Galicia es la primera comunidad que quiere obligar a su sector eléctrico a vender parte de su producción a empresas regionales mediante PPAs
Desde muchos ámbitos del sector empresarial extremeño, incluido algunas de sus asociaciones empresariales, se ha defendido durante años que el tejido empresarial regional debería tener más ventajas en el suministro eléctrico debido a la alta producción de la Comunidad de Extremadura en relación a su demanda. Incluso con tarifas más ajustadas debido a la cercanía de la producción a su consumo. Peticiones que cayeron en el saco roto de las diferentes administraciones por sus dificultades regulatorias sobre todo a nivel de competencia, tanto a nivel europeo como estatal.
Ahora ha sido una comunidad autónoma, la gallega, la que ha presentado una singular propuesta que obligaría a los parques eólicos gallegos -entre los de mayor producción de España- a vender el 50% de la energía que generen a pymes empresas gallegas mediante contratos de PPAs. Un PPA (Power Purchase Agreement) es un acuerdo o contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor.
Galicia cuenta con 3.874 MW instalados (183 parques eólicos), de los cuales 2.007 MW (86 parques) cuentan con 20 años o más de antigüedad y podrían verse obligados a ser repotenciados por una nueva legislación que también se promueve desde la Xunta de Galicia.
Dicha propuesta ha sido tajantemente rechazada por el sector eólico a través de su asociación más importante, AEE. “La nueva propuesta de la Xunta de Galicia consiste en obligar a los parques eólicos gallegos a vender el 50% de su electricidad a las pymes y empresas gallegas mediante PPAs. Esta propuesta va en contra de la legislación del mercado eléctrico de la Unión Europea, de la normativa de competencia y de la Ley del sector eléctrico. Cualquier intervención de un mercado liberalizado es un ataque a los derechos fundamentales que rigen en la propia comunidad autónoma gallega, en España y Europa”, aseguran desde la Asociación Empresarial Eólica.
Según la AEE, “esta propuesta que obligaría a los promotores eólicos a vender el 50% de su energía a las pymes y empresas gallegas vulnera la normativa de competencia y de libre mercado y traería consecuencias negativas para el desarrollo económico de la región, pudiendo incluso incrementar el precio de la electricidad para los consumidores. La medida, de prosperar, implicará sanciones internacionales y activaría arbitrajes internacionales”.
Además, «la medida obligaría a romper los contratos que los promotores hubieran firmado ya con consumidores, generando una judicialización en todo el sector. Hay empresas que ya tienen toda su energía comprometida mediante PPAs con industriales hasta más allá de 2030”, según la AEE.
Para la Asociación Empresarial Eólica, “uno de los efectos de esta nueva iniciativa de la Xunta -al imponer vender el 50% de la energía generada a un determinado colectivo- sería una distorsión en la fijación de precios del mercado, lo que terminaría perjudicando a otros consumidores domésticos o industriales. Esta iniciativa, además de paralizar las inversiones en Galicia de los promotores, podría terminar encareciendo la energía eléctrica para un conjunto de la población”.
