Mes: abril 2015
La legislación extremeña ya no será una carga financiera para los casi 30 proyectos eólicos en tramitación
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto por el que se deroga el Decreto 160/2010, de 16 de julio, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, mediante parques eólicos, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La región, junto con la de Madrid, es la única comunidad autónoma que no dispone en la actualidad de ningún parque eólico en funcionamiento.
La exigencia del compromiso de desarrollo socioeconómico contenida en el Decreto 160/2010, de 16 de julio, obligaba a los promotores a optar entre crear tres empleos por MW, o a comprometerse a entregar a los ayuntamientos y mancomunidades integrales, afectados por los aerogeneradores, al menos el 8% de la facturación eléctrica obtenida. Según manifestaron las empresas promotoras de los parques, estos requisitos eran mucho más altos que los solicitados en otras regiones con un gran desarrollo de la eólica como Castilla y León, Galicia o Castilla-La Mancha.
La nueva normativa da la posibilidad a los promotores de parques eólicos que cuenten con autorización administrativa para que continúen su tramitación bajo las estipulaciones del citado Decreto o bien renunciar a su tramitación y presentar, si así lo consideran, una nueva solicitud de autorización para la instalación de un parque eólico al amparo de la normativa estatal vigente, con unos requisitos menos gravosos que los contenidos en la norma autonómica.
Según los datos de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Extremadura, actualmente están en tramitación 28 expedientes para proyectos de parques eólicos que se pueden beneficiar de la derogación del Decreto 160/2010. El desarrollo de muchos de estos proyectos está en stand by a la espera de la planificación energética que debe decidir el Ministerio de Industria, y también echando cuentas tras los últimos cambios legislativos en materia de renovables que reducen considerablemente su interés.
Todos los partidos políticos extremeños critican la legislación del Ministerio sobre autoconsumo de energía
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha debatido en Badajoz sobre los últimos cambios normativos y la amenaza de un “impuesto al sol” para los autoconsumidores de energía. Profesionales del sector, partidos políticos, administraciones y sociedad civil, mostraron un claro rechazo a la ruptura de la seguridad jurídica que ha supuesto la reforma del sector eléctrico del Gobierno y apoyaron el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico.
Las Jornadas, organizadas con la colaboración del Clúster de la Energía de Extremadura, Holtrop S.L.P. Transaction Business Law y Alterna-Alter Enersun, fueron inauguradas por Carolina Grau, Directora General de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, que reivindicó un marco regulatorio estable y el restablecimiento de la seguridad jurídica. Abogó por el fomento del autoconsumo como medida de ahorro y eficiencia energética y anunció próximas medidas por parte de la Junta para reducir los trámites administrativos para la legalización de las instalaciones de autoconsumo, que actualmente se tramitan por el proceso más costoso.
El Partido Popular de Extremadura, representado por Juan Pedro Domínguez, mostró su disconformidad con el Gobierno central y recordó que Extremadura, gobernada también por el PP, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma eléctrica estatal.
Eugenio Romero, de Podemos, abogó por restablecer la seguridad jurídica y promover el autoconsumo sin peaje de respaldo hasta 10MW, ampliarlo a instalaciones comunitarias, y regular el balance neto. Señaló además la necesidad de reducir los trámites administrativos en la legalización de instalaciones de autoconsumo. También llamó la atención sobre la necesidad de una reforma integral del mercado eléctrico.
Luis García, que acudió en representación de Ciudadanos, mostró su apoyo al fomento del autoconsumo y destacó la necesidad de modificar los planes generales de ordenación urbana para que incluya exigencias de eficiencia energética y no impida, como ocurre en el caso de Badajoz, la instalación de paneles solares en los edificios.
Alfredo Ortega, de EQUO, insistió en la necesidad de un marco normativo estable y de la realización de una auditoría energética y de déficit de tarifa. Abogó por recuperar el apoyo al I+D en el sector y defendió el desarrollo del autoconsumo con balance neto.
Pedro Escobar, en representación de IU, mostró el apoyo de su partido al autoconsumo sin peajes y pidió además un calendario de cierre para la energía nuclear. Destacó también la necesidad de un pacto de Estado de energía que dé estabilidad y fiabilidad al sector.
En este mismo sentido, José Luis Navarro, del PSOE, remarcó la necesidad de diálogo y de pacto de Estado, así como del establecimiento de una hoja de ruta para la energía. Destacó la importancia de restablecer la seguridad jurídica y garantizar la prioridad de despacho de las energías renovables. Solicitó el apoyo del autoconsumo sin barreras e incluso con incentivos en sus primeras fases.
Nuevo delegado de UNEF en Extremadura
Por su parte, la UNEF ha nombrado nuevo delegado en Extremadura a Raúl García Méndez, quien asumirá las funciones de portavocía de la asociación fotovoltaica en la Comunidad y será el encargado de liderar, representar y canalizar las necesidades de los ciudadanos y empresas en relación con el desarrollo de la energía fotovoltaica en Extremadura. Asimismo será responsable de coordinar las distintas iniciativas, encuentros y debates desarrollados por UNEF en la región. García Méndez es gerente de Alter Enersun desde 2010.
La Junta lanzará nuevas ayudas para instalaciones renovables con ayudas de hasta el 45% según la eficiencia energética
La directora general de Industria y Energía del Gobierno de Extremadura, Carolina Grau, anunció el 27 de marzo la publicación, «en pocas semanas», de un decreto autonómico para subvencionar nuevas instalaciones de energías renovables en la región que va a otorgar ayudas que oscilarán entre un 30 por ciento como mínimo y un 45 por ciento como máximo «dependiendo de cada tecnología y de cada instalación».
Para cada tipo de instalación se establece un coste máximo de referencia por unidad de potencia instalada y a esa potencia se le asigna un porcentaje de ayuda que variará dependiendo de la capacidad de reducir el consumo energético que esa nueva instalación genere porque «vamos a premiar la eficiencia energética de las instalaciones».
Habrá 1.545.000 euros para actuaciones en biomasa técnica, 802.905 euros para actuaciones relacionadas con el aprovechamiento del biogás, y 730.579 euros para energías renovables para usos térmicos. Estas ayudas serán cofinanciadas por la Unión Europea a través de los Fondos Feder 2014-2020 e irán enfocadas a cuatro grandes bloques.
– Instalaciones de uso y aprovechamiento de la biomasa para usos térmicos para calefacción y procesos productivos que requieran la utilización de calor, tanto para calderas como sustitución de quemadores de combustibles fósiles por quemadores de biomasa.
– Instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura, siempre que no sean obligatorias por el código técnico de edificación, para su empleo en la generación de agua caliente sanitaria, calentamiento de piscinas, apoyo a la calefacción o a apoyo a procesos productivos de las industrias.
– Instalaciones de obtención y aprovechamiento de biogás a partir de residuos biodegradables.
– Instalaciones de geotermia, aerotermia e hidrotermia con bombas de calor de alta eficiencia, para su uso en calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y para procesos productivos.
«La ventaja es que gracias a estos fondos vamos a poder llegar a un amplio abanico de beneficiarios que abarca todos los sectores incluidas las personas físicas, jurídicas, empresas, empresas de servicio energético, comunidades de bienes, sociedades civiles, autónomos y comunidades de vecinos», según la directora general. El plazo de presentación se establecerá en la convocatoria teniendo en cuenta que no se puede haber realizado ninguna actuación con anterioridad a la solicitud de la inversión,
Según los datos de la Dirección General de Energía, la convocatoria de ayudas para la instalación de calderas y estufas domésticas de biomasa ha aprobado 250 expedientes «de las 400 solicitudes» que se pidieron. «Vamos a tratar de dar esa ayuda a 84 solicitudes más que se quedaron fuera porque se había agotado el presupuesto previsto», asegura Grau. En total se han instalado 324 equipos, 134 calderas y 190 estufas de biomasa, 205 de ellos en la provincia de Badajoz y 119 en la de Cáceres.
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