La mayor industria de ladrillos de Extremadura amplía su planta de cogeneración hasta 6,82 MW

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Los proyectos de cogeneración siguen sumando megawatios en Extremadura. El último de ellos es la ampliación de la planta de cogeneración con la que cuenta la empresa Cerámica Tabicesa SAU, el mayor fabricante de ladrillos en la región, en la localidad pacense de Valdivia.

El proyecto para ampliar 1 MW de potencia ha logrado ya la autorización ambiental unificada por parte del Gobierno de Extremadura, con lo que la potenciar real de la planta pasa a ser de 6,82 MW y de 18.774 MW térmicos. La inversión prevista en conseguir el aumento de potencia instalada es de 314.000 euros.

Además de cubrir la demanda eléctrica del secado de la industria, que en los años del boom constructor, fue una de las más activas del suroeste español, también se utiliza para la exportación de energía a la red. “La energía térmica se utiliza para cubrir la demanda eléctrica del secadero de la instalación de Cerámica Tabicesa -explica la autorización ambiental- en forma de aire caliente y la demanda de la fase de extrusionado en forma de vapor de agua procedente de las calderas de vapor de agua procedente de la caldera de vapor”. Todo ello asociado a los motores de cogeneración de Futucer S.L., la empresa propietaria de la instalación.

Según datos de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Extremadura dispone de una potencia instalada superior a 15 Mw de potencia, que ha supuesto una inversión superior a los 15 millones de euros. Esta cifra supondría en torno al 2% del consumo eléctrico regional, lejos del 7% que suponen de media en el consumo español.

El Cluster de la Energía asegura que los ayuntamientos extremeños dejaran de ingresar 105 millones de euros por el parón eólico

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Extremadura, junto con la Comunidad de Madrid, son las dos únicas comunidades autónomas que se han quedado fuera del mapa eólico español. En el caso extremeño, cuando ya tenía apunto todos los trámites administrativos medioambientales del Gobierno regional crear 97 parques con una potencia prevista de 1.691 megawatios. La moratoria a las primas decretada por el Ministerio de Industria ha parado en seco los planes de las empresas propietarias de las autorizaciones.

Según los datos del Cluster de la Energía de Extremadura, que agrupa a varias de ellas, la región podría perder hasta 5.500 empleos y dejar de ingresar hasta 2.200 millones de euros por este parón al sector eólico. Estas inversiones contemplan tanto la ejecución como la puesta en marcha de dichas instalaciones. Entre las empresas que lograron mayor número de parques y megawatios de potencia en el concurso extremeño, que ha atravesado por diferentes vaivenes normativos en los últimos años, destacan Iberdrola, Sacyr Vallehermoso a través de Valoriza y Gas Natural Fenosa.

Otro punto a destacar por el Cluster de la Energía de Extremadura es que los ayuntamientos en cuyos términos municipales se iban a ubicar los 97 parques eólicos dejarán de ingresar hasta 105 millones de euros en diferentes impuestos, desde cánones hasta el IBI especial hasta la tramitación de licencias de obra. Por ello, desde el Cluster de la Energía se insta al Gobierno central a poner fin a la moratoria “lo antes posible”.

A nivel nacional, las tres regiones más afectadas por la supresión de las primas a las nuevas eólicas han sido Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha, las tres que disponen de mayor potencia en megawatios eólicos instalada y las que tenían un mayor número de proyectos en lista de espera.

Foto: SXC

El Tribunal Supremo avala que las eléctricas no paguen solas el “bono social”, que tienen más de 110.000 clientes en Extremadura

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Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha declarado que no se puede obligar a las grandes empresas de generación de energía eléctrica a financiar el bono social como hasta ahora.

El bono social, que permite la congelación del precio de la luz para clientes con pensiones mínimas, familias numerosas, que cuenten con todos sus miembros en paro o que tengan una potencia contratada inferior a 3 Kilovatios, afecta en Extremadura en torno a 110.000 clientes eléctricos. De este total, en torno a 94.000 son clientes de Endesa e Iberdrola, las dos gran compañías que operan en el mercado extremeño. Esta última es la compañía con más clientes con bono social en la región.

La sentencia no pone en cuestión la existencia ni la utilidad de este bono social sino tan sólo su financiación al considerar el sistema actual vigente como “discriminatorio y no transparente”. Pese a los planes iniciales del año 2009 que cifraban en 11 millones de hogares los que se podrían acoger al bono social, la realidad es que sólo se han beneficiado de él en torno a 3 millones de hogares. La congelación del precio de la luz a este colectivo mediante el bono social tiene un coste económico de más de 300 millones de euros.

La gran mayoría de los clientes acogidos al bono social en Extremadura, en torno al 70%, ni tan siquiera tuvieron que reclamarlo a sus compañías porque al tener una potencia contratada inferior a 3 kilowatios entraban dentro del colectivo beneficiado de forma automática.

Con el actual modelo vigente el número de perceptores del bono social podría crecer de forma significativa en la región provocado por la fuerte subida del paro y del número de hogares que en los dos últimos años han visto como todos sus miembros se quedaban sin empleo.

Según la sentencia del Supremo, la financiación del llamado bono social no debe recaer sólo sobre las empresas de generación eléctrica sino sobre todos los sectores que intervienen en el sistema -generación, transporte y distribución- o incluso con cargo al presupuesto estatal al tratarse de una “ayuda social”. Uno de magistrados de la sala sí considera que el actual modelo no va ni contra el derecho comunitario ni contra la Constitución.

Ahora será la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la que evalúe el total de perceptores del bono social y su coste definitivo para aportar alternativas a su financiación.

Foto: Endesa

La facturación agrupada de las termosolares extremeñas sería de 900 millones de euros al año

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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha remitido al Ministerio de Industria un informe no vinculante con distintas medidas para intentar reducir el déficit eléctrico entre las que destaca subidas de entre el 8 y el 10% en los peajes de acceso –claves en el recibo eléctrico- y subidas en el precio de la luz en dos años. Pero también defiende la “laminación de las subvenciones a las centrales termosolares” y limitar al 5% el uso que hagan estas plantas del gas en las horas de no radiación. Extremadura, con 19 plantas termosolares entre operativas, en construcción y preasignadas, sería una de las regiones más afectadas de cumplirse estas recomendaciones.

Luis Crespo, secretario general de Protermosolar, la asociación que agrupa a las grandes empresas del sector, opina sobre el impacto que tendría para la economía regional.

“Tenemos la confianza de que en el Gobierno prevalecerán otras consideraciones distintas a las sesgadas propuestas de la CNE, las cuales tendrían un especial impacto negativo en Extremadura. Nos parecería inconcebible que ese tipo de decisiones se pudieran adoptar sin una profunda discusión con la industria y, por ello, ofrecemos al Ministerio nuestra disposición al diálogo con un sector que emplea a 24000 personas, que está efectuando inversiones por 15000 millones de euros y que en su estructura de capital tiene un 30% de participación extranjera.

Además podemos ser la bandera tecnológica de la “Marca España” y todo esto podía tirarlo por la borda unas medidas como las sugeridas por la CNE, además de organizar un monumental lío con las instituciones financieras nacionales, comunitarias y extranjeras que están financiando las centrales y que no entenderían los cambios propuestos de retribución.

Esas medidas reflejadas en el informe de la CNE afectarían a todas las centrales pero, en particular, las de diferimiento de pago de primas, tendrían un impacto particularmente grave en los proyectos en construcción y no hay que olvidar que es Extremadura la región con mayor proporción de proyectos en construcción frente a los aprobados en el Registro.

De construirse y continuar en operación las 19 centrales con preasignación en Extremadura estaríamos hablando de un sector que tendría cerca de 1000 empleos fijos ya que cada central tiene 35 contratados en plantilla más un equivalente de unos 15 subcontratados permanentes para distintas labores. De no interrumpirse la operación de las centrales la facturación agrupada sería de unos 900 millones de euros al año y todas las centrales termosolares tienen su sede social en Extremadura. Además, en cada una de las centrales en construcción están trabajando diariamente entre 300 y 500 personas, en función de su estado, de los que una buena parte son extremeños.

Recientemente hemos conocido las últimas estadísticas de EUROSTAT que desgraciadamente sitúan a Extremadura en la cola de las regiones españolas en PIB per cápita. Pero no es sólo el presente por lo que Extremadura debe confiar en las centrales termosolares para contribuir a su convergencia económica con otras regiones de España, es precisamente el futuro por el que tanto nuestro país como la Unión Europea tendrán que apostar en su objetivo de alcanzar una generación eléctrica libre de emisiones, para lo que harán falta tecnologías gestionables como la termosolar y, aunque en menor medida por su potencial, también la biomasa que son las únicas que no necesitarán del respaldo de los ciclos combinados que emiten CO2 y cuya electricidad cada día será más cara.

A medida que nos vayamos acercando al 2020, esta oportunidad para Extremadura, si continua apoyando decididamente las centrales termosolares como hasta ahora, tendrá más valor al comenzar a ser necesarios los mecanismos de flexibilidad que permitirán que las inversiones o las primas a la generación en nuestro país sean soportadas por otros Estados Miembros de acuerdo a lo que se establece en la Directiva de Renovables de la U.E.

Estamos seguros que Extremadura no dejará pasar esta oportunidad histórica y seguirá apostando por el futuro sin dejarse arrastrar por los cantos de sirena de quienes opuestos al desarrollo de la termosolar ofrecerían cualquier cosa a pesar del perjuicio que causarían al desarrollo de la Región”, asegura Luis Crespo, secretario general de Protermosolar.

La Fundación Iberdrola convoca la tercera edición de su programa “Energía para la Solidaridad”

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La Fundación IBERDROLA ha convocado la tercera edición de su programa de ayudas sociales Energía para la Solidaridad, cuyo objetivo es contribuir al bienestar y la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión. Estas ayudas, de las que ya se han beneficiado 113 instituciones, buscan favorecer la cobertura de necesidades básicas y la integración social y laboral de los sectores de población más vulnerables y contribuir a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, así como impulsar otros proyectos de interés alineados con los fines de la Fundación y la estrategia de Responsabilidad Social del Grupo Iberdrola.

Cabe recordar que el año pasado, en la segunda edición del programa, la Fundación colaboró con 2 organizaciones de Extremadura; la Fundación Academia Europea de Yuste, ubicada en Cáceres, a la que se ayudó a desarrollar un proyecto sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad; y la asociación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en Badajoz, para su comedor social Virgen de la Acogida.

La Fundación Iberdrola valorará tres tipos de proyectos. En primer lugar, aquéllos que tengan como objetivo luchar contra la pobreza y la exclusión social, atendiendo a los siguientes colectivos: parados de larga duración, niños, jóvenes o personas mayores en situación de desamparo, víctimas de la violencia de género, inmigrantes, personas con discapacidad, personas con altas capacidades sin adecuado tratamiento, personas con enfermedades graves o degenerativas, personas con adicciones y, en general, aquéllas con dificultades para cubrir aspectos básicos de la vida cotidiana.

En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellas iniciativas cuyo objetivo sea proteger el medio ambiente y la reducción de emisiones de CO2, a través de la implicación de alguno de los colectivos enunciados anteriormente. En este sentido, los proyectos deberán girar en torno a la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales, la apuesta por el desarrollo sostenible mediante el uso de energías renovables y la gestión eficiente de recursos y residuos, así como la generación de empleos verdes para personas en riesgo de exclusión.

En tercer lugar, la Fundación Iberdrola valorará proyectos asistenciales o socioeducativos de interés por su contribución a la calidad de vida de las personas.

El programa Energía para la Solidaridad está abierto a entidades privadas sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, que persigan fines de interés general. Los solicitantes podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 9 de abril.

Los interesados pueden obtener toda la información necesaria la web: www.fundacioniberdrola.org. Las iniciativas beneficiadas por el programa deberán llevarse a cabo en España, dentro del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, con un plazo máximo de ejecución de un año.

“La mentalidad de las grandes cooperativas agrarias sobre la biomasa tiene que cambiar”

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Ignacio García Gamero
Colaborador del Plan de Bioenergía de Extremadura (PBEX)

El sector de la biomasa quiere ganar el protagonismo que le corresponde en Extremadura. Para ello, el Cluster de la Energía de Extremadura en colaboración con el Gobierno de Extremadura y con la Agencia de la Energía de Extremadura (Agenex) está elaborando el Plan de Bioenergía de Extremadura (PBEX) que pretende aportar medidas concretas y eficaces para el desarrollo de la biomasa como sector estratégico para la región.

Uno de los impulsores y encargados de coordinar dicho Plan es Ignacio García Gamero, dedicado al sector de la biomasa desde hace más de siete años y uno de los pioneros en este sector en la región. Para poder arrancar con el desarrollo del Plan se ha contado con la ayuda del SEXPE, dado el importante papel dinamizador de empleo que la biomasa puede tener en las zonas rurales de la región.

A finales de marzo tendrán lugar durante tres días en Mérida varias mesas de trabajo con destacados profesionales del sector de la biomasa de toda España para aportar ideas, compartir experiencias de éxito y soluciones prácticas. “La biomasa en Extremadura debe pasar a la acción de forma sensata y sostenible –asegura Ignacio García Gamero- y es una tarea de todos conseguirlo: empresas privadas, Administración, grandes cooperativas agrarias. Creo que el Gobierno de Extremadura, por medio de su Director General de la Energía, así lo ha entendido. La biomasa puede ofrecer importantes ahorros, ser sostenible en el tiempo sin ayudas y además permite crear empleo en zonas rurales que lo necesitan”.

Durante muchos años, Ignacio García Gamero lleva hablando con empresas y cooperativas para dinamizar el sector de la biomasa en la región, que por sus características tiene un gran potencial tanto desde el punto de vista agrario como forestal.

“El problema de la biomasa es que existe una gran desconocimiento en torno a ella. Por eso es importante que la iniciativa pública y la privada vayan de la mano en este tema. Y sobre todo, no acostumbrarse a la subvención para no caer en los errores de otras energías renovables. Las ayudas sólo deben ser necesarias en una etapa inicial”. Para conseguirlo, el Plan de Bioenergía de Extremadura (PBEX) prestará especial atención a las empresas de logística y suministro de la materia prima, a la de los cultivos energéticos y también a las empresas de servicios energéticos y a todos los elementos de la cadena de valor de la biomasa.

Para conseguir que el desarrollo de la biomasa como sector económico y medioambiental tenga éxito en Extremadura, Ignacio García Gamero cree que el papel de las grandes cooperativas agrarias es esencial. “La mentalidad del campo y de las cooperativas tiene que cambiar -asegura-. No se puede pensar en la biomasa como una actividad con la que voy a sacar muchos beneficios sino como una actividad complementaria que les permitirá ahorrar energía, sacar una cierta rentabilidad y sobre todo, dar empleo en su zona de acción. Para ello deberían dedicar parte de sus campos a producción de energía, para ofrecer lo que el mercado demanda y no estar sólo pendientes de Bruselas”.

El ejemplo de Tierra de Barros, una zona con una de las mayores densidades de viñedo y olivar de España, es significativo. Cada año, según las estimaciones de Ignacio García Gamero, se dejan de utilizar para biomasa unos 100 millones de kilos de restos de poda de sarmientos y olivar, lo que significaría un ahorro en combustible de unos 33 millones de euros.

El PBEX también cuantificará los ahorros que se podrían conseguir con el uso de la biomasa en los más de mil centros asistenciales de residencias de ancianos, centros educativos, piscinas climatizadas… que existen en la región. “El Plan de Bioenergía de Extremadura va a contener medidas concretas y viables económicamente para que de una vez por todas la biomasa sea protagonista en Extremadura”.

Extremadura no matriculó ningún coche eléctrico en el 2011

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La puesta en marcha de la cadena de montaje del Twizy –12 vehículos a la hora y 96 por turno- el primer coche eléctrico íntegramente fabricado en España que ya produce Renault en su factoría de Valladolid, puede ser el empujón definitivo a la comercialización del coche eléctrico en España.

Porque las cifras de ventas están muy lejanas a las previsiones que en su día realizó el Ministerio de Industria dentro de su Plan MOVELE de fomento del coche eléctrico. Incluso en regiones como Extremadura, todavía no se ha estrenado.

Según un informe del Instituto de Estudios de Automoción (IEA), el pasado año se matricularon en toda España 375 coches eléctricos, la gran mayoría para flotas de empresas e instituciones públicas. Pese a aumentar sus ventas en un 443% en relación a las cifras del 2010, esta cantidad está muy lejos de los 20.000 vehículos que preveía el Ministerio de Industria para esta fecha.

Extremadura fue junto con La Rioja la única comunidad autónoma donde no se matriculó ningún coche eléctrico en el 2011. En otras cuatro regiones –Canarias, Navarra, Murcia y Cantabria- sólo se matricularon uno. Madrid con 149 vehículos, Cataluña con 56 y Andalucía con 22 fueron las que más coches eléctricos demandaron.

Actualmente la venta de coches eléctricos no supone ni el 0,07% del total del parque de vehículos que se vende cada año. Lo que sí aumentó de forma considerable el pasado año fue la venta de coches híbridos. En algunas ciudades, el uso de coches híbridos ya supone más del 50% en el colectivo de taxistas.

Para incentivar su compra en Extremadura, la Junta dispuso el año pasado de una línea de ayudas de 300.000 euros, en colaboración con el IDAE, válidas hasta el 15 de septiembre del 2011. Con ellas, tanto particulares como empresas, cooperativas y ayuntamientos podrían comprar con ayuda vehículos híbridos con batería de hasta 3.500 kilos, y aquellos otros que funcionen con gas natural.

Otra de las claves para comprobar hasta qué punto puede arrancar el coche eléctrico en España es el precio venta público que tendrán este tipo de vehículos una vez que se comiencen a fabricar en España y no tengan que ser importados. Varias multinacionales chinas del sector de la automoción ya han manifestado su interés por fabricar sus modelos en el mercado español, una de ellas en Galicia.