FOTOVOLTAICA
La Junta elabora un nuevo mapa de zonas prioritarias para energías renovables para preservar las zonas más productivas del agro regional
El Diario Oficial de Extremadura ha publicado una resolución de 11 de febrero por la que se da publicidad a las zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. De esta forma, la Consejería de Agricultura trata de buscar el equilibro entre la producción renovable a través de grandes parques fotovoltaicos y la protección de los suelos agrícolas y ganaderos más productivos, ante las quejas vertidas desde diferentes asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos en los últimos tiempos.
Según la Consejería, “Extremadura ha experimentado en los últimos años una rápida y robusta contribución a la transición energética en España, especialmente en lo que a generación de energía solar fotovoltaica se refiere, impulsada por el elevado recurso solar existente en toda la región. Si bien, los beneficios que el despliegue de este tipo de energías renovables están generando son incuestionables, por otro lado, no se trata de energías totalmente inocuas, pues, asumiendo que el espacio es un recurso finito, este tipo de proyectos requiere habitualmente de amplias superficies de terreno, especialmente la energía solar fotovoltaica, lo cual hace necesario contar con una planificación para evitar y minimizar los impactos de estas infraestructuras en los ecosistemas, la biodiversidad y las actividades de producción agrícola tradicional.
De este modo, durante años, los proyectos de energía solar fotovoltaica han venido compitiendo en cierta manera con el sector agrario por el recurso natural del suelo, dada la incompatibilidad de aquellos principalmente con los cultivos leñosos, tales como olivar, vid, frutales, así como en las dehesas.
Ante esta situación, en el año 2021, el Decreto 141/2021, de 21 de diciembre, por el que se regulan los usos y actividades compatibles y complementarios con el regadío en zonas regables de Extremadura declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Nación o Singulares, aprobó restricciones a los proyectos de energía solar fotovoltaica, al declarar como usos o actividades no compatibles ni complementarias con el regadío, en especial, a los aprovechamientos de energías renovables destinados a la producción u obtención de energía eléctrica, salvo las instalaciones de autoconsumo para la generación de energía eléctrica o térmica desde fuentes de energía renovables ligadas a los aprovechamientos compatibles o complementarios, y las instalaciones de autoconsumo para la generación de energía eléctrica desde fuentes de energías renovables promovidas por las comunidades de regantes o regante a título individual, cuyo objeto sea reducir los costes energéticos que le supone a los y las regantes poder disponer de agua de riego en las explotaciones de la zona regable.
Y es que, lo apuntado anteriormente respecto al regadío, en cuanto a su mayor aportación a la generación de empleo y economía que las plantas solares fotovoltaicas, también sería extrapolable, en la gran mayoría de los casos, a los cultivos leñosos y a las tierras arables de gran productividad, así como a las dehesas y a otras zonas con valores ambientales importantes.
Por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura se elaboraron en su momento mapas de capacidad de acogida, que han permitido a los promotores de los proyectos de energía solar fotovoltaica ya en servicio conocer las ubicaciones consideradas como especialmente adecuadas para la instalación de este tipo de plantas de energía renovable. Estos mapas se estructuran en cinco niveles de capacidad (muy baja, baja, media, alta y muy alta capacidad de acogida), teniendo en cuenta 9 factores ambientales: pendiente, hidrología, espacios protegidos, Red Natura 2000, paisaje, flora protegida, hábitats, especies de fauna amenazada y yacimientos de patrimonio. Además, también se ha valorado la mayor distancia a subestaciones con capacidad de evacuación de energías renovables, en este caso como criterio desincentivador. Esta resolución actualiza los criterios de capacidad de acogida a proyectos de energía fotovoltaica, introduciendo limitaciones relacionadas con los suelos agrícolas más productivos, los usos que generan más empleo, economía y fijan población, así como las dehesas, como sistema muy arraigado en el mundo rural.
No obstante, a pesar de haber sido una herramienta de valiosa utilidad en el despliegue de la energía solar fotovoltaica, es necesario avanzar en una planificación más holística, de modo que los mapas de capacidad de acogida incluyan otros factores, tales como la capacidad productiva de los suelos.
Por tanto, dado que los proyectos de energía solar fotovoltaica aún no son compatibles con cultivos leñosos y tierras arables de gran productividad o las dehesas y, tal y como ya se ha señalado, reconociéndose la mayor capacidad de generación de empleo y de economía social de estos últimos respecto a la energía solar fotovoltaica, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible considera necesario revisar los mapas de capacidad de acogida, incluyendo el criterio o factor del valor agronómico del suelo, de manera que estos mapas sean más respetuosos con la economía agraria, compatibilizándose, de este modo, el avance en el despliegue de la energía solar fotovoltaica con la protección de los suelos más productivos de Extremadura, y especialmente de cultivos leñoso, así como las dehesas, que forman parte del tejido productivo que más empleo genera, y elemento clave en la fijación de población en las zonas rurales, contribuyendo a la economía de muchos municipios extremeños.
En el mapa de zonas prioritarias, cuya difusión tiene por objeto esta resolución, se definen las áreas que se consideran preferentes para el desarrollo de nuevos proyectos de energía solar fotovoltaica en Extremadura, siendo clasificadas en zonas definidas como de alta o muy alta capacidad de acogida. Para la elaboración de este nuevo mapa se ha valorado, además de los factores ambientales a los que nos hemos referido anteriormente, un nuevo criterio, cual es el valor productivo de los suelos y las áreas de dehesa por su enorme arraigo en el mundo rural, y ello a fin proteger los cultivos de mayor potencial socioeconómico para nuestra Comunidad Autónoma, de manera que, en lugar de competir ambos sectores por un mismo suelo, se fomenten sinergias entre la gestión de recursos naturales y el desarrollo económico de las zonas rurales.
El 84,2% de los españoles considera que la energía solar fotovoltaica es una alternativa viable y sostenible
La energía solar fotovoltaica cuenta con un respaldo social amplio y transversal en España. Así lo confirma la encuesta “Percepción de la población española sobre la energía fotovoltaica”, elaborada por Sigma Dos para la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), según la cual el 84,2% de los españoles considera que la energía solar fotovoltaica es una alternativa viable y sostenible para la generación de electricidad en nuestro país.
Los resultados reflejan un elevado grado de consenso social sobre el papel estratégico de la energía solar en el actual contexto de transición energética. La preocupación por el cambio climático alcanza una media de 6,9 puntos sobre 10, y las energías renovables son percibidas como una herramienta clave tanto para combatirlo como para avanzar hacia un sistema energético más seguro, competitivo y sostenible. Siete de cada diez españoles opinan que las energías renovables tienen un papel muy o bastante relevante en la desaceleración del cambio climático.
“Los datos de Sigma Dos demuestran que la sociedad española sigue apoyando mayoritariamente la energía fotovoltaica, tanto de su generación en parques solares como en soluciones para el autoconsumo, y que ha comprendido lo que aporta a la independencia energética del país, de combustibles fósiles importados, y el ahorro que supone en su factura”, comentó José Donoso, director general de UNEF, en la presentación del informe.
La energía solar es la fuente renovable más conocida por la población y la que un mayor porcentaje de personas considera que debería impulsarse o desarrollarse más en España: El 66,3% de de los españoles considera que se debe impulsar la energía solar en España, y sitúa esta tecnología como la que más se debe desarrollar para la generación de energía en nuestro país.
El principal beneficio que la población atribuye a los parques de energía solar fotovoltaica es que se trata de una energía inagotable, al provenir directamente del sol. A este factor se suman otros beneficios ampliamente reconocidos, como que no produce CO? ni gases de efecto invernadero, reduce la dependencia de otros combustibles y contribuye a disponer de una energía más barata.
El 67% de la población se muestra a favor de la implantación de parques fotovoltaicos en España y en su Comunidad Autónoma, frente a solo un 11% que se posiciona en contra. Incluso cuando se plantea su instalación en el propio municipio, el apoyo sigue siendo mayoritario (60,7%).
La ciudadanía considera además clave la consulta y participación de la población local en los proyectos. En términos de impacto socioeconómico, dos de cada tres personas (66,5%) creen que apostar por la energía solar supone una oportunidad para la España vaciada, y el 64,1% considera que los parques solares pueden generar crecimiento y empleo en las zonas rurales.
Además, más de la mitad (53,7%) ve compatibles los parques solares con la producción agraria, reforzando la percepción de la fotovoltaica como una fuente de energía sostenible y de futuro también en el ámbito rural.
UNEF valora positivamente el nuevo Real decreto de medidas para el sistema eléctrico por su impulso al almacenamiento fotovoltaico
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado positivamente la aprobación en el Consejo de Ministros, del Real Decreto por el que se aprueban determinadas medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.
En concreto, destaca que puede suponer un importante impulso al almacenamiento, al racionalizar la tramitación administrativa de la hibridación con plantas de generación de energía renovable ya existentes. Unas medidas que desde el sector estaban reclamando, como la redefinición de potencia instalada, que evita tener que cambiar de órgano sustantivo y comenzar el proceso de nuevo desde el inicio en la tramitación de la hibridación, o el reconocimiento de los estudios de impacto ambiental ya realizados en la planta sin necesidad de duplicar su tramitación.
“Este impulso al almacenamiento permitirá tener un sistema más robusto y unos precios de la electricidad más competitivos para ciudadanos y empresas, aumentando la competitividad del sector industrial español y atrayendo inversiones”, comenta José Donoso, director general de UNEF.
El nuevo Real Decreto facilita incorporar al sistema eléctrico el almacenamiento de energía, que debe alcanzar una potencia de 22,5 GW en 2030, según las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Así, prioriza las hibridaciones de módulos de almacenamiento con plantas de generación cuando aquellos se ubiquen en el terreno ocupado por la instalación original, ya antropizado, mediante disposiciones asociadas a la definición de la potencia instalada y la agilización de la tramitación.
Al objeto de impulsar la electrificación, la norma fomenta la conexión a las redes de nuevas actividades económicas, principalmente industriales, al fijar la caducidad de los derechos de acceso y conexión para demanda a los cinco años de haber sido otorgados, previniendo el acaparamiento y la especulación. En esta misma línea, las peticiones de acceso y conexión para demanda deberán identificar el código CNAE de la actividad a desarrollar, que tendrá que ser la misma cuando, posteriormente, se firme el correspondiente contrato de acceso.
También impulsa la demanda de electricidad al acotar los plazos de respuesta de las distribuidoras a la hora de poner en marcha las extensiones de red, por ejemplo, para la recarga de vehículos eléctricos. En suelo urbanizado con las dotaciones y servicios requeridos por la regulación urbanística, las compañías tendrán un plazo de cinco días si no hay que ampliar la red, de 30 días si se precisa esta ampliación, de 60 días si hay que construir un centro de transformación y de 80 días como máximo si hay que construir varios centros.
Además, desde UNEF destacan que esta nueva normativa estimulará el desarrollo industrial al ligar los permisos de demanda a una actividad concreta, lo que da firmeza a las peticiones de demanda y da una visión más clara de las posibilidades de desarrollo futuro de la industria en España.
Por último, UNEF valora positivamente que se aclare la regulación sobre las autorizaciones de puesta en servicio de instalaciones de generación y almacenamiento vinculadas al cumplimiento de los hitos.
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