biocarburantes
Hacienda podría parar la venta y desguace de la planta de Bioenergética Extremeña al reclamar una subvención de 4,1 millones de euros
Una de las mayores plantas de biocarburantes de España, la que construyó la empresa Bioenergética Extremeña en Valdetorres (Badajoz), puede acabar sus días convertida en chatarra y con un agujero con Hacienda de 4,1 millones de euros.
Aunque su desguace está aún en el aire. El Ministerio de Hacienda reclama a los propietarios de la empresa la devolución de los incentivos industriales que le fueron concedidos en noviembre del 2006, al tratarse de un gran proyecto industrial y generador de empleo.
La planta extremeña, que sólo llegó a funcionar unos meses a medio rendimiento, cobró los 4,1 millones de euros de subvención concedidos al proyecto en el año 2012. En el pliego de condiciones para el cobro de la misma, la empresa de biocarburantes se comprometía a mantener en el plazo de cinco años inversiones por importe superior a los 40 millones de euros durante cinco años. Hacienda también reclama a sus propietarios cerca de 300.000 euros en concepto de intereses.
Tras un largo proceso judicial tras presentar el concurso de acreedores, el juzgado y la banca acreedora no han encontrado viabilidad a la planta que será vendida por una cantidad muy baja en relación a su inversión inicial para convertirla en chatarra. En los últimos meses la Junta de Extremadura mantuvo conversaciones con diferentes asociaciones del sector del transporte para buscar una salida comercial al producto de la planta sin encontrar a los socios inversores necesarios.
A comienzos del 2013, la empresa norteamericana Fuel Streamers Group -con sede en Houston, Texas y especializada en el negocio internacional de biocombustibles- a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI, tomó el control de la planta.
Sin embargo, a los pocos meses, sus nuevos gestores dejaron su gestión y comunicaron a los 46 empleados de la planta de Valdetorres el comienzo de un ERE extensivo que los propios trabajadores vieron como el final de la factoría que finalmente se ha cumplido.
Tras dos años de construcción y cerca de 80 millones de inversión, la planta comenzó a operar en el año 2008, justo antes del cambio de coyuntura. La planta de Valdetorres estaba proyectada para una producción máxima de 275.000 toneladas anuales, que nunca ha llegado a alcanzar pese a sus crecientes exportaciones gracias al uso de aceite vegetal usado como materia prima.
Sus impulsores iniciales fueron la familia Hinojosa Vacas a la que más tarde se unió la empresa de capital riesgo Catalana de Iniciativas con el 25% del capital, que estaba participada por las alguna de las mayores empresas del país -desde Telefónica a Repsol o Banco Sabadell.
Extremadura recuperó 761 toneladas de aceites industriales usados para usos energéticos el pasado año
Extremadura consume de media anual unas 6.600 toneladas de aceites industriales, especialmente en el sector de automoción, que concentra el 60% del total comercializado. Su procedencia mayoritariamente tiene fabricación nacional, con más del 90 % del total de aceites industriales puestos en el mercado extremeño.
El consumo de estos aceites, tanto en los vehículos como en procesos y maquinarias industriales, viene generando de media cerca de 2.300 toneladas de aceites usados cada año en la región.
Este residuo debe ser correctamente recuperado y gestionado ya que, de lo contrario, puede provocar graves daños medioambientales por su gran poder de contaminación. Su eliminación por incineración incontrolada o vertido afecta seriamente a la calidad del aire, así como al agua y al suelo.
Sin embargo, si ha sido correctamente extraído y almacenado, puede ser valorizado en su totalidad, aportando importantes beneficios medioambientales en cuanto al aprovechamiento de los recursos contenidos en el aceite usado, ya sean materiales o energéticos, suponiendo un importante ahorro de materias primas.
En España, SIGAUS es el sistema integrado de gestión (SIG) que se encarga de garantizar la recogida y el correcto tratamiento de los aceites industriales usados que se generan en todo el ámbito nacional.
Durante 2012, este sistema recuperó y gestionó en Extremadura 2.675 toneladas de este residuo, una cantidad que equivale a la recogida de casi 11 toneladas diarias. De ese total, 761 toneladas fueron valorizadas energéticamente, produciendo energía equivalente al consumo anual de 2.150 hogares españoles.
Foto: Extracción de aceite lubricante usado ©SIGAUS
Los nuevos dueños norteamericanos de la planta de biodiésel de Valdetorres tiran la toalla y precipitan su cierre
La azarosa historia empresarial de la empresa Bioenergética Extremeña 2020 S.L., propietaria de una de las mayores plantas de biodiésel de España situada en la localidad de Valdetorres cercana a Guareña parece llegar a su capítulo final. Ni la salida del concurso de acreedores ni el acuerdo con la banca acreedora ni el cambio de dueños ha podido sacarla de las pérdidas.
A comienzos del 2013, la empresa norteamericana Fuel Streamers Group -con sede en Houston, Texas y especializada en el negocio internacional de biocombustibles- a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI, toma el control de la planta extremeña siendo su primera gran inversión en Europa.
Pero a los pocos meses, sus nuevos gestores han tirado la toalla y comunicado a los 46 empleados de la planta de Valdetorres el comienzo de un ERE extensivo que los propios trabajadores ven como el final de la factoría.
En pocos años la vida de la empresa Bioenergética Extremeña 2020 S.L. ha dado para escribir una pequeña novela por entregas. Tras dos años de construcción y cerca de 80 millones de inversión, la planta comenzó a operar en el año 2008, justo antes del estallido de la crisis económica.
La planta de Valdetorres está proyectada para una producción máxima de 275.000 toneladas anuales, que nunca ha llegado a alcanzar pese a sus crecientes exportaciones gracias al uso de aceite vegetal usado como materia prima.
Sus impulsores fueron la familia Hinojosa Vacas a la que más tarde se unió la empresa de capital riesgo Catalana de Iniciativas con el 25% del capital, que estaba participada por las mayores empresas del país -desde Telefónica a Repsol o Banco Sabadell.
Sin embargo, la poca demanda de biocombustibles en España y la competencia desleal de las importaciones de Argentina e Indonesia hicieron crecer la deuda de la empresa hasta los 42 millones de euros, lo que desembocó en un concurso de acreedores el 21 de abril del 2009.
Casi veinte meses después, en diciembre del 2010, se convence a la banca acreedora para apoyar un plan de viabilidad, aplazando los pagos escalonados hasta el 2014. Pero la demanda sigue sin llegar y las promesas del Ministerio de Industria de limitar las importaciones de biodiésel de terceros países a bajo precio no se cumplen.
En febrero del 2012 la empresa norteamericana Fuel Streamers Group, a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI, toma el control siendo su primera gran inversión en Europa.
Aunque su llegada a España no ha sido sencilla. En diciembre del 2012, la filial española del grupo cesa a su presidente Philip Rivkin, máximo ejecutivo del grupo en Estados Unidos, tras conocerse meses antes que estaba siendo investigado por la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA) por un presunto fraude en la venta de 60 millones de los llamados “números de identificación de renovables” (RIN) en el mercado norteamericano a través de la empresa Green Diesel LLC.
Desde diciembre del 2012, Fuel Streamers, ya sin Rivkin, asume la vicepresidencia de Bioenergética Extremeña, de la que queda como presidente otra empresa foránea, Globen Energy Services S.L.
Extremadura dispone de una segunda planta de biodiésel en Los Santos de Maimona que lleva parada desde su construcción en el 2009. Con capacidad para 110.000 toneladas, estaba promovida en sus inicios por Técnicas Reunidas, GEA y Endesa.
A mediados de año pasó a manos de la empresa que gestiona Biocarburantes de Castilla S.A., que cuenta con una planta operativa en Zamora. Sin embargo, el 27 de octubre pasado presentó en los juzgados de Badajoz concurso voluntario de acreedores para intentar dar viabilidad a su futuro.
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