AHORRO ENERGÉTICO
La CNMC recomienda concentrar las bonificaciones al autoconsumo fotovoltaico en el primer año tras la instalación
Los usuarios particulares y las empresas pueden solicitar diversas ayudas públicas para el despliegue del autoconsumo fotovoltaico (ACFV). La CNMC ha publicado una evaluación sobre el impacto de estas ayudas (donde realiza varias recomendaciones.
El estudio se centra en el efecto de estas ayudas sobre la penetración de ACFV y extrae implicaciones para la competencia en los mercados energéticos y en la economía. Desde 2021, el autoconsumo fotovoltaico en España registra un elevado crecimiento. A junio de 2025, con alrededor de 696.000 instalaciones y 5,4 GW de capacidad instalada.
La implantación de las instalaciones de ACFV es mayor en zonas de más irradiación solar y en municipios con rentas más altas y mayor presencia de viviendas unifamiliares. Además, los clientes con instalaciones de ACFV están mucho más presentes en el mercado libre que en el regulado, contratan más con los comercializadores más pequeños y, en el caso de los hogares, su tasa de cambio de comercializador es mayor.
El análisis revela que las ayudas públicas al autoconsumo proceden de todos los niveles de la administración. Entre ellas destacan:
-Subvenciones directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (más de 2.000 millones de euros presupuestados),
-Bonificaciones locales en impuesto como el de Bienes Inmuebles (IBI), el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Actividades Económicas (IAE),
-Deducciones estatales y autonómicas en el IRPF y deducciones en el Impuesto sobre Sociedades de los territorios forales de País Vasco y Navarra.
La coexistencia de tantos instrumentos, gestionados por administraciones distintas, genera trámites complejos, que pueden suponer barreras de acceso, especialmente para las pymes y los hogares con menos recursos. Un diseño inadecuado también puede generar diferencias en el acceso a las ayudas que distorsionen la competencia.
La CNMC recomienda establecer una estrategia conjunta de todas las administraciones para reducir la burocracia, evitar solapamientos y mejorar la eficacia y la estabilidad de los incentivos.
Plantear una ventanilla única digital para facilitar los trámites, y mejorar la información y estadísticas. Esto permitiría a los autoconsumidores identificar y solicitar de forma digital todos los incentivos —subvenciones, bonificaciones fiscales o deducciones— en un único procedimiento.
Valorar si es posible agrupar incentivos dentro de cada nivel de la administración (estatal, autonómico, local).
Potenciar la transparencia y estadísticas sobre las ayudas para facilitar la evaluación ex post.
Continuar facilitando la conexión a la red y mejorar la información disponible de las instalaciones (en línea con las recomendaciones de la Mesa de Diálogo del Autoconsumo).
Definir las ayudas en cuantías fijas unitarias ligadas a objetivos, en sustitución de esquemas que dependan del coste incurrido o de variables no relacionadas (como el valor catastral, en el caso del IBI).Priorizar las ayudas donde sean más necesarias y eficaces para el sistema (como almacenamiento u otros), para evitar distorsiones innecesarias.
Simplificar y automatizar los procedimientos de solicitud y valorar la concesión de oficio de algunas ayudas.
Ampliar y flexibilizar el sistema de anticipos de subvenciones para que los hogares y empresas con menos recursos puedan afrontar los costes iniciales de la inversión. Si se opta por sistemas con entidades colaboradoras que tramiten la subvención en nombre del beneficiario, garantizar que sean opcionales y neutrales.
Concentrar las bonificaciones en el primer año tras la instalación.
Complementar los incentivos con instrumentos financieros públicos (préstamos bonificados o garantías) en colaboración con entidades privadas para ampliar el acceso y reducir barreras para hogares y pymes con dificultades y minimizar el impacto presupuestario.
El MITECO concede ayudas de 10,7 millones de euros a 106 nuevas comunidades energéticas, 2 de ellas en Extremadura
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la adjudicación de 10,7 millones de euros más en ayudas a iniciativas pioneras para la creación de 106 nuevas comunidades energéticas en toda España. Se trata de fondos europeos NextGenEU enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
La resolución de la quinta convocatoria del programa CE Implementa, disponible aquí, se suma a otras convocatorias resueltas con anterioridad y eleva a 251 los proyectos en marcha beneficiados hasta ahora. Se han adjudicado más de 124 millones de esta línea de ayudas, que busca impulsar la participación de los consumidores en el sistema energético para democratizarlo, asentar el despliegue renovable en el territorio y contribuir a los objetivos de descarbonización. CE Implementa forma parte del paquete de ayudas a las comunidades energéticas, que incluye también el programa sinérgico de Oficinas de Transformación Comunitaria (CE Oficinas), que ha propiciado la creación de 74 de estas entidades orientadoras.
Gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), la quinta convocatoria ha estado especialmente dirigida a proyectos de pequeño tamaño, no pudiendo superar su inversión el millón de euros. El principal objetivo ha sido fomentar la participación en el sector energético de actores que no toman parte en el mismo tradicionalmente, permitiéndose que cada comunidad energética pudiera impulsar varias propuestas. De este modo, las ayudas permitirán desarrollar 371 iniciativas piloto distintas; más de tres por proyecto.
La mayor parte de esas iniciativas (279) incorpora la instalación de energías renovables eléctricas, en todos los casos con tecnología solar fotovoltaica y almacenamiento. También hay propuestas de fomento de la movilidad sostenible (44) y proyectos para mejorar la gestión de la demanda (38) y para la instalación de energías renovables térmicas (10), como la aerotermia y la biomasa.
Los proyectos beneficiarios implican la instalación de nueva potencia de generación renovable: 20.822 kW de energía eléctrica de origen fotovoltaico y 1.216 kW de térmica. También sumarán 18.272 kWh de almacenamiento y 62 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en 35 ubicaciones distintas, así como cuatro sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y cinco de adquisición de vehículos eléctricos.
El plazo para la realización de las inversiones subvencionables y ejecución de las actuaciones objeto de las ayudas será de 14 meses a partir de la fecha de notificación de la resolución favorable de concesión de la subvención.
En la resolución de esta convocatoria sobresale Cataluña, con 42 proyectos seleccionados y el 31,55% de las ayudas asignadas (3,39 millones). Andalucía (16), Castilla y León (12) y Aragón (9) también han tenido un importante de propuestas admitidas. El resto de proyectos se llevarán a cabo en Castilla-La Mancha (6), la Comunidad Valenciana (6), la Comunidad de Madrid (4), País Vasco (3), Galicia, Extremadura y Murcia, con dos cada una, y Navarra y Asturias, ambas con una iniciativa.
Se da la circunstancia de que todos los beneficiarios son cooperativas y asociaciones, por lo que no hay proyectos impulsados por sociedades anónimas o limitadas. En total suman 18.674 beneficiarios adscritos a las entidades que recibirán las ayudas.
De las 106 comunidades energéticas subvencionadas, 55 operarán en municipios de Reto Demográfico, lo que refleja el interés que esta fórmula participativa de generación y consumo renovable suscita en el conjunto del territorio.
Las comunidades energéticas permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable colectivamente. Su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno en el que desarrolla su actividad, más que una rentabilidad financiera.
En cuanto a su constitución, pueden ser agrupaciones o cooperativas existentes que entran en el ámbito energético, o nuevas creadas para ese fin. También proyectos colectivos, desde agrupaciones ciudadanas que promueven un pequeño parque solar o eólico a las afueras de un municipio a otros más integrales que combinen distintas tecnologías.
El autoconsumo ha pasado en España de 484 MW en 2018 a 8.356 MW en la actualidad, aunque sigue muy lejos de su potencial
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) iniciará en los próximos días la audiencia pública de una Propuesta de real decreto por el que se modifican determinados aspectos relativos al autoconsumo de energía eléctrica, que podrá consultase en su web. El proyecto normativo otorgará un nuevo impulso al autoconsumo, especialmente a las modalidades compartidas, afinando la regulación existente para facilitar su despliegue y eliminar las barreras detectadas, con vistas a alcanzar el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 de disponer de 19 GW de autoconsumo al final de la década.
El autoconsumo de electricidad se ha multiplicado por 17 desde 2018, pasando de los 484 MW instalados que calcula el sector, a cerrar el año pasado con un total de 8.256 MW, según los datos oficiales del MITECO. En este tiempo, el autoconsumo ha demostrado ser una herramienta eficaz para incrementar la producción de energía renovable, electrificar la economía, facilitar la participación ciudadana en el sector energético y proporcionar importantes ahorros a los consumidores.
Con el crecimiento experimentado también han surgido nuevas necesidades y posibilidades no reflejadas en la normativa de referencia, el Real Decreto 244/2019, sobre todo en el autoconsumo compartido, el más apropiado para un país en que el sector residencial plurifamiliar se corresponde con más del 70% de las viviendas principales.
Así, la propuesta de decreto plantea facilitar los autoconsumos colectivos. Por ejemplo, se introducen nuevas modalidades, como la de excedentes compartidos, en la que el consumidor principal realiza el autoconsumo y solo comparte el excedente con otros consumidores. En estos casos, un centro comercial, una escuela, o un edificio público autoconsumiría lo que necesitase con una gran instalación en sus cubiertas, y compartiría sus excedentes con su entorno.
También se habilita la conexión a dos autoconsumos simultáneamente, siempre que uno sea de la modalidad individual sin excedentes y el otro un autoconsumo colectivo a través de la red; o se agiliza el cambio de una modalidad de autoconsumo a otra, que podrá ser mensual, al igual que la modificación de los coeficientes de reparto de energía entre los consumidores.
Igualmente se contempla la figura del gestor del autoconsumo, una persona física o jurídica que represente los intereses de los consumidores asociados a un autoconsumo y realice en su nombre las actuaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema. Esta figura puede desempeñar una función clave en las comunidades energéticas y sus relaciones internas y externas.
La propuesta regulatoria incluye varias medidas técnicas relativas a la conexión de las instalaciones y los puntos de medida, la modificación de las facturas remitidas a los autoconsumidores acogidos al mercado regulado, el PVPC –deberán incluir la producción de la instalación y su reparto–, y la obligación de dar acceso a los datos de generación del autoconsumo en las mismas plataformas donde el consumidor puede consultar sus datos de consumo.
Finalmente, se plantea aumentar la distancia máxima entre el consumo y la generación desde los 2 Km fijados en la actualidad hasta los 5 Km, siempre que la instalación productora de energía sea menor de 5 MW y esté ubicada en edificios, estructuras artificiales o suelo industrial.
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Energía de Extremadura 