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HIDROELÉCTRICA, MERCADO ELÉCTRICO

El gobierno extremeño no aprobará el impuesto hidroeléctrico hasta tener el visto bueno del Ministerio para evitar un recurso de inconstitucionalidad de las eléctricas

La propuesta aprobada en la Asamblea de Extremadura, a instancias del grupo de Izquierda Unida y apoyada por el PP, para crear una Ley de Impuestos Hidroeléctricos que grave a las compañías eléctricas por la producción de energía hidroeléctrica en la región, tendrá un complejo trámite antes de ver la luz. Los responsables del Partido Popular ya aseguraron en el pleno que apoyan esta medida siempre que cumpla con la “legalidad”.

El Gobierno de José Antonio Monago quiere estudiar el planteamiento jurídico de este impuesto ante los Servicios Jurídicos del propio Gobierno regional y ante el Ministerio de Industria para evitar lo ocurrido hace años con el impuesto sobre Producción y Transporte de Energías que incidan en el Medio Ambiente aprobado entonces por el Gobierno del PSOE. El  Tribunal Constitucional falló en contra el 13 de junio del 2006 al estimar una cuestión de inconstitucionalidad.

Por aquel entonces, la Junta de Extremadura tuvo que devolver 234,8 millones de euros cobrados como impuestos a entre 1998 y 2005 a 11 empresas eléctricas que operaban en la región, algunos de cuyos pagos aún se abonarán durante este año 2012. El impuesto fue posteriormente modificado por el PSOE, quien no ha mostrado su apoyo al nuevo impuesto hidroeléctrico al considerar que ya se grava la producción energética con aquel otro impuesto.

El propio Partido Popular por aquel entonces, a través de la que hoy es la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente consideró que el impuesto ecológico a las eléctricas tenía visos de “inconstitucionalidad”. Ahora, el Grupo Popular en la Asamblea ha planteado una enmienda en la que planteaba que antes de poner en marcha dicho impuesto se contara con el dictamen favorable del Consejo Consultivo “y siempre dentro de un marco de diálogo con el Gobierno central con objeto de establecer los hábitos competenciales de cada una de las administraciones”.

Según las estimaciones realizadas por el responsable de IU en Extremadura Pedro Escobar,  si se aplicase un cobro de dos céntimos por kilowatio a las eléctricas se podrían recaudar en la comunidad “54 millones de euros”. Para el PSOE, ya existe un “impuesto ecológico que grava la producción, almacenaje y distribución de la energía de origen termonuclear” por lo que hacerlo dos veces sobre el mismo “hecho sería ilegal”.

Según los datos de Red Eléctrica Española de los últimos años, Extremadura es la cuarta productora española de energía hidroeléctrica y cuenta con una potencia instalada de 2.292 MW, donde destacan seis grandes centrales hidráulicas: Gabriel y Galán, Torrejón, J.M. de Oriol, Valdecañas, Cedillo y Cíjara.

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