MERCADO ELÉCTRICO
El mayor fabricante de Pimentón de la Vera entra en el negocio de las energías renovables en Losar de la Vera
El negocio de las energías renovables ha atraído a numerosas empresas de sectores ajenos al de la energía en Extremadura que vieron una oportunidad para diversificar su actividad. Uno de los mayores comercializadores de pimentón de la Vera y de higos de Extremadura, el Grupo Sanmel que también es propietario de la empresa Productos Biovera S.L. ha creado la empresa Energía Renovables Losareñas S.L.
El grupo de empresas, que tiene su sede en la localidad cacereña de Losar de la Vera, es propiedad de la familia Sánchez Rodríguez y recientemente ha renovado el control de sus empresas para pasar de la figura de administrador único a la del consejo de administración. En el caso de la filial de renovables de la firma, que tiene por objeto social la producción y distribución de energía, el nuevo presidente es Roberto Sánchez Rodríguez.
En el caso de Sanmel S.L., la empresa dedicada a la elaboración de pimentón de la Vera con la marca El Rey de la Vera, el nuevo presidente es Iván Sánchez Rodríguez. Mientras, Productos Biovera S.L., centrada en la producción y venta de higos secos y sus derivados con la marca Dama de la Vera, la presidente será Olga Sánchez Rodríguez.
La familia propietaria de Sanmel S.L. lleva varias generaciones en el negocio del pimentón de le Vera, siendo actualmente unas de las empresas de la Denominación de Origen que más exporta, a destinos tan lejanos como Estados Unidos o Rusia.
En marzo del 2006 inauguró su nueva fábrica con dos líneas de producción diferenciadas -pimentón ahumado en leña de encima o secado al sol- en el Polígono Industrial de Losar de la Vera, donde invirtió dos millones de euros.
Tanto en la venta de pimentón como en la de higos secos, Sanmel y Biovera han sido muy activas en la comercialización en grandes superficies, con todo tipo de formatos.
Canal Extremadura saca a concurso su suministro eléctrico con un contrato valorado en 356.000 euros para sus cuatro sedes
La Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU ha ofertado un nuevo contrato de suministro de energía eléctrica por un año renovable. El contrato se realiza por tramitación ordinaria y por procedimiento abierto.
El importe total del proyecto, recogido en el Boletín Oficial de Extremadura, es de 178.000 euros y el valor estimado del contrato de 356.000 euros (la cantidad de dos anualidades). En los criterios de adjudicación prácticamente se prima la oferta económica más ventajosa, que supondrá 95 puntos sobre un total de 100 posibles. El resto de cinco puntos se dará a la oferta que tenga una mejor solución técnica.
Canal Extremadura cuenta actualmente con cinco contratos de suministro eléctrico en la categoría de consumidores no denominados de último recurso. La oferta económica deberá realizarse para cada una de las sedes de la Corporación.
La que más consumo tiene es el CPP de Mérida con un consumo anual estimado de 1.213.472 Kh/año y una potencia contratada de 236 Kw. La segunda sede con mayor consumo es la Cexma-Mérida con 112.077 Kw año y una potencia instalada de 23 Kw. La tercera sería la de Cáceres con 39.292 Kwh año y 14,72 Kw de potencia contratada y la última la de Badajoz con 9.791 Kw año de consumo y una potencia de 30 Kw. La facturación del contrato se realizará de forma mensual y no incluirá el alquiler de los equipos a medida.
Hay que recordar que la Corporación CEXMA ha sufrido recortes en los presupuestos del Gobierno regional que le obligan a buscar un mayor porcentaje de financiación privada vía publicidad y patrocinios, y sobre todo a realizar recorte de gastos corrientes. Entre ellos, el que espera obtener del contrato de suministro eléctrico.
Las garantías exigidas serán del 5% del importante total de la adjudicación una vez que esté confirmada y el licitador estará obligado a mantener su oferta durante un periodo de tres meses.
El gobierno extremeño no aprobará el impuesto hidroeléctrico hasta tener el visto bueno del Ministerio para evitar un recurso de inconstitucionalidad de las eléctricas
La propuesta aprobada en la Asamblea de Extremadura, a instancias del grupo de Izquierda Unida y apoyada por el PP, para crear una Ley de Impuestos Hidroeléctricos que grave a las compañías eléctricas por la producción de energía hidroeléctrica en la región, tendrá un complejo trámite antes de ver la luz. Los responsables del Partido Popular ya aseguraron en el pleno que apoyan esta medida siempre que cumpla con la “legalidad”.
El Gobierno de José Antonio Monago quiere estudiar el planteamiento jurídico de este impuesto ante los Servicios Jurídicos del propio Gobierno regional y ante el Ministerio de Industria para evitar lo ocurrido hace años con el impuesto sobre Producción y Transporte de Energías que incidan en el Medio Ambiente aprobado entonces por el Gobierno del PSOE. El Tribunal Constitucional falló en contra el 13 de junio del 2006 al estimar una cuestión de inconstitucionalidad.
Por aquel entonces, la Junta de Extremadura tuvo que devolver 234,8 millones de euros cobrados como impuestos a entre 1998 y 2005 a 11 empresas eléctricas que operaban en la región, algunos de cuyos pagos aún se abonarán durante este año 2012. El impuesto fue posteriormente modificado por el PSOE, quien no ha mostrado su apoyo al nuevo impuesto hidroeléctrico al considerar que ya se grava la producción energética con aquel otro impuesto.
El propio Partido Popular por aquel entonces, a través de la que hoy es la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente consideró que el impuesto ecológico a las eléctricas tenía visos de “inconstitucionalidad”. Ahora, el Grupo Popular en la Asamblea ha planteado una enmienda en la que planteaba que antes de poner en marcha dicho impuesto se contara con el dictamen favorable del Consejo Consultivo “y siempre dentro de un marco de diálogo con el Gobierno central con objeto de establecer los hábitos competenciales de cada una de las administraciones».
Según las estimaciones realizadas por el responsable de IU en Extremadura Pedro Escobar, si se aplicase un cobro de dos céntimos por kilowatio a las eléctricas se podrían recaudar en la comunidad «54 millones de euros”. Para el PSOE, ya existe un “impuesto ecológico que grava la producción, almacenaje y distribución de la energía de origen termonuclear” por lo que hacerlo dos veces sobre el mismo “hecho sería ilegal”.
Según los datos de Red Eléctrica Española de los últimos años, Extremadura es la cuarta productora española de energía hidroeléctrica y cuenta con una potencia instalada de 2.292 MW, donde destacan seis grandes centrales hidráulicas: Gabriel y Galán, Torrejón, J.M. de Oriol, Valdecañas, Cedillo y Cíjara.
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