Los ingresos fiscales generados por plantas fotovoltaicas en municipios españoles alcanzaron los 270 millones de euros en 2024
Los ingresos fiscales que reciben los ayuntamientos por distintos impuestos por la instalación de plantas fotovoltaicas en su municipio son uno de los argumentos de peso para facilitar su tramitación desde el punto de vista urbanístico y medioambiental.
Según los daros recogidos en el nuevo Informa Anual Fotovoltaico de la UNEF, “en el ámbito local, los ingresos generados por el sector en 2024 ascendieron a 270,4 M€, lo que supone un incremento del 13,1 % respecto a 2023 y del 11,6 % en comparación con 2022. Esta inyección de recursos refuerza la capacidad financiera de miles de municipios y, si es gestionada de forma eficiente por las administraciones locales, puede convertirse en un motor para promover un desarrollo territorial más sostenible, combatir la despoblación y generar riqueza en la España rural, mediante la mejora de infraestructuras y el fortalecimiento de los servicios públicos”.
Desde 2018, la aportación acumulada del sector a través de impuestos locales supera los 1.168 M€, un flujo constante que contribuye a fortalecer la economía de numerosos municipios, especialmente en zonas rurales. Esta inyección de ingresos ha favorecido el desarrollo económico local, ayudado a fijar población y dinamizado actividades complementarias, consolidando a la fotovoltaica como un motor para la revitalización territorial y la cohesión social.
En relación al empleo, el informe de la UNEF asegura que “tomando en cuenta toda la cadena de valor del sector, en 2024 el empleo total asociado al sector se situó en 146.764 puestos de trabajo, manteniendo los elevados niveles alcanzados en 2022 y 2023 tras el fuerte crecimiento de los años previos. El empleo directo se estabilizó en torno a las 35.105 personas, mientras que el empleo indirecto alcanzo 75.569 puestos, confirmándose como el segmento que mayor volumen de trabajadores concentra. Por su parte, el empleo inducido se situó en 36.090 personas, reflejando el efecto arrastre que la actividad fotovoltaica ejerce sobre otros sectores de la economía”.
Entre 2014 y 2018, el despliegue de nueva potencia fotovoltaica en España se mantuvo en niveles muy reducidos, con incrementos anuales testimoniales tanto en plantas en suelo como en autoconsumo. El punto de inflexión llegó en 2019, cuando el segmento de plantas en suelo instaló 4.002 MW en un solo año, multiplicando por casi 50 el ritmo de 2018 y elevando el acumulado nacional a 9.694 MW. Desde entonces, la tendencia de crecimiento ha sido sostenida, con especial protagonismo de las plantas en suelo, que en 2024 sumaron 6.039 MW adicionales y llevaron el acumulado total a 40.294 MW. Este avance ha consolidado a la fotovoltaica como la principal tecnología en potencia instalada del sistema eléctrico español.
Respecto a la contribución del sector fotovoltaico a la economía, la fotovoltaica ha tenido un impacto directo sobre el PIB (interno y externo) de 4.596 millones de euros en 2024, lo que es muy similar a la aportación de 2023. La huella económica total del sector, estimada como la agregación de la generación de PIB directo, indirecto e inducido tanto dentro como fuera de la economía nacional, alcanzó los 15.317 millones de euros en 2024, concluye el Informe de la UNEF.
El MITECO refuerza el control del operador del sistema para las renovables para evitar nuevos apagones masivos
El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto que modifica el Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos (RECORE), al que están acogidas más de 62.000 instalaciones. Las nuevas disposiciones garantizan la rentabilidad regulada de las centrales en un entorno de mercado con precios cero y negativos, e incrementan la seguridad de suministro, al aumentar la visibilidad y el control del Operador del Sistema; también facilitan la integración del almacenamiento o refuerzan la sostenibilidad de tratamiento de residuos.
Los ingresos anuales de las instalaciones acogidas al RECORE se reducen si su número de horas equivalentes de funcionamiento –el cociente entre la energía vendida y la potencia instalada– se encuentran por debajo de un mínimo fijado para cada tipo de instalación. Con el objetivo de que el nuevo entorno de precios bajos no afecte a su rentabilidad regulada, ahora no se minorarán las horas equivalentes de funcionamiento por la energía vendida en horas con precio cero durante seis horas consecutivas o más, ni tampoco por la energía no vendida como resultado del proceso de restricciones técnicas.
El Real Decreto amplía las obligaciones de adscripción a un centro de control para las instalaciones de generación, y se incluyen también los almacenamientos, que tendrán que remitir telemedidas en tiempo real al Operador del Sistema y recibirán consignas de operación. Las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte también deberán enviar telemedidas al Operador del Sistema.
Para potenciar la penetración del almacenamiento y de tecnologías flexibles, se modifica el orden de prelación del redespacho a la baja no basado en el mercado, suprimiendo el concepto de generación no gestionable e incorporando de forma expresa el almacenamiento. De este modo, tendrán prioridad para evacuar la energía producida:
- Instalaciones de renovables, incluyendo aquellas con almacenamiento, cuando la potencia del almacenamiento sea menor que la potencia de la instalación renovable.
- Instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, incluyendo aquellas con almacenamiento.
- Resto de tecnologías.
Además, el Operador del Sistema podrá dar preferencia a las instalaciones que más contribuyan a garantizar la seguridad y la calidad del suministro.
Trasponiendo normativa europea y cumpliendo lo establecido en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, se incorpora el principio de la jerarquía de los residuos a la normativa sectorial y se establece la obligación de certificar la recogida separada de residuos para que la incineración pueda percibir el RECORE. Además, se establece que la retribución de las plantas de tratamiento se ajustará en función del porcentaje de combustible que no acredite dicha recogida separada para la energía eléctrica generada.
También cumpliendo la legislación comunitaria, se establece un límite de emisión de 270 g de CO2 por kWh para las nuevas instalaciones de cogeneración y las renovaciones sustanciales de las existentes. Este tipo de tecnología, por otro lado, tendrá más flexibilidad para vender toda su energía neta generada en el mercado o en régimen de autoconsumo: las plantas podrán cambiar de una opción a otra de forma trimestral en lugar de anual.
Finalmente, el nuevo decreto, atendiendo a circunstancias surgidas tras la erupción volcánica en La Palma o la Dana de Valencia, aclara el procedimiento a seguir en caso de que se reduzca la generación de las instalaciones por causa de fuerza mayor, e introduce ajustes técnicos en la gestión de las liquidaciones del sistema realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El autoconsumo ha pasado en España de 484 MW en 2018 a 8.356 MW en la actualidad, aunque sigue muy lejos de su potencial
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) iniciará en los próximos días la audiencia pública de una Propuesta de real decreto por el que se modifican determinados aspectos relativos al autoconsumo de energía eléctrica, que podrá consultase en su web. El proyecto normativo otorgará un nuevo impulso al autoconsumo, especialmente a las modalidades compartidas, afinando la regulación existente para facilitar su despliegue y eliminar las barreras detectadas, con vistas a alcanzar el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 de disponer de 19 GW de autoconsumo al final de la década.
El autoconsumo de electricidad se ha multiplicado por 17 desde 2018, pasando de los 484 MW instalados que calcula el sector, a cerrar el año pasado con un total de 8.256 MW, según los datos oficiales del MITECO. En este tiempo, el autoconsumo ha demostrado ser una herramienta eficaz para incrementar la producción de energía renovable, electrificar la economía, facilitar la participación ciudadana en el sector energético y proporcionar importantes ahorros a los consumidores.
Con el crecimiento experimentado también han surgido nuevas necesidades y posibilidades no reflejadas en la normativa de referencia, el Real Decreto 244/2019, sobre todo en el autoconsumo compartido, el más apropiado para un país en que el sector residencial plurifamiliar se corresponde con más del 70% de las viviendas principales.
Así, la propuesta de decreto plantea facilitar los autoconsumos colectivos. Por ejemplo, se introducen nuevas modalidades, como la de excedentes compartidos, en la que el consumidor principal realiza el autoconsumo y solo comparte el excedente con otros consumidores. En estos casos, un centro comercial, una escuela, o un edificio público autoconsumiría lo que necesitase con una gran instalación en sus cubiertas, y compartiría sus excedentes con su entorno.
También se habilita la conexión a dos autoconsumos simultáneamente, siempre que uno sea de la modalidad individual sin excedentes y el otro un autoconsumo colectivo a través de la red; o se agiliza el cambio de una modalidad de autoconsumo a otra, que podrá ser mensual, al igual que la modificación de los coeficientes de reparto de energía entre los consumidores.
Igualmente se contempla la figura del gestor del autoconsumo, una persona física o jurídica que represente los intereses de los consumidores asociados a un autoconsumo y realice en su nombre las actuaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema. Esta figura puede desempeñar una función clave en las comunidades energéticas y sus relaciones internas y externas.
La propuesta regulatoria incluye varias medidas técnicas relativas a la conexión de las instalaciones y los puntos de medida, la modificación de las facturas remitidas a los autoconsumidores acogidos al mercado regulado, el PVPC –deberán incluir la producción de la instalación y su reparto–, y la obligación de dar acceso a los datos de generación del autoconsumo en las mismas plataformas donde el consumidor puede consultar sus datos de consumo.
Finalmente, se plantea aumentar la distancia máxima entre el consumo y la generación desde los 2 Km fijados en la actualidad hasta los 5 Km, siempre que la instalación productora de energía sea menor de 5 MW y esté ubicada en edificios, estructuras artificiales o suelo industrial.
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