MERCADO ELÉCTRICO
Red Eléctrica invertirá 15 millones de euros para una línea de alta tensión del futuro AVE y para las termosolares entre Mérida y Badajoz
La compañía Red Eléctrica de España, participada por el Estado, construirá una nueva línea de alta tensión valorada en 15 millones de euros entre las ciudades de Mérida y Badajoz. Dicha línea, de 400 kilowatios y doble circuito, está actualmente en periodo de alegaciones para conseguir el impacto ambiental y las autorizaciones administrativas. La línea conectará la subestación de Sagrajas, cercana a Pueblonuevo del Guadiana, con la subestación de San Serván, en las cercanías de Mérida.
La finalidad del proyecto es doble: por un lado adelantarse a la futura entrada en la red de las nuevas centrales termosolares que se están construyendo y las previstas con preasignación en la provincia de Badajoz, y por otro servir en el futuro a la demanda del Tren de Alta Velocidad cuando éste llegue a circular por la región.
La futura línea de alta tensión tendrá una longitud de casi 30 kilómetros y pasará por cinco términos municipales (Mérida, Lobón, Valdelacalzada, Badajoz y Pueblonuevo del Guadiana) que tienen derecho a presentar las alegaciones o recomendaciones sobre el trazado que consideren oportunas. Algunos de estos municipios ya han declarado que no presentarán alegaciones para acelerar su construcción.
La línea afectará a un total de 345 terrenos de los que cerca del 40% están ubicados en el término municipal de Lobón. Hay que tener en cuenta que en la zona por la que va a pasar la línea de alta tensión hay muchas hectáreas de terrenos de regadío, muy rentables para sus propietarios.
Foto: Bombardier
El ministro Soria cortocircuita los planes inversores y fiscales del Gobierno de Extremadura en el sector eléctrico
El ministro de Industria, Turismo y Energía, el canario José Manuel Soria, se ha convertido en un dolor de cabeza inesperado para los planes de inversión e ingresos fiscales del Gobierno extremeño y su presidente a la cabeza, José Antonio Monago.
Si primero fue la moratoria sine die a las primas de los proyectos renovables, que dejó en el camino inversiones millonarias y cientos de proyectos en la región, más tarde ha sido la negativa a cargar a las eléctricas la denominada ecotasa que la Asamblea de Extremadura aprobó el 21 de junio para ingresar unos 20 millones de euros adicionales -hasta un total recaudado de 90 millones anuales- y tenerlo que hacer por ley contra el bolsillo de los clientes.
Una subida que se uniría a la aplicada en los últimos meses y que puede no ser la última del año, según los propios responsables de Industria. El canon fijado para las eléctricas era de 0,005 euros por kilovatio producido al que se añadirían 700 euros por kilometro de tendido. Está por ver la fecha de aplicación efectiva del recargo, que podría demorarse hasta el 2013.
El consejero de Economía de Extremadura, Antonio Fernández, ha manifestado que el ejecutivo regional está en desacuerdo con el Gobierno español “en el fondo y en la forma” por la obligación de cargar estos impuestos regionales a los clientes y por no haberlo consensuado con las comunidades autónomas.
Aunque la medida más negativa para la región sería la pretensión del Gobierno central de crear un impuesto sobre la generación eléctrica tanto de plantas ordinarias (nucleares, hidroeléctricas, ciclo combinado) como del régimen especial (fotovoltaica, termosolar, eólica, biomasa).
Esta tasa a la generación -que iría del 4 al 19% según el tipo de energía- sería un torpedo a la línea de flotación de los grandes proyectos fotovoltaicos sin primas anunciados semanas atrás por el gobierno regional y que actualmente están buscando financiación entre grandes bancos y fondos de inversión internacionales.
De aprobarse estas tasas a la generación en las cifras adelantadas, el retorno de la inversión en esos proyectos que ya nacen sin prima se vería muy comprometido, como ha reconocido la propia Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Estas tasas también serían un varapalo para los proyectos termosolares en construcción y futuros –de grandes grupos como Abengoa, Acciona, ACS o Ibereólica– y también para los de biomasa forestal y agraria en proyecto, alguno de ellos muy avanzados.
Por lo pronto, el Gobierno regional quiere aplazar la aplicación de la ecotasa hasta conocer el punto de vista del Tribunal Constitucional, para no cargar con una nueva subida de la luz a los contribuyentes. La negativa a que sean las eléctricas las que paguen la denominada ecotasa, que podría suponer hasta subidas del 10% en el recibido de la luz dependiendo del tipo de cliente, ha provocado también que el Gobierno de Extremadura acelere la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la decisión del Ministerio de Industria de imponer una moratoria a las primas de las renovables.
Según ha declarado el consejero de Agricultura, José Antonio Echávarri, del que depende la Dirección General de Energía, dicho recurso se presentará en septiembre tras evaluar los servicios jurídicos del Gobierno regional su viabilidad.
Extremadura será una de las tres regiones más castigadas por las subidas de impuestos a la generación eléctrica en nuclear, hidráulica, fotovoltaica y termosolar
Extremadura será una de las tres regiones españolas más perjudicadas por el programa fiscal que ultima el Ministerio de Industria para gravar con nuevas tasas la generación eléctrica.
Las dos energías más perjudicadas, la nuclear y la hidráulica, son las dos más importantes en el sistema eléctrico regional, gracias a la Central Nuclear de Almaraz y a los cerca de 2.300 Mw de potencia instalada de seis grandes centrales hidráulicas. Según los datos de Red Eléctrica Española, Extremadura es la segunda región en producción de energía de origen nuclear, sólo por detrás de Cataluña, y la cuarta en producción hidráulica.
El programa fiscal del Ministerio de Industria incluye dos tipos de medidas. Por un lado, un impuesto a la facturación del 4% que cargará con dos euros por Mw/h la generación del régimen ordinario, esto es, la nuclear, hidráulica, carbón y fuel-gas.
Por su parte, las del régimen especial tendrá distintos baremos: 4,5% para la biomasa, 4% para la cogeneración, 3% para la minihidráulica, 13% para la termosolar, 11% para la energía eólica y un 19% para la fotovoltaica, la más castigada.
Con estas subidas, el Ministerio de Industria espera alcanzar unos ingresos de 950 millones de euros que deberían servir para cumplir con el calendario de reducción de déficit de tarifa.
La subida impositiva a la fotovoltaica resulta especialmente grave para los megaproyectos presentados recientemente en la región que buscan en estos momentos financiación internacional. Aunque ya tenían asumido que no iban a contar con primas a la producción, la subida impositiva reducirá sus márgenes de beneficios y puede complicar la llegada de grandes inversores que están perplejos ante los contínuos cambios legales al sector. Otro tanto ocurre con los proyectos termosolares en marcha, incluso con los que cuentan con preasignación del Ministerio, y que tienen grandes grupos internacionales financiándolos.
Sin embargo, el efecto más dañino para Extremadura vendrá dado por un impuesto añadido que el Ministerio de Industria pretende cobrar a las nucleares como canon de residuos de 10 euros/Mw que supondría unos ingresos para el Estado de 550 millones de euros. Este dinero se destinaría a financiar la construcción del almacén de residuos nucleares.
En el caso de las hidráulicas, el canon adicional será de 15 euros/Mw para recaudar 400 millones de euros. Tanto Iberdrola como Endesa son las empresas con más intereses energéticos en la región, tanto en la Central Nuclear de Almaraz como en las centrales hidroeléctricas.
Está por ver cómo se complementan estas medidas por las anunciadas por el Gobierno de Extremadura semanas atrás para incluir nuevos impuestos a las centrales hidroeléctricas de la región, cuya legalidad estaba en estudio.
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