sus hogares (todas por debajo del 10%) son la Comunidad Foral de Navarra (5,5%), País Vasco (7,2%), Aragón (8,5%), Castilla y León (8,7%) y La Rioja (9%).  

A nivel nacional, el porcentaje de población que sufre una temperatura inadecuada en sus viviendas subió de forma abrupta, de un 10,9% en 2020 a un 14,3% en 2021, cuando las tarifas eléctricas se dispararon de manera descontrolada en España y en toda la Unión Europea. Estos datos de 2021, los últimos publicados por MITECO, no tienen en cuenta la subida del 80% que sufrió el precio de la electricidad en 2022.

“Todas las regiones con un mayor porcentaje de viviendas que sufren temperaturas inadecuadas, por encima del 15%, tienen en común que hace calor”, explica Paula Rivas, directora técnica de Green Building Council España (GBCe). Según Rivas, este denominador común de las altas temperaturas hace que las casas no estén preparadas contra el frío pero, al mismo tiempo, permite que con cambios menores se pueda solucionar el problema: “La clave contra la pobreza energética pasa por la eficiencia de los hogares, con edificios bien aislados contra el frio y el calor y con sistemas de climatización eficientes”, matiza la directora técnica de GBCe.

-Pobreza energética. La pobreza energética se define, según el MITECO, como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.

Existen cuatro indicadores primarios que nos permiten ver la evolución de la pobreza energética en los hogares españoles desde 2018 hasta 2021: el gasto desproporcionado de energía —gente que está gastando más de lo que debería—, que ha bajado del 16,9% al 16,4%; la pobreza energética escondida, la temperatura inadecuada en la vivienda en invierno, que ha subido del 9,1% al 14,3%, y el retraso en el pago de las facturas de suministros.

La “pobreza energética” afecta a más de un 30% de los hogares de la Comunidad de Extremadura

Posted on 14 marzo, 2022

Las regiones españolas más afectadas por la pobreza energética son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, tal y como se desprende de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESSE), en su última actualización de 2020.

Este fenómeno estructural afecta a más de un 30% de los hogares en estas comunidades autónomas, frente al 25% de media que sufren pobreza energética o monetaria a nivel nacional. En el lado opuesto se sitúan Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco, donde la incidencia de hogares afectados por la pobreza energética o monetaria oscila entre el 12% y el 20%.

“España tendría que invertir más de 13.000 millones de euros en la rehabilitación de su parque edificado para acabar con la pobreza energética”, ha afirmado Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe), con motivo de la semana de la lucha contra la pobreza energética, que se desarrolla entre el 17 y el 23 de febrero. En este sentido, Huerta ha destacado que, tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto #BuildingLife, “la rehabilitación es la solución más efectiva y estructural a largo plazo”.

De ese 25% de hogares en pobreza energética o monetaria que tiene España de media, el 62% de los casos se dan en zonas urbanas y más del 60% aparecen en viviendas colectivas. Esto implica que la toma de decisiones sobre la realización de obras es más habitual como un proceso colectivo, en el que deben ponerse de acuerdo los diferentes propietarios del inmueble, con sus propias circunstancias económicas.

Según explica Dolores Huerta, esto hace que la rehabilitación sea más compleja en España, lo que condiciona la solicitud y concesión de ayudas públicas para la rehabilitación de edificios de viviendas colectivas, o la de los préstamos, pues estas comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, esta se define como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.

En este sentido, la dirigente de GBCe ha resaltado que esta estrategia rehabilitadora “permitirá a los edificios existentes aportar la habitabilidad socialmente necesaria en términos de confort, salud y accesibilidad”. Para lograr este objetivo, Huerta ha defendido la importancia de lograr un esfuerzo conjunto de todos los agentes involucrados y, especialmente, de los administradores de fincas: “Son fundamentales porque pueden hacer de nexo entre el sector y los pequeños propietarios, que representan un gran número de ciudadanos”, ha explicado.

La directora general de GBCe ha matizado que esto no es suficiente en el caso de hogares que sufren mayor vulnerabilidad, que “deben ser especialmente apoyados por los poderes públicos para asegurar una transición justa y reducir la pobreza energética”.

GBCe es una asociación que nace en 2008 para promover la transformación hacia un modelo sostenible del sector de la edificación. Pertenece a la red internacional de World Green Building Council (WorldGBC), presente en más de 70 países y con 36.000 miembros que representan a diversos agentes del sector.